Por Instituto Tricontinental, Resumen Latinoamericano, 14 marzo 2020
Observatorio de la Coyuntura en América Latina y el Caribe
Informe N°5 – Enero/febrero 2020
Índice
- La disputa en el plano electoral y sobre sus condiciones
- Las elecciones parlamentarias de enero en Perú
- Se angosta el camino hacia las elecciones de mayo en Bolivia
- Elecciones municipales en Costa Rica
- Peleas en las filas opositoras hacia las elecciones parlamentarias en Venezuela
- Suspensión y nueva fecha para elecciones municipales en República Dominicana
- Chile hacia una nueva Constitución
- Luchas sociales y respuestas autoritarias
- El golpe de Bukele al Parlamento en El Salvador
- La lucha de las caravanas de migrantes en Mesoamérica
- Entre los ecos del Paro Nacional y el récord de asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia
- Persecución y resistencias de la oposición social y política en el Ecuador
- Movilización y represión en Chile
- Entre el fin del Parlamento y las nuevas protestas en Haití
- Puerto Rico: sismos y movilizaciones ante falta de asistencia a damnificados
- Limitan el derecho a huelga en Costa Rica
- «Se acabó el recreo» en Uruguay: Mano dura y más poder militar
- Brasil bajo Bolsonaro: informe especial
- Intervención imperialista e integración regional
- Venezuela, entre la amenaza militar y el cerco económico
- Trump aprieta el bloqueo sobre Cuba
- Ecuador como «Puerta a los Andes» para Estados Unidos.
- Proyecto de seguridad en Panamá orientado por Estados Unidos
- Debates en los organismos supranacionales
- En perspectiva
- Argentina y la renegociación de la deuda
- Cambio político en Uruguay
- Paraguay: Itaipú, causa nacional
- Hacia las elecciones presidenciales en EE.UU.
Introducción
El
presente informe aborda el examen de los principales hechos acontecidos
en América Latina y el Caribe durante estos primeros meses de enero y
febrero de 2020. Para ello, recupera los ejes de análisis que orientaron
los informes durante el pasado año, particularmente el correspondiente
al mes de diciembre donde propusimos, en cierta medida, un balance del
2019. En este sentido, a continuación nos referimos a los siguientes
temas: a) las características que adopta la ofensiva neoliberal y su
paquete de contrarreformas en estos meses; b) reseñamos algunas de las
acciones de los movimientos populares y las expresiones de la crisis de
legitimidad que cuestionan hoy a estas políticas; c) analizamos las
formas en las que se despliega la respuesta autoritaria frente a esta
pérdida de legitimidad; así como finalmente, d) examinamos las
principales intervenciones del imperialismo estadounidense en diferentes
países y a nivel regional en el periodo estudiado. El análisis de estas
tendencias ordena la estructura del informe1.
Por
otra parte, en este periodo se destaca la importancia regional que
adquieren las contiendas electorales que, por diferentes razones y
ciertamente a disgusto de la razón neoliberal, aparecen aún como el
instrumento más legítimo para procesar los conflictos y tensiones
reseñados anteriormente. De tal manera, tanto el gobierno de Piñera en
Chile como el golpe en Bolivia se ven obligados a convocar a elecciones
aunque simultáneamente se conculcan o se busca restringir las libertades
y derechos democráticos. Estos procesos son justamente examinados en el
primer punto de este informe.
Finalmente,
en esta ocasión, tenemos el gusto de sumar una sección dedicada a
examinar lo que está sucediendo en Brasil que fue preparada por la
Oficina del Instituto Tricontinental en ese país a quien agradecemos.
Como siempre, más allá de disculparnos por la extensión, esperamos que
estas páginas sean útiles a quienes están comprometidos con la
emancipación social, así como damos la bienvenida a todo comentario,
sugerencia o crítica que despierten.
Foto: CELAG
La disputa en el plano electoral y sobre sus condiciones
Las elecciones parlamentarias de enero en Perú
Producto
del cierre del Congreso en septiembre de 2019, que analizamos en
informes anteriores, finalmente este 26 de enero se desarrollaron las
elecciones parlamentarias como una vía para solventar la tensión que se
presentó entre el Ejecutivo y el Legislativo clausurado. La elección,
con 130 nuevos congresistas reconfiguró la correlación de fuerzas
surgida de las votaciones precedentes del 2016.
Con una participación menor que en 2016, el
74,7% de los votantes habilitados acudió a las urnas, cambiando el mapa
político al interior del Congreso. Las mayorías consolidadas de los
partidos tradicionales, descendieron en su representatividad, y
emergieron nuevos partidos con representación congresal. Así, de los
seis partidos con presencia desde 2016, se pasó a nueve.
Más
que hablar de grandes ganadores producto de la elección, es posible
referirse a aquellos partidos que perdieron de manera importante su
representación. Respecto al mapa parlamentario, Fuerza Popular, partido
del fujimorismo, pasó de ser la primera fuerza del Congreso en 2016 a
ser actualmente la cuarta, con un 7% de los votos, que implica pasar de
73 escaños a 15, descenso atribuido especialmente a los escándalos de
corrupción que protagonizó y que ocasionó las movilizaciones populares
por el cierre del Congreso.
El
tercer puesto fue para el FREPAP, partido sorpresa de estas elecciones
con el 8% y que logra igualmente 15 bancas. Respecto del FREPAP es
importante mencionar que es la expresión político electoral de la
Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal,
una comunidad israelita evangélica de corte profundamente conservador y
nacionalista que tenía como objetivo llegar al Congreso para consolidar
un espacio más para la difusión de su doctrina. En su primera elección
logra ser la tercera fuerza política del Congreso y proyectar una
posible participación en las elecciones presidenciales del 2021 con su
líder espiritual y candidato natural Jonás Atacusi —hijo del fundador
Ezequiel Atacusi, fallecido en el 2000 — , quien en términos de campaña
utiliza la característica religiosa y originaria como garantía de
anticorrupción.
Las
representaciones mayoritarias se adjudicaron a Alianza Popular (25) y
Alianza para el Progreso (22), partidos con gran presencia territorial.
Sin embargo, ni aunque las votaciones de ambas bancadas se sumaran para
la aprobación o rechazo de alguna ley serían mayoría, ya que no podrían
llegar a los 66 votos. Esto abre la posibilidad de que para adelantar
cualquier proyecto de ley sea necesaria la alianza de estas con otras
fuerzas, por lo que pueden ser importantes los votos que sumarían los
congresistas del FREPAP, especialmente ante la reforma política que
busca votarse antes del domingo 11 de abril, que podría modificar los
reglamentos para las elecciones presidenciales del 2021, y que va a
tener poco tiempo de preparación, ya que la fecha donde asume el nuevo
congreso es la primera quincena de marzo.
Finalmente,
dos datos que nos parecen importantes. El primero, la desaparición de
la representación congresal del partido APRA, del ex presidente Alan
García, que obtuvo solamente un 2% de los votos. Y el segundo, el
insuficiente desempeño de las fuerzas de centro, populares o de
izquierda en los comicios, que, aunque se sumaran los votos de los
sectores propiamente de izquierda como el Frente Amplio (9), con los
votos de las fuerzas del centro liberal de Somos Perú o el Partido
Morado no alcanzarían el número suficiente para lograr cualquier
mayoría. Juntos por el Perú, alianza protagonizada por el Nuevo Perú de
Verónika Mendoza, no logró ingresar al Congreso al obtener un 4,8% de
los votos.
Se angosta el camino hacia las elecciones de mayo en Bolivia
Luego
del golpe de Estado concretado en noviembre de 2019, los principales
acontecimientos de enero y febrero de 2020 tuvieron que ver con los
preparativos hacia las elecciones generales del 3 de mayo.
Sin
margen para mantenerse en el poder sin votos, la estrategia del bloque
derechista se orientó a legitimar el golpe a través de unas elecciones
donde el MAS-IPSP concurra en las peores condiciones posibles. En este
sentido hay que destacar en el período que va de diciembre a febrero la
conformación de un nuevo Tribunal Electoral, el cierre de más de 50
radios comunitarias — que se suma a la
salida del aire de los canales de televisión teleSUR y RT— y el acoso
judicial a militantes y dirigentes del partido de Evo Morales.
Sumado a los conocidos episodios de represión —donde destacan las
masacres de Sacaba y Senkata — , la persecución es de tal magnitud que
llevó al enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Bolivia y más tarde a la propia Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, la expresidente chilena Michelle Bachelet,
a expresar su preocupación. Pese a todo, la dictadura no solo avanza en
el encarcelamiento y el acoso judicial a dirigentes masistas, sino que
además concretó la anunciada proscripción electoral del derrocado
presidente Evo Morales, incluso impugnando su candidatura a senador.
En
este marco, el MAS-IPSP oficializó las candidaturas a presidente y
vicepresidente del exministro de Economía Luis Arce y del excanciller
David Choquehuanca, respectivamente. Inicialmente, esta postulación fue
resistida por los movimientos populares que conforman el Pacto de
Unidad, quienes promovían a Choquehuanca como candidato a presidente.
Sin embargo, finalmente las organizaciones del MAS cerraron filas en
torno a la candidatura de Arce. En el marco de la campaña electoral, y
en medio de amenazas contra su propia libertad, el candidato a
presidente insistió en apuntar al modelo económico del gobierno de facto
como el principal elemento de diferenciación y señaló que el negocio
por la explotación del litio está detrás del golpe.
Mientras
tanto, los sectores derechistas, unidos estratégicamente en el golpe
contra Evo, no lograron articular una candidatura de unidad y al cierre
de listas presentaron un panorama de sorprendente fragmentación. A las
esperables candidaturas de Carlos Mesa, del cívico cruceño Luis Fernando
Camacho y del pastor evangelista de origen coreano Chi Hyun Chung
(tercero en la elección de octubre) se sumaron las del expresidente
Jorge «Tuto» Quiroga y de la autojuramentada presidenta Jeanine Añez,
que representó una sorpresa para quienes hasta entonces eran sus
aliados.
De
acuerdo a las primeras encuestas conocidas poco después de la
oficialización de las candidaturas, hasta el momento la fórmula del
MAS-IPSP aparece en posición de liderazgo, reteniendo un apoyo
importante. Según los sondeos, detrás de Arce aparecen Mesa y Añez
disputándose el segundo lugar.
Camacho parece haber perdido fuerza en las últimas semanas, incluso
entre sectores históricamente aliados, que han pasado a respaldar a Añez.
El panorama, de conjunto, ha puesto en alerta a todos los sectores que
adversan al masismo y se alinean con el golpe, por lo que no se descarta
que algún o algunos de los candidatos decline su postulación.
A
dos meses de las elecciones, la situación es incierta. En un análisis
más general, resulta difícil creer que el gobierno norteamericano
permita el triunfo electoral del MAS, tras un cruento golpe que expuso
con crudeza hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores
conservadores, en un contexto de disputa abierta a nivel continental.
Sin embargo, las diferencias políticas que exhibe el bloque derechista y
el apoyo popular al partido que lidera Evo Morales mantienen el
escenario abierto.
Para
sumar más complejidad al bloque golpista, se acumulan los análisis que
sostienen la inexistencia de fraude en las elecciones del 20 de octubre
de 2019. La acusación de fraude, sostenida por la OEA y principal
justificadora del golpe de Estado, ha sido impugnada por diferentes
estudios, el más reciente surgido de una investigación realizada por el
Laboratorio de Datos Electorales y Ciencias del MIT (Massachusetts
Institute of Technologies). En un detallado artículo publicado en el
Washington Post, los investigadores principales sostuvieron que «el
análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían
profundamente defectuosos», señalando además que contactaron al
organismo comandado por Luis Almagro «para que nos haga algún
comentario; (pero) la OEA no respondió». Sin dudas, esto contribuye a golpear la legitimidad de la dictadura, al menos en el frente internacional.
Elecciones municipales en Costa Rica
Costa Rica eligió el pasado 2 de febrero
cargos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de
distrito, intendentes, viceintendente y concejales municipales de
distrito. Estas elecciones municipales expresaron, con un abstencionismo
del 74%, las opciones políticas que representan al pueblo del país
centroamericano.
Como era de esperarse, según diferentes
análisis que mencionamos en informes previos, la política electoral en
Costa Rica se encuentra limitada por la continuación de la tradición
bipartidista: nuevamente el Partido Liberación Nacional (PLN) y el
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se posicionaron como las fuerzas
políticas que consiguieron mayor representación municipal. Lo anterior
no significa que en la contienda electoral no hubieran participado una
diversidad de partidos políticos que se plantean como alternativa al
bipartidismo: de hecho, aumentó la cantidad de fuerzas políticas entre
las que se repartieron los gobiernos locales, de 12 partidos a 19, que
se perfilan hacia adelante como potenciales competidores locales del
bipartidismo. Dos de ellos, los Partidos Restauración Nacional (PRN) y
Nueva República (PNR), vinculados a la tradición neopentecostal,
sorpresivamente no lograron ninguna representación. El Partido de Acción
Ciudadana (PAC), del presidente Carlos Alvarado, demostró una vez más
la debilidad territorial que ya lo había caracterizado.
Los partidos que tienen mayor presencia
territorial son aquellos que continúan fortaleciendo las expresiones de
poder local. PLN pasó de 50 a 41 alcaldías, pero continúa siendo una
fuerza consolidada a nivel nacional. El PUSC aumentó su
representatividad de 14 a 16 alcaldías. El partido de gobierno (PAC)
bajó su representación de 6 a 4 alcaldías. Es importante mencionar que
este partido es el que ha impulsado el proyecto de ley para restringir
el derecho a huelga y además ha llevado adelante una reforma fiscal que
atenta contra los y las trabajadoras. A esto se suma el anuncio de la
Fiscalía de Costa Rica, a fines de febrero, respecto al inicio de una
investigación judicial con orden de allanamiento contra el presidente
Alvarado, por presunta violación a la privacidad de ciudadanos y
ciudadanas.
Peleas en las filas opositoras hacia las elecciones parlamentarias en Venezuela
Como mencionamos en el informe anterior,
durante los primeros días del 2020 ya se vislumbraba la profundización
de la división de la oposición venezolana, tensa entre la representación
que tienen estas fuerzas hacia el interior del país y la que parecen
tener en el exterior. Esto se vio con la división de los partidos de
oposición y la consolidación y avance de acuerdos de la Mesa de
Negociación, un escenario a tener presente al analizar las elecciones
que se proyectan este año en Venezuela.
La primera será la elección de los nuevos
miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para ello se conformó una
Comisión compuesta por las distintas fuerzas políticas: el chavismo, el
sector de oposición que responde a Luis Parra —quien hoy preside
oficialmente la AN — , los diputados aglutinados alrededor de Guaidó y la
sociedad civil. Esta comisión deberá seleccionar los nuevos cinco
integrantes de la CNE, que serán quienes hagan la veeduría de los
comicios parlamentarios.
Según anuncios oficiales, las elecciones a la
Asamblea Nacional deben celebrarse entre noviembre y diciembre del
2020, con el objetivo de lograr la «reinstitucionalización» en 2021.
Estas elecciones son otro elemento de tensión dentro del escenario
opositor, ya que como se logró evidenciar en los primeros días de enero,
las diferentes estrategias para hacerse del poder llegan también al
escenario electoral. El sector que reconoce a Luis Parra y que se
encuentra sentado en la Mesa de Diálogo con el gobierno de Nicolás
Maduro busca consolidar el camino para las elecciones parlamentarias y
fortalecer su presencia en la próxima AN. El sector de Juan Guaidó, por
su parte, rechaza un escenario de elecciones parlamentarias si no
incluye también las elecciones presidenciales y ha anunciado en diversas
ocasiones que no se presentaría a los comicios de ser solamente sobre
la nueva composición de la AN. Estas acciones dan continuidad al mandato
de los Estados Unidos que circuló meses atrás en una nota diplomática
que se titula: «Los Estados Unidos requiere el apoyo para las elecciones
de la Asamblea Nacional del año 2020 en Venezuela», como denunció el
canciller Jorge Arreaza.
Suspensión y nueva fecha para elecciones municipales en República Dominicana
Para el 16 de febrero estaban previstas las
elecciones municipales en Dominicana. Sin embargo, cuando habían
transcurrido cuatro horas de la apertura, la Junta Central Electoral
decidió suspender la jornada electoral ante un fallo generalizado en el
sistema electrónico de votación. De inmediato aparecieron las
acusaciones cruzadas entre partidos políticos y el mismo día comenzaron
las protestas en la calle, que abrieron un ciclo de convulsión social
que llevó a varios días de masivas movilizaciones. En el medio, el Poder
Electoral definió la convocatoria a elecciones para el domingo 15 de
marzo, bajo el sistema manual.
La crisis política y electoral sucede cuando
faltan menos de tres meses para las elecciones generales del 17 de mayo,
donde se elegirán presidente e integrantes del Congreso. Las
municipales del 15 de marzo, en este contexto, pueden servir para
testear la adhesión o rechazo respecto al gobierno y la posibilidad de
capitalizar la situación de descontento por parte de otros partidos. Una
de las contiendas claves será la de Santo Domingo, la capital, donde la
candidata que aparece con mayores chances es Carolina Mejía, integrante
del Partido Revolucionario Moderno (PRM) e hija del expresidente
Hipólito Mejía.
Para las presidenciales, las novedades más
importantes respecto a otros momentos políticos son la división del
gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) —que enfrenta al
actual mandatario Danilo Medina, y a su candidato Gonzalo Castillo con
el expresidente Leonel Fernández, quien se presenta con su propio
partido, Fuerza del Pueblo— y la presentación como candidato de Ramfis
Domínguez-Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por el
Partido Nacional Voluntad Ciudadana, un pequeño partido de derecha. La
división del PLD puede favorecer al candidato del PRM, Luis Abidaner,
quien por ahora marcha al frente en los sondeos.
Chile hacia una nueva Constitución
A cuatro meses y medio del inicio de las
protestas, la situación en Chile parece lejos de calmarse. En el inicio
de 2020, la aprobación del presidente Sebastián Piñera sigue cayendo,
alcanzando un nuevo mínimo del 9%, según la consultora CADEM, cercana al
gobierno. Como contrapartida, el 84% desaprueba la gestión
presidencial.
De cara al plebiscito del 26 de abril,
convocado por presión de la movilización popular, la consultora estima
en 67% el apoyo a una nueva Constitución y en un 27% el rechazo. En
relación a la campaña, lanzada a fines de febrero, la oposición a
modificar el orden pinochetista proviene básicamente de los partidos a
la derecha del arco político, herederos de la dictadura 1973 – 1990 en sus
diferentes variantes. La posición más radical la lleva adelante el
Partido Republicano de José Antonio Kast, una fuerza de extrema derecha
fundada a mediados de 2019 y legalizada en enero de 2020. Esta formación
aspira a crecer sobre las contradicciones de la coalición de gobierno,
llamada Chile Vamos, que agrupa a la UDI (Unión Democrática
Independiente) y a Renovación Nacional como fuerzas principales y a
Evópoli y al Partido Regionalista Independiente como socios menores. Si
bien la mayoría de esta coalición se ha mostrado reticente a los cambios
y va a impulsar la papeleta del No, existe un conjunto de sectores que
corta transversalmente a la alianza y plantea su apoyo a la reforma
constitucional, bajo el nombre de «Elijo aprobar».
En el bloque que pugna por reformar la Carta
Magna se anota la oposición desde el centro a la izquierda. Esto incluye
al Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical
(los tres conforman un espacio llamado Convergencia Progresista, post
ruptura de la Nueva Mayoría), Revolución Democrática, Convergencia
Social, Comunes y el Partido Liberal (que forman el Frente Amplio, en un
proceso de crisis y recomposición), la Democracia Cristiana y las
fuerzas políticas que formaron recientemente el Comando Apruebo Chile
Digno, que reúne al espacio Unidad para el Cambio (Partido Comunista,
Partido Progresista, Federación Regionalista Verde Social) con fuerzas
que salieron recientemente del Frente Amplio, como el Partido Igualdad e
Izquierda Libertaria, además de Wallmapuwen, movimiento que busca el
reconocimiento de la nación mapuche.
Sin embargo, este panorama general adquiere
aún mayor complejidad y dinamismo cuando se lo mira un poco más de
cerca. A la fragmentación en los partidos que ya venían actuando en el
escenario previo al inicio de las movilizaciones, hay que sumarle la
aparición de varias fuerzas políticas novedosas. Entre ellas se
encuentran Fuerza Cultural, el Movimiento por una Constituyente
Democrática, el Partido de la Dignidad, Fuerza Común y hasta un Partido
Alternativo Feminista, que aspiran a expresar a independientes, en un
contexto de alta movilización y también de cierta dispersión, al menos
en esta etapa de la campaña.
El posible triunfo del Sí, en este marco
político, no permite hacer previsiones firmes sobre el futuro inmediato,
aunque es un hecho que el escenario general de Chile se ha visto
conmovido como pocas veces en su historia y es difícil una vuelta atrás
en los términos del «oasis» neoliberal reivindicado por Piñera apenas
unos días antes del estallido.
Foto: El Tiempo
Luchas sociales y respuestas autoritarias
El golpe de Bukele al Parlamento en El Salvador
Antes de completar siquiera un año en el
gobierno, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pasó de su fuerte
imagen de campaña como un hombre joven y moderno, hijo de la
«antipolítica» y lejano a las tradiciones partidistas en el país, a
ordenar al Ejército del país centroamericano ocupar las instalaciones de
la Asamblea Legislativa si los y las diputadas no aprobaban la tercera
fase de préstamo que había solicitado al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) por $109 millones de dólares y que había
sido aprobado en sus primeras dos fases por la Asamblea Legislativa.
Un financiamiento que corresponde a la
tercera fase del Plan de Control Territorial, con el que el presidente
ha buscado, a través de créditos externos, fortalecer los mecanismos de
seguridad y control con un aumento de inversión en el sector, y sobre
todo, con una cualificación y compra de numerosos equipos, patrullas,
helicópteros, buques y entrenamiento para garantizar la seguridad
pública. Sin embargo, la información de que una empresa mexicana
dedicada a la producción de tecnología militar de estas características
pagó un viaje del director de Centros Penales de El Salvador llamó la
atención de los y las diputadas, por lo que varios habían manifestado
que votarían en contra de la aprobación de este tercer préstamo.
Bukele llamó a sesiones extraordinarias para
el domingo 3 de febrero invocando su derecho constitucional. En los días
previos, diputados y diputadas hicieron declaraciones manifestando la
irregularidad de esta convocatoria extraordinaria y su posible
inasistencia. De inmediato el presidente ordenó retirarles sus esquemas
de seguridad policial y militarizó las adyacencias y el interior del
recinto de la Asamblea Legislativa. Según diputados de la oposición, la
militarización de la Asamblea no sucedió ni siquiera en los gobiernos de
la dictadura militar.
El sector privado y la comunidad
internacional manifestaron su rechazo a este procedimiento ilegal e
inconstitucional y al día siguiente la Corte Suprema de Justicia y la
Asamblea Legislativa, además de instituciones de la sociedad civil,
condenaron de forma unánime los mecanismos amenazantes elegidos por
Bukele para garantizar la aprobación del préstamo. La misma Fiscalía se
comprometió, por pedido del FMLN, a iniciar una investigación sobre los
hechos.
A pesar de ello, simpatizantes y seguidores
de Bukele y su partido Nuevas Ideas se concentraron frente a la Asamblea
apoyando al presidente y manifestándose en contra de los partidos FMLN y
ARENA.
La lucha de las caravanas de migrantes en Mesoamérica
El 15 de Enero de 2020 inició la segunda
caravana migrante proveniente desde Honduras con el objetivo de llegar a
los Estados Unidos atravesando México. Esta caravana es heredera de la
primera, en 2018, cuando miles de personas provenientes de Honduras, El
Salvador y Guatemala migraron masivamente hacia México con el objetivo
de llegar a la frontera con EE. UU. Sin embargo, es la primera caravana
de estas proporciones que se organiza después del acuerdo firmado entre
México y EE. UU. en materia migratoria.
Un acuerdo similar también fue firmado por
EE. UU. con Guatemala, El Salvador y Honduras, que ha puesto una serie
de trabas e impedimentos a los migrantes para conseguir su objetivo de
llegar a territorio estadounidense. La nueva orientación que subyace a
los diferentes acuerdos firmados con los países es detener la migración
ya no solamente en la frontera México – EE. UU., sino en la frontera sur
de México, que limita con Guatemala, acuerdo sostenido sobre argumentos
xenófobos y estigmatizadores hacia la población que decide integrar las
caravanas a causa de la profunda crisis social y económica que
atraviesan sus países de origen.
A diferencia de la caravana de 2018, y
producto del Acuerdo Migratorio, durante enero la policía de las
distintas fronteras recrudeció su comportamiento hostil frente a los y
las migrantes: golpes, detenciones, disparos de gases lacrimógenos y en
el caso de Guatemala, trabajadores de la agencia estadounidense que
controla la migración, asesoran a la policía y tienen conocimiento sobre
todos sus procedimientos y son mucho más estrictos con los controles de
documentos.
La segunda caravana migrante salió el 15 de
enero desde San Pedro Sula, en Honduras, con más de cinco mil personas.
Además de la dificultad con las autoridades, también se encontraron con
que la frontera Guatemala – México es ahora una nueva frontera que busca
ser impenetrable, ya que parte del acuerdo firmado por AMLO contempla la
militarización de la frontera sur para evitar el paso de los y las
migrantes, como sucedió de forma consecutiva cuando migrantes intentaron
cruzar a través del Río Suchiate y fueron reprimidos por la Guardia
Nacional de México.
Luego de la represión, el presidente Trump
publicó en su cuenta de Twitter una felicitación al operativo mexicano:
«Apreciamos que México haya hecho más de lo que hicieron el año pasado
para interceptar a las caravanas que intentan moverse ilegalmente hacia
el norte hacia nuestra frontera sur».
Entre los ecos del Paro Nacional y el récord de asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia
Durante enero y febrero se conocieron varios
casos donde altos mandos militares del Ejército Colombiano estuvieron
implicados en violaciones de Derechos Humanos. Luego de una
investigación por el asesinato de un ex combatiente de las FARC en
proceso de reincorporación —cuyo cuerpo fue encontrado con signos de
tortura en abril de 2019 — , la Fiscalía ordenó la captura de los
militares involucrados. En la investigación se demostró además que el
asesinato de Dimar Torres fue una orden que dio el coronel Pérez
Amézquita vía Whatsapp al cabo que cometió el homicidio.
A ello se suman las graves declaraciones del
coronel activo Álvaro Amortegui Gallego, quien señaló que el general
Mario Montoya le ordenó asesinar a 17 civiles que habían sido
capturados, con el objetivo de hacerlos pasar como guerrilleros dados de
baja en combate, ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como
«Falsos Positivos» con más de diez mil casos de esa naturaleza. El
general Montoya ha sido sistemáticamente denunciado por las mismas
razones por otros soldados que estuvieron bajo su mando y por las
víctimas de dichas ejecuciones.
Adicionalmente, el nuevo Comandante del
Ejército, general Eduardo Zapateiro, manifestó que el Acuerdo de Paz
firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP adormeció a las
tropas y que su desempeño en el nuevo cargo será formar un «ejército
juicioso, con un criterio táctico que mire las cosas con objetividad y
con cariño». Esta actitud del Ejército Colombiano y el profundo
desinterés que ha demostrado continuamente el gobierno de Iván Duque se
constituyen como un ecosistema aún más hostil para la lucha social en el
país: según cifras de INDEPAZ, desde el inicio del 2020 a la fecha se
registra el asesinato de 64 líderes, lideresas sociales y
excombatientes. Esto se suma a los más de 800 líderes y lideresas y a
los más de 180 excombatientes en proceso de reincorporación asesinados
entre 2016 y 2019.
A esta situación hay que agregarle el
tratamiento que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está dando a la
protesta social. A pesar de haber construido previamente su imagen desde
el progresismo, durante los primeros meses de su mandato López ordenó
que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), conocido por numerosos
casos de violación de Derechos Humanos y asesinatos a manifestantes,
intervenga en la dispersión de las manifestaciones contra los
«vándalos», llegando a justificar agresiones de este organismo contra
estudiantes dentro de la Universidad Pedagógica Nacional.
En materia de luchas sociales, después de las
grandes movilizaciones que hubo en el marco del Paro Nacional del
pasado 25 de noviembre durante diciembre, enero y febrero se convocaron
algunas movilizaciones de menor escala pero que le dieron continuidad a
las protestas. A fines de enero, el Comité Nacional del Paro se reunió
para concretar una agenda de movilización en las principales ciudades, a
la que, en determinadas fechas, se sumarán también organizaciones
campesinas con un Paro que dificulte el acceso a vías y transporte de
alimentos hacia la capital del país. Las jornadas de movilizaciones a
gran escala darán inició el 25 de marzo con un nuevo llamado a
movilización de los diferentes sectores que componen el Comité Nacional
del Paro, dentro del que se encuentran sindicalistas, docentes,
estudiantes, organizaciones sociales y políticas, ambientalistas,
defensores y defensoras de Derechos Humanos, artistas, entre otros.
En otra dimensión de la escena política
nacional, el 28 de enero fue capturada en Venezuela la excongresista
colombiana Aída Merlano, implicada en escándalos de corrupción y compra
de votos para llegar al parlamento. Merlano, vinculada políticamente al
actual partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, es
también una persona cercana a las familias más poderosas de la costa
Caribe colombiana, como las familias Char y Gerlein. La excongresista,
en declaraciones brindadas en Venezuela, acusó públicamente a estas
familias, al Centro Democrático y personalmente al ex presidente Uribe y
al actual presidente Iván Duque de ser cómplices de sus delitos y de
querer asesinarla luego de su fuga de prisión, ocurrida el 1º de octubre
de 2019. Además, afirmó poseer información que probaría la vinculación
de Odebrecht y de otros grandes grupos económicos del país en la compra
de votos para garantizar la elección de Iván Duque como presidente.
Producto de la inacción de la justicia colombiana en esta materia, el
representante a la Cámara David Rocero interpuso una denuncia contra el
presidente ante la Comisión de Investigación de la Cámara de
Representantes.
Persecución y resistencias de la oposición social y política en el Ecuador
Después de la fuerte represión de octubre de
2019, diferentes organismos nacionales e internacionales denunciaron
numerosos casos de represión y persecución política.
Respecto de las denuncias de violaciones de
derechos humanos en el marco de esas movilizaciones de octubre, la
Asociación de Víctimas del Paro «Inocencio Tucumbi», instancia creada
alrededor de la CONAIE, anunció la presentación de un recurso ante la
Fiscalía por los delitos cometidos por la fuerza pública, ya que ésta no
ha iniciado ningún proceso de investigación en relación a las personas
que fallecieron producto de las acciones de los uniformados. Esto se
refuerza con el informe de la CIDH sobre las protestas, que señala
«detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza». La
violación de derechos humanos en Ecuador se presenta también en el plano
de la libertad de prensa, ya que la Agencia de Regulación y Control de
las Telecomunicaciones (Arcotel), bajo el argumento de «la prestación de
servicios en contra de la seguridad nacional», dispuso la extinción del
título habilitante de Radio Pichincha Universal.
Por otra parte, respecto la persecución a la
oposición, tanto la CONAIE como los sectores del correísmo continúan
siendo perseguidos por el Estado e inclusive, el ex presidente Rafael
Correa denunció la persecución judicial de la que es víctima por un
supuesto caso de sobornos por el que buscan llamarlo a juicio junto con
20 exfuncionarios de su gobierno.
Movilización y represión en Chile
Al mismo tiempo que continúan las masivas
protestas, la represión ordenada por el presidente Sebastián Piñera no
cesa. Más de 30 personas han sido asesinadas y cientos han perdido la
visión, en una de las facetas más particulares del enfrentamiento del
gobierno contra la población en pie de lucha. Hasta mediados de febrero,
el Instituto Nacional de Derechos Humanos cifraba en 10.000 las
personas detenidas desde el 18 de octubre del año pasado.
En los últimos días de febrero llegaron al
país vehículos lanzagases blindados de origen israelí, parte del
equipamiento que adquirió Carabineros a fines de 2019, que incluye
también carros lanza agua, equipos para retenes móviles y furgones de
transporte de efectivos. Esta operación es consistente con las últimas
declaraciones de Piñera, quien no descartó la posibilidad de declarar un
nuevo estado de emergencia. «Tenemos más carabineros, mejor preparados,
mejor inteligencia, mejor tecnología, más carros lanza aguas», señaló
en una entrevista durante los últimos días de febrero.
Las declaraciones del presidente se dieron en
el contexto del Festival de Viña del Mar, que estuvo atravesado por
intensas protestas fuera y dentro del recinto, incluso desde el
escenario. De acuerdo a CADEM, la trascendencia de los hechos en torno
al festival aumentó la identificación con las movilizaciones, hasta
alcanzar el 66% de adhesión. La misma consultora, en un informe
anterior, difundió que Carabineros alcanzó una aprobación del 34%, su
registro histórico más bajo, número que incluso puede haber descendido
tras los episodios de represión ocurridos en torno al Festival.
Por si algo faltaba, al clima convulsionado
que se vive desde hace meses se le agregó en febrero un atentado contra
un acto liderado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido
Comunista). Por el ataque con bomba molotov fueron detenidos dos
activistas de extrema derecha, uno de las cuales es hermano de un
concejal de Renovación Nacional, uno de los partidos de gobierno. El
hecho se suma a un confuso episodio donde otros simpatizantes
derechistas —cuatro de los cuales fueron detenidos— aparecen
involucrados en la compra de un fusil de asalto AK47 y con un
lanzacohetes en su poder. De acuerdo a las escuchas que dieron origen a
las detenciones, cuya transcripción es reproducida por medios chilenos,
una de las personas «da cuenta que busca obtener más armas con el
objeto, supuestamente, de abastecer a terceros para el mes de marzo por
el estallido social»7. Esto
coincide, por otra parte, con la aparición de movilizaciones en rechazo a
la reforma constitucional protagonizadas por grupos de ultraderecha que
reivindican explícitamente a la dictadura de Augusto Pinochet, lo cual
abre especulaciones respecto a la posibilidad de utilizar grupos de
choque de características paramilitares contra las movilizaciones.
Entre el fin del Parlamento y las nuevas protestas en Haití
Luego de un breve impasse que abarcó
diciembre del año pasado y enero de este año, en febrero se reactivó el
escenario de conflicto social en el país caribeño. En un contexto de
ilegitimidad creciente —agravado por el cese de funciones del parlamento
desde enero al terminar su mandato y sin elecciones a la vista— y con
una grave crisis económica como telón de fondo, a fines de febrero se
produjeron enfrentamientos armados entre sectores de la policía, que
protestaban por mejores condiciones de trabajo, y el ejército, que
respalda al gobierno de Jovenel Moise.
El saldo de los choques, que se desarrollaron
en la capital, fue de un soldado muerto y varios heridos de ambos
bandos, tras lo cual se abrió un proceso de negociación que tranquilizó
al menos provisoriamente la situación, de todos modos muy inestable.
A principios de marzo el presidente Moise
anunció la designación de Joseph Jouthe como nuevo Primer Ministro —el
cuarto en dos años — , lo que fue rechazado por partidos políticos de
oposición. Luego de varios intentos fracasados durante enero y febrero,
se espera que en las próximas semanas se retomen negociaciones entre
diferentes fuerzas políticas. La situación social es explosiva y las
perspectivas de resolución de la crisis son inciertas. Las principales
demandas sociales apuntan a políticas económicas que alivien la extrema
pobreza, cambios en la Constitución para garantizar mecanismos
democráticos y el fin de la intervención extranjera.
Puerto Rico: sismos y movilizaciones ante falta de asistencia a damnificados
En Puerto Rico, bajo dominio
colonial norteamericano desde hace más de un siglo, por segunda vez en
menos de un año se genera una crisis política de proporciones
importantes. En agosto de 2019 las movilizaciones populares llevaron a
la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló. En su lugar asumió
la actual gobernadora, Wanda Vázquez.
A fines de enero, la población salió a la
calle y exigió la renuncia de la mandataria, ante la insuficiente ayuda
del Estado a las víctimas de la secuencia de terremotos que sacudieron a
la isla hacia fines de 2019 y principios de 2020. Si bien la primera
respuesta fue la represión policial, a los pocos días Vázquez anunció
asistencia para las familias damnificadas. Para calmar los ánimos, al
menos por el momento, en la primera semana de febrero la Cámara de
Representantes de EE. UU decidió —con la aprobación del bloque demócrata
y la oposición de la mayoría de la bancada republicana y del presidente
Donald Trump— decidió ampliar el presupuesto de emergencia destinado a
la colonia.
Limitan el derecho a huelga en Costa Rica
Durante enero, el presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado, promulgó una polémica ley —aprobada por el Congreso en
medio de numerosas manifestaciones populares de rechazo— que fija
límites al derecho a huelga y directamente lo prohíbe en los servicios
públicos considerados esenciales.
Producto de una importante huelga en contra
de los ajustes propuestos por el FMI que hubo en 2018, y que paralizó el
país, se presentó este proyecto, que fue finalmente aprobado. El texto
declara las huelgas como ilegales y adicionalmente suspende el pago del
salario a quienes participen en estos movimientos. Pese a ello,
numerosas organizaciones y sindicatos han salido a manifestarse en
contra de la aprobación de esta ley regresiva para los derechos de los y
las trabajadoras costarricenses.
«Se acabó el recreo» en Uruguay: Mano dura y más poder militar
De la mano del gobierno encabezado por Luis
Lacalle Pou, que asumió el 1º de marzo, avanza un ciclo de punitivismo
en la República Oriental del Uruguay. Ya en la transición, el nuevo
ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteó que se viene una época
de mano dura «contra la delincuencia». Durante 2019 Larrañaga había
impulsado un conjunto de medidas de endurecimiento de penas, que se
plebiscitó sin éxito en las pasadas elecciones.
Sin embargo, es un hecho que la «coalición
multicolor» que reúne a la derecha uruguaya tomará a la seguridad como
un eje central, al menos discursivo, en los primeros meses de su
gobierno. Tomando palabras de Guido Manini Ríos —exjefe del Ejército y
líder del partido sorpresa en las elecciones, Cabildo Abierto — , «se
acabó el recreo», una expresión que sintetiza la aspiración de los
sectores más conservadores del país respecto a poner «orden». En este
contexto hay que señalar también el ascenso a cargos claves de militares
cercanos a este sector, como es el caso del general Gerardo Fregossi,
nuevo comandante en jefe del Ejército; y de Marcelo Montaner, jefe del
Estado Mayor de la Defensa.
A esto se suma la concepción desarrollada por
el flamante ministro de Defensa, Javier García, quien anticipó pocos
días antes de asumir que el gobierno analiza el posible retorno de
Uruguay a las maniobras Unitas, ejercicios militares coordinadas por el
Comando Sur. De igual modo, el ministro también señaló que se reforzará
la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad. «El
concepto de que las Fuerzas Armadas son la frontera y nada más que la
frontera es un concepto viejo, que hace mucho tiempo se dejó atrás,
porque defensa y seguridad son conceptos que van atados de la mano, cada
uno dentro de su función y de la misión constitucional y legal que
tiene cada cuerpo», expresó. En esa línea, también planteó la necesidad
de «una estrecha cooperación» entre el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Defensa Nacional, «para el desarrollo de tareas de
inteligencia, control de las fronteras, control del espacio aéreo y
marítimo, antiterrorismo y ciberseguridad».
Foto: Reuters
Brasil bajo Bolsonaro: Informe especial
El país ingresó al 2020 sumido en una crisis
económica y social. Hoy los desempleados suman 12,5 millones (la tasa
promedio fue del 11,9% en 2019) y se cuentan 35 millones de trabajadores
en el sector informal (41,1% del total siendo que en 11 estados de
Brasil ese porcentaje supera el 50%). Además de la pérdida de referencia
organizativa, parte de esta población incluso ha perdido su identidad
como clase trabajadora, reemplazada por la de empresario, emprendedor u
otros términos que se utilizan hoy para referirse a los trabajos
precarios o subcontratados, una realidad promovida por los
administradores de aplicaciones como IFood, UberEats, Rappi, entre
otras.
Por otra parte, el presidente Jair Bolsonaro
parece haberse consolidado, ya sea al interior de su propio espacio o
como ocupante de la silla presidencial. En ese sentido, algunas
evaluaciones realizadas al comienzo del gobierno en 2019 demostraron ser
erróneas; tales como las que señalaban: «no dura un año», «no tiene
proyecto», «es solo antipetismo», «el enemigo de Bolsonaro es el propio
Bolsonaro». Y el gobierno tiene su propia agenda intensa y extensa.
Obtuvo victorias en sectores importantes, con la aprobación de las
reformas laborales y de la seguridad social; y profundizó sus «alianzas»
internacionales (alianzas en términos más o menos asimétricos o
subordinados según el país) y cristianas. Algunos ministros del gobierno
tienen su propio capital político, como el ex juez Sergio Moro y el
pastor Damares. Quizás la mayor demostración de su fuerza política y de
la confianza del presidente fue la eliminación del miliciano Adriano
Nóbrega, considerado un elemento clave para aclarar los vínculos que la
familia Bolsonaro tiene con las milicias de Río de Janeiro e incluso con
el asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor Anderson.
La relación con las milicias es la principal debilidad política de la
familia.
El bloque dominante hoy en el gobierno está
compuesto por sectores neoliberales, de la Operación Lava Jato,
militares y segmentos neo-pentecostales. No hay diferencias sustanciales
entre ellos en torno a la agenda económicamente privatizadora,
conservadora en términos de las costumbres y autoritaria en el campo
político. Las desaveniencias están en la forma en la que cada una de
estas fracciones propone intervenir en estos ámbitos y no en el
contenido.
En este contexto, para mantenerse fuerte como
representante de la clase dominante brasileña, el gobierno adopta la
táctica de la guerra permanente, convocando demostraciones públicas y
conservando a su base social movilizada a partir del señalamiento de
enemigos reales o imaginarios —ello en particular los segmentos
neopentecostales— repitiendo las tácticas tradicionales del fascismo de
conservar o expandir su propia fuerza militante sin preocuparse por las
alianzas.
Entre los ataques permanentes, el gobierno
federal ha estado alimentando la disputa contra los gobernadores de
distintos Estados brasileños, en una clara ruptura del pacto federal; y
más recientemente contra el Poder Legislativo, que trata de ser
protagonista en el impulso de las principales agendas de reforma
buscando un mayor control sobre el Presupuesto. En el primer caso, el
gobierno ha apoyado, aunque indirectamente, el motín de la policía
militar estatal que exige salarios más altos, habiendo infiltrado las
bases policiales con el objetivo de desarrollar su proyecto de
nacionalizar las milicias urbanas. El caso más emblemático fue el
enfrentamiento en el noreste del país, donde el senador Cid Gomes
recibió un disparo en una de las manifestaciones de estos policías. En
relación con el Legislativo, ha alentado a su base social para
participar de una gran movilización que tendrá lugar el próximo 15 de
marzo contra lo que se llaman los «enemigos del pueblo».
En este sentido, el gobierno tiene algunas
contradicciones y disputas de poder con la clase dominante tradicional
brasileña que tiene justamente la hegemonía en los poderes Legislativo y
Judicial, así como en los medios de comunicación burgueses; pero éstas
son puntuales y periféricas. Existe, por otra parte, una unidad en la
ofensiva neoliberal contra los activos públicos, y el gobierno continúa
privatizando empresas nacionales, incluso en sectores estratégicos; por
ejemplo, la Oficina de Correos, la Casa de la Moneda, partes de
Petrobras, Serpro y Dataprev (las dos últimas empresas de información).
Los trabajadores de algunas de estas empresas
estatales han resistido y resisten a estas políticas con paros,
ocupaciones de sus lugares de trabajo e incluso huelgas prolongadas,
como la histórica huelga de petroleros de 20 días que contó con la
adhesión de 21.000 petroleros en 121 unidades de Petrobras en 13 Estados
tanto en tierra como en el mar, y logró victorias como la suspensión de
los despidos y la revisión de los turnos de trabajo.
No es nuevo que el modelo económico brasileño
se base en la explotación desenfrenada y la exportación de nuestros
recursos naturales, especialmente minerales e hidrocarburos. Pero, cada
año, la naturaleza ha demostrado los límites de este modelo de
desarrollo incluso en tanto amenaza para la propia supervivencia humana.
En febrero de 2019, la represa de Brumadinho en Minas Gerais estalló
dejando 272 personas muertas y once desaparecidas, y no hay nadie
condenado por ello hasta la fecha; incluso a pesar de la tragedia, la
compañía Vale do Rio Doce mantuvo sus ganancias. El aniversario de estos
hechos en 2020 estuvo marcado por las luchas lideradas por el
Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, por sus siglas en
portugués), el Movimiento por la Soberanía en la Minería y el Movimiento
de Trabajadores Sin Tierra (MST). Se distribuyeron cartas con mensajes
al pueblo brasileño, exigiendo el castigo a los responsables y la
garantía para los derechos de las familias, así como la revisión del
modelo de explotación del negocio brasileño de agro-minerales. Casi al
mismo tiempo, tuvieron lugar grandes inundaciones en las regiones
metropolitanas de Belo Horizonte y São Paulo, afectando gran número de
familias y mostrando la inviabilidad de este modelo también para las
grandes ciudades. Por otra parte, también en relación con la agenda
ambiental, la presión internacional hizo que el gobierno cambiara el
tratamiento del problema amazónico, pero no en términos de reducir su
explotación, sino en el sentido de militarizar el problema.
En el contexto económico, los resultados de
crecimiento prometidos a partir de todas las medidas de liberalización
adoptadas no han tenido efecto alguno. Si a principios de 2020 el
mercado celebró la perspectiva de un magro crecimiento anual del 2.3%
del PIB; todas las semanas las principales consultoras del mercado, e
incluso el gobierno, han estado revisando a la baja esas proyecciones, y
ahora se estima un 2% como techo para el crecimiento del año en curso.
Las políticas de austeridad solo han beneficiado a los grandes
capitales, ya que los sectores de la industria, los servicios y el
comercio muestran en realidad un enfriamiento o retracción de sus
actividades, siendo los casos de crecimiento sólo puntuales. Sobre esta
realidad, además, el reciente acuerdo entre EE. UU. y China y el impacto
de la epidemia de coronavirus en este último país son las nuevas
variables que han impactado incluso en las proyecciones del sector
agroexportador, con caídas en las exportaciones de soja y otros
minerales.
Por otra parte, el bloque dominante continúa,
a toda velocidad, con la militarización del Estado para garantizar la
implementación de su programa. El personal militar ya conforma la
mayoría de los Ministros y ocupan la totalidad de la Casa de Gobierno
(el Palacio del Planalto), sin mencionar la legión de coroneles y
capitanes distribuidos por los ministerios. Prefieren enfrentarse a un
enemigo comunista imaginario en lugar de confrontar con las milicias,
que si son reales y que ponen fin a la seguridad pública, vinculadas a
los escuadrones de la muerte de opositores y que aterrorizan a los
gobiernos estatales.
Como hemos ya señalado, existe una
resistencia popular activa, pero es aún menos de lo que se necesitaría
para conquistar victorias significativas sobre el bloque de poder.
Ciertamente, a veces se logra un éxito, como lo fue la liberación del ex
presidente Lula, para lo que se aprovechó correctamente las fisuras
existentes en el poder judicial. Pero en general, el bloque dominante
dentro y fuera del gobierno ha tenido la capacidad, ayudado por la
prensa, de hacer avanzar su agenda y criminalizar a la izquierda, que
perdió parte de su referencia para los trabajadores.
Por otra parte, las fuerzas de izquierda
siguen siendo, en gran medida, rehenes de la estrategia electoral hacia
2020 y 2022; e incluso ante estos escenarios próximos la construcción de
un bloque de izquierda unificado ha tenido dificultades para
articularse. Confrontamos con lo que está sucediendo, pero todavía no
tenemos un horizonte de futuro capaz de movilizar masivamente a los
trabajadores. En este sentido, las luchas prioritarias para el próximo
período se inscriben en la defensa de la democracia, los derechos
sociales y la soberanía nacional.
Foto: Cancillería de la Nación Argentina
Intervención imperialista e integración
América Latina y el Caribe continúa
siendo una región clave en la disputa imperialista por el poder global.
Muestra de ello es la iniciativa desarrollada por Estados Unidos
denominada «Iniciativa América Crece» que promete recursos económicos de
las numerosas agencias de cooperación y los departamentos de Estado,
Tesoro, Comercio y Energía del país norteamericano, para financiar
proyectos energéticos y extractivos en los distintos países de la
región.
Entre aquellos anunciados, en el Caribe se
priorizaría la actividad minero energética, para lo que buscan crear la
Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y de la Planta de Energía en
República Dominicana. En Centroamérica, las actividades financiadas
también estarían relacionadas con la infraestructura de energía, además
de comunicaciones y transportes.
Vale la pena mencionar que aunque la
iniciativa está dirigida a la mayoría de los países de la región, fueron
excluídos Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Venezuela, entre la amenaza militar y el cerco económico
Como mencionamos anteriormente, la definición
de la fortaleza de la oposición en Venezuela está cada vez más difusa,
especialmente en el caso del sector de Juan Guaidó, quien cuenta con una
gran ventaja en su imagen internacional, siendo reconocido aún con su
título de presidente autoproclamado, pero una gran debilidad en su
imagen al interior del país, donde inclusive las mismas personas de la
oposición y diputados que antes se encontraban apoyándolo han decidido
optar por otros caminos en la disputa de poder en Venezuela, como es el
caso ya mencionado de la Mesa de Diálogo.
Durante enero y febrero, Juan Guaidó realizó
una gira internacional por Europa y EE. UU. para recibir apoyo en su
incesante intento de golpe de Estado por todas las vías, legitimando,
inclusive, el bloqueo económico del que es víctima el país caribeño y
celebrándolo como un mecanismo de presión hasta que «cese la
usurpación», como se refiere al gobierno constitucional de Nicolás
Maduro. En su gira, Guaidó se reunió con Donald Trump, quien hizo una
mención especial sobre su visita y fue ovacionado en el Congreso
norteamericano. De la misma forma, Josep Borrell, jefe de la diplomacia
de la Unión Europea, expresó su «firme apoyo» a Guaidó en búsqueda de
«elecciones presidenciales y legislativas creíbles y transparentes».
En Bogotá, Guaidó se reunió con el secretario
de Estado de EE. UU, Mike Pompeo, quien se comprometió a «tomar medidas
adicionales de apoyo» al opositor. El encuentro se dio en el marco de
la Cumbre Antiterrorista que se desarrolló en Colombia, donde además
Iván Duque se comprometió con Pompeo a «continuar trabajando para
restaurar la democracia» en Venezuela. Semanas después de esta reunión,
en la ciudad de Cartagena, Unidades de las Armadas de Colombia y EE. UU.
hicieron ejercicios militares coordinados con los protocolos de la OTAN
para «intercambiar conocimientos y fortalecer las acciones de
cooperación». Al respecto, el expresidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, declaró su rechazo a una posible invasión militar en Venezuela y
aseguró que podría convertirse en un segundo Vietnam, dada la fortaleza
del gobierno de Nicolás Maduro y la existencia de las milicias
bolivarianas, además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Por su parte, el presidente de Venezuela
Nicolás Maduro denunció la preparación de fuerzas irregulares en la
frontera con Brasil, vinculadas a las Fuerzas Armadas Brasileñas, para
atacar al pueblo venezolano. A partir de ello, decidió el inicio de los
Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 en todo el territorio
nacional, y especialmente en las fronteras, con el objetivo de preparar
la defensa de la soberanía nacional.
Además de las constantes amenazas
guerreristas, la avanzada imperialista continúa asfixiando a la economía
venezolana con sanciones que afectan su comercio exterior. Durante los
primeros meses del 2020, nuevamente EE. UU. impuso sanciones
unilaterales, esta vez no solo a empresas nacionales como la aerolínea
estatal CONVIASA, sino también a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A,
por el solo hecho de tener vínculos comerciales con Venezuela.
El cerco diplomático contra el país aumentó
durante enero y febrero, donde Alejandro Giammattei, nuevo presidente de
Guatemala, anunció el cierre de la embajada de Venezuela y llamó a los
demás países de la región a seguir su ejemplo y decidir la ruptura de
las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin
embargo, nuevamente la solidaridad de la región caribeña mostró su
enfático rechazo a la injerencia en Venezuela y continúa apoyando el
mecanismo del diálogo, como manifestó Timothy Harris, Primer Ministro de
San Cristóbal y Nieves en la inauguración de la reunión de la Comunidad
del Caribe (CARICOM).
Trump aprieta el bloqueo sobre Cuba
En el comienzo de 2020 la economía de la isla
presenta serias dificultades a causa del endurecimiento del bloqueo
decidido por el gobierno de Donald Trump. Desde principios de 2019 EE.
UU ha implementado sanciones cada vez más duras sobre Cuba, que afectan
en particular las transacciones financieras, la compra de combustible y
el turismo, principal fuente de divisas. Por este motivo el gobierno
comenzó a implementar planes de emergencia para racionar el suministro
de energía.
A tono con el rechazo de la mayoría de la
comunidad internacional, las medidas unilaterales del gobierno
norteamericano fueron repudiadas en febrero por diferentes bloques de
países, entre ellos la Unión Africana y la CARICOM. El gobierno cubano,
en tanto, llevó la denuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En
Ginebra, el canciller Bruno Rodríguez señaló que «sus guerras no
convencionales y sus violaciones al Derecho Internacional transgreden de
modo sistemático los derechos a la paz y la libre determinación».
Ecuador como «Puerta a los Andes» para Estados Unidos
En el caso de Ecuador, a partir de la visita
de Lenin Moreno a EE. UU. y su reunión con Donald Trump, se creó el
Centro de Investigación Criminal, un centro de investigación fuertemente
rechazado por la ciudadanía, que tendrá financiamiento y entrenamiento
del país norteamericano en materia de seguridad.
Según el acuerdo, el objetivo será
«investigar, identificar y desarticular organizaciones de narcotráfico y
subversivas». Donald Trump se refirió a Ecuador como la «Puerta a los
Andes» para EE. UU..
En la misma línea, Lenin Moreno dialogó con
la directora del Fondo Monetario Internacional para lograr el
fortalecimiento del acuerdo vigente desde marzo de 2019, por US$ 4189
millones, que como condición implicaba una modificación en materia
económica y derechos sociales que generó las movilizaciones del año
pasado.
Proyecto de seguridad en Panamá orientado por Estados Unidos
Por otro lado, y con el objetivo de
desarrollar sus proyectos de seguridad y lograr un acceso abierto del
Canal, la Embajada de EE. UU. en Panamá entregó el 21 de febrero un
paquete de seguridad de US$ 6,4 millones, que contiene equipos contra
«armas de destrucción masiva, equipos antinarcóticos, y tecnología
contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional».
Debates en los organismos supranacionales
El año político para la integración
latinoamericana y caribeña comenzó los primeros días de enero con el
relanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), impulsado por México. El 10 de enero se llevó a cabo en la
capital mexicana la sesión ministerial, con participación de 29 países.
Allí, el secretario de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Marcelo
Ebrard, presentó un plan de acción dirigido a un objetivo central:
«Crear el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el
Caribe». Entre las resoluciones destaca la decisión de impulsar durante
2020 un Foro Ministerial Celac con China.
La reactivación del organismo continental,
paralizado desde hace al menos dos años, se da en el contexto de fuertes
tensiones en la OEA, utilizada en los últimos meses por el Grupo de
Lima —formado por los países alineados con la política exterior de EE.
UU— como la principal plataforma contra Venezuela.
La OEA, por su parte, se encuentra en medio
de un proceso de renovación de autoridades. La elección será en una
asamblea general que se realizará el 20 de marzo y hay tres candidatos:
el actual secretario general, Luis Almagro, respaldado por EE. UU., la
canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa y el diplomático peruano
Hugo de Zela. A priori, los dos primeros aparecen con mayores chances,
en una definición que se presenta como la ratificación de la línea dura
del bloque de la derecha continental, expresado por Almagro, o un cambio
hacia un escenario de mayor diálogo, que propone explícitamente
Espinosa.
Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
En perspectiva
Además del nutrido calendario electoral por
delante, la evolución de las luchas sociales y el desarrollo de las
contradicciones entre proyectos imperiales y emancipadores con sus
expresiones en organismos supranacionales que desarrollamos previamente,
otros temas presentan importancia de cara al futuro inmediato.
Argentina y la renegociación de la deuda
Un asunto clave para la región es la
renegociación de la abultada deuda externa argentina, principal legado
del gobierno de Mauricio Macri y que involucra al Fondo Monetario
Internacional y a fondos de inversión que tienen bonos en sus carteras.
El resultado de estas discusiones tendrá efectos concretos en las
posibilidades de revertir la crítica situación económica y social en que
se encuentra el país, un objetivo central para el gobierno encabezado
por Alberto Fernández.
A casi tres meses de su asunción, el
presidente reiteró en su mensaje al Congreso el 1ª de marzo que «no
vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños
de los argentinos y las argentinas». Además, anunció que el Banco
Central está investigando el proceso de deuda y fuga de divisas. Todo
esto sucede pocos días después que una masiva concentración convocada
por movimientos populares planteara que «la deuda es con el pueblo»,
mientras llegaba al país una misión del FMI2.
Por la magnitud de la deuda y los actores involucrados, el desenlace
también puede configurar un antecedente importante para otros países en
el futuro.
Cambio político en Uruguay
Otro tema en desarrollo tiene que ver con los
cambios en las políticas económicas y sociales en Uruguay. El nuevo
gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, ya presentó un megaproyecto
de ley de «urgente consideración» que contiene 457 artículos sobre un
amplio abanicos de temas, en general priorizando políticas dirigidas a
beneficiar a sectores del poder económico más concentrado, así como a
limitar el ejercicio del derecho a la protesta social y laboral.
Paraguay: Itaipú, causa nacional
En Paraguay, un conjunto de organizaciones
gremiales, campesinas, estudiantiles y sociales lanzó en febrero la
campaña «Itaipú 2023, Causa Nacional», que plantea la necesidad de una
amplia discusión del Tratado de la mayor hidroeléctrica del mundo, que
comparten este país y su vecino Brasil.
El debate es crucial para la economía de
Paraguay y puede ser relevante también para Brasil, puesto que la
represa abastece alrededor del 20% de la energía que consume este país.
Hacia las elecciones presidenciales en EE.UU.
Por último, es evidente que las
presidenciales en EE. UU. tienen gran importancia para toda la región.
Si bien es pronto para aventurar un escenario preciso para los comicios
que se realizarán en noviembre de 2020, en los primeros meses del año ya
se han desarrollado acontecimientos interesantes, a medida que avanzan
las primarias en los partidos Republicano y Demócrata.
En el caso del partido en el gobierno, es un
hecho que el candidato será Donald Trump, que es apoyado por el Comité
Nacional Republicano y tiene una enorme ventaja sobre sus contendientes.
La interna opositora, en cambio, concentra toda la atención por el
grado de disputa y en particular por la performance de Bernie Sanders,
un fenómeno político singular en la medida en que sostiene un discurso
progresista, raro para el bipartidismo norteamericano. Al cierre de este
informe se encuentran contándose los votos del llamado SuperMartes, que
parecen dejar en carrera solo a Sanders y al exvicepresidente Joe
Biden, que representa un ala moderada, afín al establishment del
partido.
