El terreno de la legalidad burguesa del parlamentarismo no es solamente un campo de dominación para la clase capitalista, sino también un terreno de lucha, sobre el cual tropiezan los antagonismos entre proletariado y burguesía. Pero del mismo modo que el orden legal para la burguesía no es más que una expresión de su violencia, para el proletariado la lucha parlamentaria no puede ser más que la tendencia a llevar su propia violencia al poder. Si detrás de nuestra actividad legal y parlamentaria no está la violencia de la clase obrera, siempre dispuesta a entrar en acción en el momento oportuno, la acción parlamentaria de la socialdemocracia se convierte en un pasatiempo tan espiritual como extraer agua con una espumadera. Los amantes del realismo, que subrayan los «positivos éxitos» de la actividad parlamentaria de la socialdemocracia para utilizarlos como argumentos contra la necesidad y la utilidad de la violencia en la lucha obrera, no notan que esos éxitos, por más ínfimos que sean, solo pueden ser considerados como los productos del efecto invisible y latente de la violencia.
Rosa Luxemburg escribió estas palabras brillantes que explican la verdad cruda en los premonitores debates de 1906 a raíz de la oleada revolucionaria de 1905 en Rusia, pero las causas del debate habían surgido mucho antes. El movimiento ludita inglés asfixiado con la horca en 1816 ya lo anunció de alguna forma, pero fueron las luchas obreras y las contradicciones interburguesas en la Inglaterra de 1832 las que sentaron las bases objetivas o, si se quiere, los contenidos objetivos insalvables de todo debate posterior sobre las relaciones entre la lucha de clases y el reformismo parlamentario. A la vez, en esos mismos años el socialismo utópico confirmaba los límites insuperables del pacifismo interclasista frente a la dureza flexible del Estado. Ciñéndonos a Europa, tres ulteriores choques entre el capital y el trabajo terminaron por dar objetividad al debate: la revolución de 1848, la Comuna de París de 1871 y las leyes antisocialistas alemanas de 1878 – 1890. Sintetizando esta experiencia Marx sostenía, en 1881, que:
Un gobierno socialista no puede ponerse a la cabeza de un país si no existen las condiciones necesarias para que pueda tomar inmediatamente las medidas acertadas y asustar a la burguesía lo bastante para conquistar las primeras condiciones de una victoria consecuente
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Toda Huelga General, lo mismo que cualquier otra forma de movilización, resistencia, boicot, protesta, recuperación de bienes, huelga sectorial y parcial, motín, sublevación, etcétera, al margen de los métodos que emplee tiene como objetivo elemental mostrar al capital y al opresor que no puede seguir violando, conculcando, explotando… porque sufrirá las consecuencias de sus injusticias, es decir, buscan «asustar a la burguesía» enseñándole la organización, fuerza y conciencia de las y los oprimidos. La acción de crear valores de uso fue el inicio de la antropogenia, la desobediencia se enfrentó a la propiedad privada y la obediencia será la muerte de nuestra especie: estos y no otros son los contenidos objetivos insalvables del debate planteado contra la propiedad privada por la humanidad oprimida, contenidos que Rosa Luxemburg nos recordó en 1906.
¿Qué tiene que ver esta objetividad histórica con los fines defensivos u ofensivos de la Huelga General del 30 de enero en Euskal Herria, ahora que tanto se rechaza la existencia de la verdad como dialéctica de lo concreto, lo objetivo, lo absoluto y lo relativo? Todo. Cuando decimos que la lucha de clases impone los «contenidos objetivos del debate» queremos decir que las cuestiones a dirimir son parte de las contradicciones esenciales de la historia de las formas de propiedad privada en general y en particular de la capitalista, que determinan tendencialmente la vida social al margen de las creencias subjetivas, individuales, de las personas, por muchas ilusiones fantasiosas que les hayan inculcado desde la infancia o a las que se hayan rendido en sus giros al reformismo.
Son determinaciones tendenciales porque su evolución depende de la lucha entre los Estados que quieren imponer las soluciones burguesas y las resistencias obreras y populares en defensa de sus derechos. Cuando chocan el derecho del capital a explotar y el derecho del trabajo al socialismo, decide la fuerza. Precisamente, es esto lo que significa «objetividad del debate»: que cualquier formación política que en debates decisivos, como son los que tocan lo planteado por Rosa en 1906, olvide o niegue la existencia de contradicciones antagónicas subterráneas que mueven la realidad, termina aplastada por los temporales que ellas generan. Su desprecio por la realidad facilita que más temprano que tarde se impongan los intereses del capital, unas veces de forma suave, «democrática»; otra de manera autoritaria, leyes represivas contra la izquierda; y cuando la resistencia obrera es fuerte, con la brutalidad. La primera forma, la «democrática», es la común siempre que el proletariado se limite a reivindicaciones defensivas, para recuperar derechos que tuvo y que le han quitado, sin cuestionar ni la propiedad ni el poder burgués, solo deseando volver a la explotación anterior, a la «normalidad social». La segunda forma, la autoritaria, la sufre ahora mismo el pueblo trabajador vasco bajo los golpes de Macron y del Estado francés, además del resto de las clases obreras, o con especificidades también las sufre la nación catalana, la chilena, la colombiana, la ecuatoriana…
Entre ambos métodos se intercalan otros muchos niveles de represión invisible o visible: D. Trump aplica una compleja interacción de formas flexibles y duras, y hasta métodos inhumanos contra sectores concretos de la población, contra niñas y niños migrantes, la terrible «caza del esclavo», los ataques al elemental derecho de aborto, el impulso al creacionismo, el desmantelamiento de la muy limitada sanidad pública, promesa incumplida por Obama, sin hablar ahora de su política imperialista que, por citar otro ejemplo, facilita que solo sea potable el 3% de la escasa agua que le permite Israel a Gaza. El gobierno derechista de la India bloquea internet en las grandes conurbaciones en las que se cuece la rebelión ante el autoritarismo al alza. En Alemania el avance del empobrecimiento es tal que la burguesía implementa en silencio nuevas leyes para, en su momento, derrotar las protestas populares, sin duda aprendiendo de la Inteligencia francesa que ya advirtió a su burguesía de la probabilidad de motines populares. Y por no extendernos, Bruselas dice que va a pensar en organizar una comisión para que organice un debate sobre un posible salario mínimo para la Unión Europea, mientras que deja que el nazifascismo se reorganice.
Y la tercera forma es la que se ha impuesto con el golpe de Estado en Bolivia, por referirnos al caso más reciente, que también tiene varias intensidades y alcances pero que siempre busca lo mismo: derrotar profunda y duraderamente a la clase trabajadora, anulando de hecho la democracia burguesa. Esta tercera solución es tan obvia que no la detallamos aquí.
Hemos realizado este rapidísimo viaje en el tiempo desde 1906 hasta ahora para ver cómo se extreman, amplían e integran las violencias centralizadas estratégicamente por los Estados para comprender mejor el decisivo debate sobre el contenido defensivo u ofensivo de la Huelga General. La diferencia entre el contenido defensivo u ofensivo radica no tanto en la tabla de reivindicaciones cuanto en la perspectiva sociopolítica de medio y largo plazo en la que se integra la Huelga General. La gran mayoría de las reivindicaciones están orientadas a detener la ofensiva burguesa y recuperar derechos perdidos. Es innegable que esta es una tarea fundamental sin la cual no se puede avanzar más allá. Es innegable que detener la ofensiva del capital reconquistando derechos elementales arrancados después de haber sido conquistados con largas y costosas luchas en el pasado, supone una victoria necesaria para de inmediato y sobre ella, avanzar a la autoorganización del pueblo trabajador, reforzar su conciencia de clase compleja y rica en facetas y contenidos particulares, y construir un proyecto básico e integrador, polícromo, de independencia socialista.
En el contexto imperialista actual, las reivindicaciones de esta Huelga General tomadas como programa radical en sus fines y medios, pueden llegar a ser inconciliables con el capitalismo siempre y cuando se mantengan dentro de una estrategia ofensiva, sean bases de arranque para otras luchas más avanzadas inmediatamente posteriores, no simples estaciones de llegada definitiva en cada reivindicación aisladas unas de otras, separadas totalmente del resto. Una Huelga General defensiva es la que renuncia a preparar otra Huelga General más fuerte que la anterior, porque cree que es suficiente, que la burguesía no contraatacará para anular esas y otras conquistas, que se limitará al «juego parlamentario» una vez restablecida la «normalidad social», a la «paz».
De todas las reivindicaciones planteadas, hay dos bloques que tienen más carga ofensiva explícita. Primero, anular las llamadas «reformas laborales» del PSOE y del PP, no de Zapatero y Rajoy, porque fueron y son ataques reaccionarios planificados y aplicados por esos partidos vitales para el capitalismo español, en unidad estratégica de fines y medios con el imperialismo occidental. No fueron ni podían ser decisiones individuales sino medidas imprescindibles para el capitalismo occidental que, en su estrategia básica, ya las estaba imponiendo paulatinamente sobre todo desde mediados de la década de 1980. La crisis de 2007 exigió un endurecimiento salvaje de esas medidas contra muchos pueblos. Es tarea de las fuerzas revolucionarias explicar que la frase: «Dejar sin efecto las reformas laborales de Zapatero y Rajoy» en realidad quiere decir derrotar la única estrategia del capitalismo en cuanto tal.
¿Y sustituirla por qué programa obrero y popular? Después de las derrotas y giros espectaculares, y teniendo en cuenta las transformaciones habidas en el último tercio de siglo debido a la ofensiva mundial del capitalismo desde mediados los años 80, está claro que la elaboración de la estrategia revolucionaria debe sostenerse en la independencia de clase del pueblo trabajador nucleado alrededor del proletariado. Aquí aparece el segundo bloque con más carga ofensiva explícita:
Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social – Derecho de trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria a decidir la mejor manera de garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones dignas – Derecho a decidir nuestro propio modelo de relaciones laborales, así como un marco propio de negociación colectiva sin ningún tipo de injerencia.
Entendido desde la perspectiva revolucionaria, esta reivindicación tan sucinta tiene tres contenidos inconciliables con el capital: Euskal Herria es un marco autónomo de lucha de clases; es el pueblo trabajador el que decide su destino, el de la nación trabajadora vasca; y la frase «derecho a decidir nuestro propio modelo de relaciones laborales» significa, dicho en marxismo, acabar con las relaciones de explotación asalariada, porque «relaciones laborales» es un eufemismo que oculta la objetividad de las relaciones de explotación asalariada imprescindibles para la extracción de plusvalor, plusvalía y ganancia, por este orden. Volvemos a lo que decíamos sobre los contenidos objetivos del debate: la burguesía vasco-española, el Gobierno PSOE-UP, ERC con su neoliberalismo, etc., saben que las «relaciones laborales» son las disciplinas que obligan a la clase obrera a dejarse explotar por un mísero salario en beneficio del capital.
En su contenido revolucionario, las tres características son la base práctica de la que, en el fragor de la lucha de liberación nacional de clase, puede surgir tarde o temprano la estrategia capaz de orientar la praxis que destruya el capitalismo tal cual es en la tercera década del siglo XXI. Sin ellas es imposible. Por eso las quiere liquidar el Estado español, la patronal vasca y el reformismo político-sindical, que ni siquiera llega a ser la «izquierda de Su Majestad». Pulverizadas en polvo incoloro manipulable por el reformismo, las tres se reducen a eslóganes mitineros y electoralistas que durante un tiempo sostienen las esperanzas populares hasta que la juventud obrera y sus organizaciones reinicien las luchas.
Sin embargo, el potencial de avance ofensivo que tienen estas reivindicaciones, choca de inmediato con la impotencia que se esconde en el deseo de «instar a las instituciones de la CAPV y Navarra a que asuman sus responsabilidades y tomen las medidas necesarias para avanzar en ese camino». Las «responsabilidades» de las instituciones de la CAPV y Navarra consisten en impedir que se materialice el potencial visto porque no son ni siquiera «instituciones neutrales» sino parte de la arquitectura del poder español en su forma particular autonómica y singular vascongada y navarra. Un poder que no duda en reducir prácticamente a nada varios de los puntos firmados con solemnidad entre el PSOE y UP hace muy poco tiempo. Que PNV, PSOE, UP, PP‑N+, UPN, CCOO, UGT, etc., combatan la Huelga General por sus contenidos y objetivos sociopolíticos, indica que harán todo lo que haga falta para que las instituciones españolas en Euskal Herria cumplan con sus «responsabilidades», como lo llevan haciendo desde que fueron impuestas.
Llegados a este punto debemos releer a la Rosa de 1906 y al Marx de 1881: aceptando por ahora la hipótesis de que la libertad futura debiera pasar obligatoriamente por las instituciones de la descentralización autonómica española, en esta hipótesis y para evitar el entristecedor espectáculo del Parlamento catalán de estos días, o del Parlamento de la CAPV cuando en 2005 un PNV aliviado por no tener que enfrentarse al Estado lo festejó comiéndose el Plan Ibarretxe con angulas regadas con txakolí, haría falta, en este escenario, una poderosísima ofensiva obrera y popular consciente de que «para el proletariado la lucha parlamentaria no puede ser más que la tendencia a llevar su propia violencia al poder».
Siempre en esta hipótesis, desde la calle y con la fuerza electoral alcanzada gracias fundamentalmente a la lucha exterior a las instituciones españolas en Euskal Herria, el poder popular cambiaría cualitativamente su naturaleza burguesa y estatal durante unos momentos, justo el tiempo necesario para que se aprobaran leyes que asustasen a la burguesía y sancionaran con la nueva legalidad popular las previas conquistas obreras. Justo serían necesarios unos instantes porque el Estado contraatacaría en el acto tanto con el artículo 155 como con el resto de violencias materiales y morales mejorando sus métodos gracias a las lecciones aprendidas en Catalunya, si no es que antes no hubiese aplastado ya el avance popular. ¿Cómo lo haría? Primero con el apoyo de quienes ahora combaten la Huelga General y si no fuese suficiente… incluso con la legión.
En el capitalismo de la tercera década del siglo XXI, el contenido de la tabla reivindicativa de la Huelga General es un peligro objetivo para la burguesía a pesar de sus lagunas, que puede y debe materializarse, saltar de potencia a acto, gracias a la estrategia revolucionaria en proceso de reelaboración. La debilidad de la Huelga General no radica en sus contenidos sino en la perspectiva política de muchas de las fuerzas convocantes que, como hemos visto, creen que las instituciones españolas en Euskal Herria son el medio idóneo para avanzar a la libertad concreta; o sabiendo que eso no es cierto silencian sus ideas para consensuar el documento oficial en el que sí se defiende esta tesis falsa. Una de las muchas tareas que debe realizar la izquierda naciente es la de demostrar que Argala, Rosa, Marx… siguen teniendo razón.
Iñaki Gil de San Vicente
Euskal Herria, 28 de enero de 2020
