Alberto Binder, uno de los más prestigiosos juristas argentinos, dialogó con Canal Abierto sobre la reforma judicial que se viene, el rol de los servicios de inteligencia, el “lawfare” y la lucha contra el crimen organizado. “El macrismo manipuló la Justicia, pero en los años previos también se presionó por impunidad”.
Junto a numerosos proyectos e iniciativas en materia de deuda externa, lucha contra el hambre, aborto y retenciones al campo, el 
discurso presidencial durante la apertura de sesiones ordinarias hizo fuerte hincapié en distintas reformas judiciales que el Gobierno pretende llevar al Congreso.
“Tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia”, aseguró en otro pasaje de su intervención, haciendo directa alusión al decreto que firmaría días más tarde para modificar la Ley de Inteligencia. La resolución busca impedir a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia.
“Estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno”, lanzó el Presidente.
En esta entrevista con Canal Abierto, el jurista y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder analiza el vínculo entre ambas medidas ‑el envío de un proyecto de ley para modificar la justicia federal y el decreto para limitar el accionar de los servicios‑, el “lawfare”, qué rol debería cumplir la AFI, la lucha contra el crimen organizado y la despenalización del consumo de marihuana.
– ¿Qué opinas del decreto firmado recientemente por Alberto Fernández para limitar el accionar de espías y servicios de inteligencia?
– Es un decreto de una trascendencia enorme porque prohíbe una excepción que tenía la ley, por la cual los servicios de inteligencia trabajaban como auxiliares de la justicia y ‑en particular- de la justifica federal.
Parece una cuestión técnica pero, a raíz del abuso de esa excepción, en los últimos 15 años se construyó uno de los centros mafiosos más importantes del país. Eso que el Presidente clasificó como los “sótanos de la democracia”.
¿Qué es lo que venía pasando hasta ahora? Los jueces pedían a agentes de inteligencia para que actuaran como policías, lo que redundaba en contactos cotidianos y directos que luego terminaba en una suerte de caja de favores. Hemos tenido jueces que fueron puestos por los servicios de inteligencia, o que le deben su carrera a estos. Lo mismo sucede con abogados y estudios jurídicos.
Esto incluso tiene una pata en el mundo del fútbol: Daniel Angelici (ex presidente de Boca Juniors), por ejemplo, era un operador judicial con vínculos con la inteligencia; abogados como Richard, también integrante de la comisión directiva de Boca y con vínculos en la Justicia; o el fiscal Carlos Stornelli, vinculado al mundo del fútbol y las barras.
– Estamos hablando de vínculos opacos o casi clandestinos, ¿crees que un decreto es suficiente?
– Las normas no cambian las prácticas o realidades de un día para el otro. Sin embargo, a partir de ahora ‑con este decreto- estos vínculos pasan a ser ilegales. Es un paso muy importante.
– ¿La serie documental sobre el caso Nisman reflejaría el funcionamiento de estos “sótanos de la democracia”?
– Todo lo que rodea al mundo Nisman está vinculado a esta distorsión. El destino trágico y final del fiscal no nos exime de señalar con toda claridad que Nisman era ejemplo de un funcionario judicial con vínculos espurios con los servicios de inteligencia, que al mismo tiempo era manipulado por estos o que haya terminado trabajando en base a estrategias de servicios de inteligencia extranjeros. Nisman estaba en el medio de un juego que se lo terminó devorando.
– Hace aproximadamente un año, el fiscal federal Federico Delgado aseguraba que 
“a D’Alessio hay que pensarlo como concepto, no como caso aislado”…
– Totalmente de acuerdo, se trata de prácticas demasiado comunes y corrientes. D’Alessio forma parte de una larga lista de gente que utilizó escuchas para negociados particulares.
Quienes conformamos Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) venimos hace 10 años peleando para que se tomen decisiones en este sentido. No lo pudimos lograr durante la década kirchnerista y tampoco con Mauricio Macri, un gobierno que exacerbó esta cuestión al punto de tener en el servicio de inteligencia un director vinculado al mundo del fútbol.
Ahora la intervención de la AFI tiene que avanzar en que el servicio de inteligencia haga lo que tiene que hacer.
– ¿Entendés que la reforma judicial planteada por el Presidente representa un paso hacia el control ciudadano de la Justicia?
– Es un primer paso positivo, pero todavía no conocemos la letra chica o si la reforma en la justicia federal terminará siendo tan profunda.
Es importante que el Gobierno se anime y no se deje extorsionar. Con las jubilaciones de privilegio ya vimos un intento de extorsión. En este sentido es importante señalar que nadie está pidiendo a los jueces que renuncien, sino que en vez de ganar 100 ganen 90. No sé qué tiene de patriótica esta defensa corporativa que hoy cuenta con el apoyo de la oposición.
Sobre la ampliación del fuero federal, creo que es una solución coyuntural que tiene que estar acompañada con otras soluciones de fondo. Por suerte, en este tema está trabajando Gustavo Béliz, el primer perseguido político que tuvo que irse del país por haber tocado esos vínculos espurios entre inteligencia y poder judicial.
– Hablando de extorsión y condicionamientos por parte de elementos del Poder Judicial a la política, ¿existe lawfare en la Argentina y la región?
– Que ha habido una manipulación política de la Justicia penal-federal, no tengo ninguna duda. Justamente, se hacía a través de este vínculo con los servicios de inteligencia.
En esto quiero ser claro: sin ninguna duda, el Gobierno de Macri presionó a la Justicia, pero en los años previos también se presionó para que los casos no avancen. Si lawfare es la manipulación política de la Justicia, esta se aplicó para perseguir como para conseguir impunidad.
– ¿Hay “presos políticos” en la Argentina?
– Coincido en lo que viene diciendo el Presidente: son varias las situaciones de arbitrariedad.
No obstante, en mi opinión hay dos casos en los que la manipulación política es tan grosera que desmerece el sistema: uno es el de Milagro Sala, con la creación de una Justicia ad hoc y un manoseo del Tribunal Supremo provincial que sólo buscó condenarla; y otro caso que no tiene la prensa que me parece debería tener, que es el de Luis D’Elía. En el primero, el gobierno nacional no puede hacer mucho, pero en el segundo sí tendría elementos y herramientas para interceder.
– En el discurso de apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández también habló de aplicar el sistema acusatorio en el fuero federal…
– Ninguna medida por separado va a resolver todos los problemas ni hacer magia, pero el sistema acusatorio ayuda a romper la idea de un sujeto hegemónico, divide la investigación en numerosos fiscales y pone mayores controles sobre estos. El juez de instrucción federal que tenemos en la actualidad es una suerte plenipotenciario, se controla a sí mismo, puede meter preso sin condena. Es una figura impropia del siglo XXI.
Al margen, cabe señalar que el sistema acusatorio existe desde el 2014 (con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal federal, Ley 27.063). Sin embargo, no lo pudimos poner en marcha porque los jueces de Comodoro Py extorsionan la política constantemente.
– Otro aspecto que figura en la ley pero no se aplica es el juicio por jurado…
Es cierto que hay muchos juristas y especialistas que son críticos, pero donde sí se aplicó pudimos observar que está funcionando.
Es cierto que las instituciones humanas no son perfectas y un jurado podría cometer errores, y el grado de perversión que muchas veces encontramos en la justicia “profesional” es una muestra de ello.
– ¿Cuál debería ser el rol de la Agencia Federal de Inteligencia?
– Lo que la ley dice que tienen que hacer los servicios de inteligencia es la producción de información de la mayor calidad posible, pero no son operativos: es decir, no hacen de policía, no detienen, desbaratan bandas ni realizan investigaciones judiciales.
Por poner un ejemplo, si hay riesgo de que alguna organización terrorista pueda tener objetivos en Argentina, la AFI tendría en ese caso que elaborar información para que quien corresponda tome las medidas necesarias.
En los principales servicios de inteligencia del mundo trabajan analistas, gente preparada y un porcentaje muy chiquito de aquellos que recolectan información de campo, algo también que deberían hacer personas con mucha preparación y no improvisados. Básicamente, son equipos de analistas y no espías.
– Alguna vez dijiste que “la seguridad no es sólo un problema de justicia social”, algo que me hizo acordar al contrapunto que tuvieron meses atrás Sabina Frederic y Sergio Berni…
– No negamos que las condiciones sociales no tengan influencia. El punto es que el delito o la lucha contra las organizaciones criminales no es un problema de pobreza. Entiendo que se intenta poner en discusión la criminalización, pero en última instancia también se criminaliza cuando se señala la pobreza como condición para el delito. Eso es falso.
Los negocios criminales no los manejan los pobres. Y si bien es cierto que las organizaciones criminales tienen la capacidad de reclutar a chicos en situación vulnerable, y es importante trabajar para combatir esa condición de vulnerabilidad, es falso creer que las políticas sociales de largo plazo van a resolver ese tipo de delito.
Mientras aplicas políticas sociales, la acción del Estado tiene que apuntar a desbaratar los negocios criminales. El robo de vehículos tiene un mercado atrás, el narcotráfico también. El crimen es plata, y es ahí donde tenemos que apuntar.
– ¿Estás a favor de una posible despenalización o legalización de la marihuana?
– Es ridícula la cantidad de energía y recursos que hoy utiliza la policía por unos pibes que se están fumando un porro en la esquina. Lo primero que tenemos que hacer es despenalizarla. Por otra parte, la política de legalización es mucho más compleja, y una muestra de ello es el problema que tenemos con el alcohol, una droga legalizada que hace estragos.
*Fuente: CANAL ABIERTO
