Luna Gámez /Resumen Latinoamericano /2 de marzo de 2020
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quiere legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas, lo que tendría consecuencias nefastas para los modos de vida de sus habitantes y la protección del medio ambiente.
Diversas comunidades indígenas en Brasil se ven obligadas a organizar sus propias redadas y mecanismos de defensa contra los invasores que pretenden extraer ilegalmente recursos naturales de sus tierras. El actual gobierno de 
Jair Bolsonaro, que viene ignorando estas amenazas contra los pueblos originarios y contra la destrucción del medioambiente, ha presentado un proyecto de ley para legalizar ciertas actividades económicas en las áreas indígenas oficialmente demarcadas y protegidas.
«Espero que este sueño (…) se concretice porque el indio es un ser humano exactamente igual a nosotros«, declaró Bolsonaro el día 5 de febrero tras firmar el proyecto de ley para legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas. La medida prevé que tanto los habitantes de estas comunidades como agentes externos puedan desarrollar actividades de extracción de petróleo, gas, minerales o explotación del potencial hidráulico.
En caso de aprobarse esta medida, 177 tierras indígenas se verían directamente afectadas, además de seis grupos ancestrales que viven todavía aislados, según advierte la organización internacional Survival. Los
Yanomami serían uno de los grupos más afectados por la legalización de la minería en tierras indígenas, ya que existen 678 solicitudes de extracción de minerales en esta tierra al norte de Brasil y fronteriza con la Guayana. Al margen de la aprobación de estas demandas, numerosas actividades de extracción minera ilegal tienen lugar constantemente en áreas indígenas y otras reservas ambientales. Las poblaciones invadidas sufren tanto la invasión de los extractores como las consecuencias de la contaminación producida por esta actividad.
«Este agua sucia está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo. Nuestros peces están llenos de mercurio», declaró Alessandra Korap Munduruku, una de las más activas líderes en defensa de su pueblo en diciembre, en Brasilia, donde fue a denunciar la contaminación del río Tapajós como resultado de la minería.
Autogestión frente a las invasiones para extraer recursos en tierras indígenas
Las invasiones ‑en muchas ocasiones respaldadas por grupos armados- tienen como objetivo emprender actividades ilícitas de minería, plantaciones o extracción de madera en estas reservas. Además, en algunos casos, los terratenientes ocupan pedazos de terreno para disputar la propiedad del lugar con los pueblos indígenas aunque haya un reconocimiento oficial del Estado concluido o en proceso a favor de las comunidades ancestrales.
La demarcación geopolítica de una Tierra Indígena (T.I.) tiene como finalidad reconocer el vínculo ancestral de estos pueblos con un cierto territorio así como asegurar sus modos de vida de interdependencia y protección del medio ambiente. Cuando este proceso de reconocimiento se culmina, la tierra delimitada pasa a pertenecerles colectivamente. Tienen derecho al usufructo sustentable de los recursos que allí se encuentran, excepto las riquezas del subsuelo que no pueden ser extraídas así como tampoco pueden desarrollar actividades de monocultivos intensiva. A pesar de que tanto la Constitución brasileña como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge el derecho de las poblaciones ancestrales de acceso a la tierra, el Gobierno brasileño ha hecho oídos sordos en muchos casos históricos de invasión de propiedades.
Frente a esta situación, hoy acentuada por el presidente Bolsonaro, que incentiva la explotación de recursos naturales principalmente de la Amazonia y desprestigia las formas de vida tradicionales de las poblaciones indígenas, estas comunidades organizan sus propias redadas de vigilancia para impedir la extracción ilegal de recursos en sus tierras.
«Cuando el gobierno dice que no va a demarcar más tierras indígenas lo que está haciendo es declarar nuestra muerte», explica Alessandra Korap, miembro de la etnia Munduruku. Ella argumenta que un territorio oficialmente demarcado y gestionado por una forma de vida ancestral está más salvaguardado que las áreas de selva vacías y vulnerables a la expoliación. «La selva se mantiene gracias a las poblaciones que hemos vivido siempre dentro de ella para defenderla. Cuando el presidente dice que va a legalizar la minería o la agropecuaria en las áreas reservadas estimula que lleguen más invasores que se sienten respaldados por el Gobierno«, añade esta líder indígena, y enfatiza: «Bolsonaro se inventa leyes para matarnos a los indígenas y para darles beneficios a los terratenientes».
Actualmente, una gran parte de las actividades de minería ilegal de la Amazonia están concentradas en los límites entre el estado de Mato Grosso y Pará, más específicamente entorno al río Tapajós, de acuerdo con las informaciones del Instituto Chico Mendes de Conservación para la Biodiversidad (ICMBio). Una parte de estos emprendimientos clandestinos están en territorio de la etnia Munduruku ‑con una población que ronda las 14.000 personas distribuidas en 130 aldeas- motivo por el que este pueblo ha puesto en marcha sus propias expediciones de vigilancia y de expulsión de invasores a pesar del peligro implícito en estos enfrentamientos.
«Nunca hemos recibido ninguna ayuda institucional para protegernos», relata Korap, que explica que la organización de sus grupos de vigilancia autogestionada es de extrema confidencialidad por motivos de seguridad de las propias comunidades indígenas. «En julio de 2019 encontramos unos extractores de madera en nuestra tierra, tras las negociaciones se retiraron, se llevaron las máquinas y nosotros creamos nuevas aldeas para proteger esa parte», detalla. Esta etnia indígena, que organiza redadas de vigilancia con cierta asiduidad, también ha desarrollado otros proyectos autónomos como el Mapa de la Vida Munduruku, donde ubicaron sus lugares sagrados amenazados por la construcción de varias hidroeléctricas en el río Tapajós. Este trabajo fue posteriormente difundido por Greenpeace.
Korap explica que su pueblo siempre estuvo alerta y movilizado para denunciar las violaciones de sus derechos, aunque hasta ahora no recibieron respuestas. «Por eso ahora vamos con nuestras propias manos y cuerpos a defender la tierra, no podemos esperar ni al gobierno ni a ninguna institución porque ya esperamos demasiado», afirma esta líder. «Estamos denunciando desde hace más de 20 años los madereros y mineros pariwat (blancos invasores) y siempre tenemos que acabar actuando solos. Pero no nos vamos a rendir», relata el comunicado de este pueblo ancestral, titulado ‘El desgobierno de Brasil no habla por el pueblo Munduruku’, que circula desde finales de septiembre en un intento desesperado de pedir ayuda ante la amenaza institucional.
Las patrullas indígenas autogestionadas también se enfrentan a madereras y a incendios criminales
La extracción ilegal de madera continúa siendo otro de los principales motivos de invasiones contra las que los grupos indígenas deben enfrentarse, en muchos casos con el precio de la muerte, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que mapea la deforestación ilegal y los incendios en áreas protegidas, como las tierras indígenas. En un reciente enfrentamiento donde madereros ilegales respondieron a tiros frente a la llegada del grupo de vigilancia autogestionado de la etnia Guajajara ‑conocido como ‘Guardianes de la Naturaleza’-, falleció un joven de esta comunidad, Paulinho Guajajara.
Este episodio es una amenaza recurrente para la gran mayoría de pueblos ancestrales de Brasil, que cada vez están más decididos a defender sus tierras y los ecosistemas que los rodean. «Las invasiones no paran. El año pasado crearon un nuevo asentamiento ilegal en nuestra tierra, dicen que la tierra es de ellos y el gobierno local (del municipio de Brasnorte) les apoya», explica Marta Tipuici, indígena de la etnia Manoki, que también cuentan con sus propias patrullas de vigilancia.
La Tierra Indígena Manoki, también conocidos como indígenas Irantxe y localizados en el estado de Mato Groso, fue oficialmente demarcada en 2008 y tiene una extensión de 206.000 hectáreas donde viven 250 personas. No obstante, y según explica Tipuici, los Manoki sufren las invasiones desde la dictadura militar (1964−1985) debido a una antigua disputa de linderos. Este área, situada en una región amenazada por la deforestación para la instalación de actividades agrícolas intensivas de soja y ganado, entre otras, sufrió además las crueles consecuencias de los incendios de 2019.
Entre enero y septiembre de este año, el INPE registró 186 focos de incendio solo en la Tierra Manoki. «Los incendios los provocan los invasores», relata Tipuici, que especifica que una gran parte de selva virgen que rodea sus aldeas desapareció bajo las llamas. «Los productores que ocupan nuestra tierra están ahora más valientes que nunca porque confían en lo que promete el actual Gobierno».
Los Manoki, al igual que los Munduruku y los Guajajara, también cuentan con un sistema propio de vigilancia contra invasiones. Cuando encuentran alguna actividad ilícita o campamentos clandestinos en sus tierras, contactan con los órganos gubernamentales de fiscalización ambiental, entre los que destaca el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), con la esperanza de que los funcionarios de la institución consigan expulsarlos. «A finales de agosto conseguimos pillar por sorpresa a algunas personas quemando en nuestra tierra, hicimos fotos con un dron que tenemos para denunciarlos, el fuego acabó siendo enorme y todavía no se ha castigado a los culpables», declara Tipuici, reconociendo que no siempre reciben respuesta de las instituciones a las que reportan las intervenciones criminales.
A pesar de las dificultades, los Manoki realizaron en 2019 seis grandes expediciones de vigilancia que duraron varios días por su extenso territorio. En tres de ellas se encontraron con invasores y debieron negociar por sí solos, sin ningún amparo de las autoridades. «Está claro que tanto el Gobierno municipal como el nacional no quieren que cuidemos de nuestra tierra», exclama Tipuici, que afirma que existen altos riesgos de que los grupos de terratenientes continúen provocando incendios clandestinos para deforestar y ocupar parte de sus tierras con actividades extractivas o de producción agropecuaria.
RT*
