¿Qué hacer en la nue­va eta­pa polí­ti­ca en el Principat?

Introducción

En las resoluciones de la IX Asamblea Nacional de Endavant, se planteó un análisis de coyuntura nacional y un seguimiento de las propuestas políticas para el conjunto de los Països Catalans como para cada uno de sus territorios. El presente documento desenvuelve la táctica política para los próximos meses en relación a la coyuntura del Principat de Catalunya, a partir de los elementos debatidos y aprobados en la Asamblea Nacional.

La autodeterminación es una revolución política

La práctica del derecho de autodeterminación ha significado, desde sus primeras expresiones, una fuerza revolucionaria, transformadora, capaz de derrumbar imperios, acabar con Estados fundamentados en una dominación injusta y hacer avanzar la soberanía popular, la igualdad individual y colectiva y la democracia real en manos de la mayoría del pueblo. Tanto el derecho como el principio de autodeterminación, desde sus primeras formulaciones, han sido absolutamente temidos por las clases dominantes y los Estados consolidados por una razón bien sencilla: ejercer la autodeterminación implica la posibilidad de la plena independencia nacional y, por tanto, también la posibilidad de cambiar las relaciones de autoridad y de dominación social impuestas por las élites propias y foráneas en el terreno económico, político y social.

Uno de los objetivos estratégicos de la Izquierda Independentista es el ejercicio de la autodeterminación de los Països Catalans como paso hacia la plena independencia nacional. Ejercer la autodeterminación significa, en el estado actual de las cosas, materializar una auténtica revolución política. Incluso pensando únicamente en el ejercicio del derecho de autodeterminación para el Principat de Catalunya, tal como lo hace el procesismo y probablemente también una parte de la Izquierda Independentista, solo es posible haciendo una revolución política que modifique, a la vez, el tipo de relaciones sociales y económicas sostenidas en la arquitectura institucional de la España de las autonomías.

Es muy sencillo: solo se puede ejercer la autodeterminación en los Països Catalans mediante una ruptura absoluta con la legalidad instituida del reino de España y con el ordenamiento fijado por la Unión Europea, en un momento de ruptura con los fundamentos institucionales del Estado y mediante la confrontación y desobediencia abierta a todas aquellas acciones legales y políticas consideradas injustas y represivas. La lógica del ejercicio de autodeterminación que va de la ley a la ley, de la superioridad de la legalidad catalana y del amparo de la legislación internacional desenfoca el hecho esencial del ejercicio de la autodeterminación: se trata de una cuestión de lucha por el poder, de lucha por la soberanía y de movilización de un pueblo, y no de una cuestión jurídica, legal ni formal. Por lo tanto, por mucho que los diversos tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos reconozcan el derecho de los pueblos a la autodeterminación, lo fundamental para ejercer la autodeterminación, tal como se ha constatado en varias ocasiones, es tener un pueblo organizado y dispuesto a movilizarse hasta las últimas consecuencias para determinar libremente su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural.

Balance crítico del último medio año

Han pasado seis meses desde el 1 de octubre, cuando una mayoría de la sociedad catalana en el Principat de Catalunya ejerció el derecho de autodeterminación en un referéndum. El resultado fue claro, incontestable, al igual que lo fueron la potencia de la movilización y la organización popular por la autodeterminación y la independencia. Este resultado debía ser llevado a la práctica en términos políticos, materializado, por aquel gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, que había convocado legalmente un referéndum de autodeterminación -cabe recordarlo- de carácter vinculante. Por tanto, en consonancia con lo que se había dicho que se haría, la proclamación de la República Catalana debería haber ido acompañada de la aprobación de una serie de medidas, de decretos de la nueva República, destinados a hacerla la efectiva y a formalizar y comunicar la ruptura con la monarquía española. La fuerza de la movilización popular, tanto el día del referéndum como el de la huelga general del 3 de octubre, avalaba claramente la opción de la ruptura republicana y, al mismo tiempo, abría la posibilidad de una defensa popular de esta república a través de la desobediencia y la confrontación con el Estado. La huelga posterior, del 8 de noviembre, volvió a certificar que existía una voluntad popular masiva dispuesta a sostener una ruptura republicana a través de la acción colectiva, práctica, organizada y abiertamente combativa. Como es sabido, el 27 de octubre se optó por hacer un gesto de ruptura simbólico en sede parlamentaria sin ninguna voluntad de acompañarlo de una acción política práctica de tipo gubernamental ni, mucho menos, de la activación de la movilización popular necesaria para convertir este gesto simbólico en una disputa abierta, sobre el terreno, con la fuerza de la gente y contra el poder del Estado.

Las consecuencias de haber derrochado ese capital político fundamentado en la movilización popular han sido nefastas. La falta de voluntad política rupturista que ha caracterizado la acción del soberanismo gubernamental después del 27 de octubre y después de las elecciones del 21-D, ya con la imposición del 155, han conducido a reducir la potencia política surgida de haber ejercido la autodeterminación del 1 de octubre, de haber hecho ganadora la opción independentista, de haber materializado dos huelgas generales de ruptura republicana y de haber proclamado, finalmente, la República Catalana en sede parlamentaria. El resultado de esta falta de decisión política, por acción u omisión, ha tendido a neutralizar y rebajar la fuerza de la movilización popular independentista para canalizarla hacia un terreno de juego, el de la defensa de las instituciones autonómicas, que no permite en ningún caso desplegar la República Catalana.

Por el contrario, la negativa a canalizar la fuerza política del 1 de octubre para disputar abiertamente el proyecto independentista de República Catalana al poder de un Estado regresivo, protofascista, anticatalán y edificado en la antidemocracia ha hecho que el soberanismo gubernamental asuma una agenda política sostenida en:

  1. La falacia de la recuperación de unas instituciones autonómicas sin ni siquiera tener competencias autonómicas, desde bien antes de la aplicación del 155.
  2. La lógica antirepresiva como criterio central para fijar la estrategia política independentista.
  3. El espejismo de que la negociación con el Estado es posible en vista a un referéndum pactado que permita una autodeterminación low cost.
  4. La progresiva sustitución de la demanda del ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía por la demanda del reconocimiento de los derechos y las libertades civiles, que, separadas la una de la otra, desdibujan el estado actual del conflicto contra el Reino de España que afecta al pueblo catalán.

¿Dónde estamos y dónde queremos ir?

Octubre abrió un escenario con posibilidades para el desbordamiento político, capaz de generar escenarios incontrolables por donde se pudieran colar la ruptura y la desobediencia. Después de no haber defendido la República proclamada el 27 de octubre y de haber acatado las elecciones del 155, estas posibilidades se alejaron.

El independentismo en el Principat no está en disposición de materializar una república independiente de forma inminente. Dejó escapar la oportunidad de octubre y las direcciones políticas de los sectores mayoritarios han optado por una estrategia a medio plazo de lograr un referéndum pactado.

Ahora bien, el independentismo de raíz popular tiene aún la capacidad de mantener abierta la confrontación democrática con el Estado y someterlo a desgaste y a unas contradicciones que muestren su verdadera cara. Asimismo, el repliegue autoritario de este Estado y la asunción de medidas recentralizadoras y neoliberales en las autonomías españolas en las que se encuentran divididos la mayor parte de los Països Catalans nos brindan la opción de poder construir un proyecto político verdaderamente nacional. Es decir, existen condiciones para construir un nuevo escenario aún más potente que el del pasado octubre, y no circunscrito exclusivamente a las fronteras autonómicas del Principat de Catalunya.

Ahora mismo, el potencial que tenemos como proyecto político es la capacidad de mantener e intensificar el conflicto con el Estado español, no solo en Catalunya sino en los Països Catalans, a partir de la denuncia de los límites del sistema autonómico. La aprobación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, con unos recortes de 353 millones de euros menos para la Comunidad Valenciana, 780 millones de euros menos para el Principat de Catalunya y 67,3 millones de euros menos para las Islas Baleares, precarizará aún más las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de las mujeres, en mayor medida, y terminará de certificar las herramientas autonómicas como herramientas inútiles para garantizarnos una vida digna. La agresividad con la que España se recentraliza, a través de la laminación de las escasas autonomías, con el fin de fortalecer el proyecto nacionalista español y preservar los intereses económicos del IBEX 35 y de las grandes oligarquías nos lo debe poder facilitar.

La tarea actual del independentismo en el Principat, en la que la izquierda independentista tiene un papel fundamental, es la de mantener abierta esta confrontación, evitar cualquier escenario de pacto en la perspectiva de un nuevo encaje político dentro del Estado y trabajar para construir un nuevo escenario de ruptura en clave nacional.

El anterior escenario de ruptura se construyó a partir de la toma de conciencia independentista de las bases del autonomismo y de los intentos de las élites políticas del catalanismo para canalizar esta toma de conciencia. Esto significaba arrastrar parte de la cultura política del autonomismo, desde la falta de proyecto nacional para los Països Catalans hasta la sacralización de las instituciones.

El nuevo escenario de ruptura deberá construirse sobre todo a partir de un programa político de unidad popular y de la conformación de un bloque de ruptura. El programa político de unidad popular debe situar la recuperación de soberanías, la defensa de derechos y el ejercicio de la autodeterminación como las reivindicaciones esenciales para poder hacer frente a los ataques contra los derechos nacionales y sociales de las clases populares de los Països Catalans, que irá llevando a cabo un Estado cada vez más bunkerizado. El bloque de ruptura debe conformarse en función de una estrategia que, en vez de atrapar estas reivindicaciones en los entramados institucionales del Estado, las vehicule a través del movimiento popular, el contrapoder y la idea esencial de que no hay cambio sin una verdadera revolución política. Y estos escenarios se deben construir en el ámbito nacional de los Països Catalans, a partir de un proyecto nacional.

Ahora mismo, es imposible generar ninguna alternativa política tomando como centro de gravedad el parlamento autonómico. La alternativa política solo es posible generarla desde la movilización popular y la autoorganización política fuera de las instituciones y contra la lógica de estas. La tarea parlamentaria sigue siendo necesaria como herramienta de intervención política, pero no será a partir de ella de la que podremos hacer la alternativa política de unidad popular que nuestro pueblo necesita. Esto significa -y este documento es una aportación- que hay que reflexionar a fondo sobre cuál ha sido y cuál debe ser a partir de ahora nuestra estrategia parlamentaria para, precisamente, sacar el centro de gravedad político fuera de las instituciones.

En este sentido, creemos que el trabajo de la izquierda independentista en relación con el escenario político del Principat de Catalunya en la próxima etapa se basará en:

  • Reivindicar la movilización de masas experimentada el 1 de octubre como base de la lucha popular para la liberación nacional, de clase y feminista de los Països Catalans.
  • Hacer un trabajo político destinado a mantener abierto el conflicto democrático con el Estado y combatir los intentos de apertura de negociaciones para un nuevo encaje en España.
  • Construir un programa político de la Unidad Popular, basado en el ejercicio de la autodeterminación, la recuperación de derechos y soberanías y la construcción de una sociedad feminista.
  • Trabajar por la construcción y el ensanchamiento del movimiento popular para la independencia a partir de medidas que mejoran las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y de las clases populares.
  • Ejercer una lucha parlamentaria destinada a demostrar la falta de soberanía de las instituciones autonómicas.
  • Continuar el desarrollo del municipalismo de Unidad Popular en los Països Catalans a partir de la cultura política generada en la última década y alejado de los pactos por arriba entre partidos.

Estrategia de movilización popular

Ante la parálisis en el desarrollo de la República Catalana por parte del bloque independentista gubernamental, ante la inacción a la hora de hacer efectivos los resultados de haber ejercido la autodeterminación, ha sido en los espacios y prácticas de movilización popular donde, de manera clara, se ha persistido en mantener viva la legitimidad del 1 de octubre, reivindicar la independencia nacional y combatir los ataques represivos del Estado y de sus colaboradores, especialmente del cuerpo de policía autonómica de los Mossos d Escuadra. Con la misma intensidad, ha sido en los espacios de movilización popular donde la solidaridad antirrepresiva y la defensa de las libertades civiles y políticas ha aparecido con toda la fuerza.

Precisamente, en el contexto actual, hay que hacer crecer y alimentar políticamente las prácticas populares de movilización independentista y mantener la tensión permanente y la inestabilidad en el Parlamento y en las instituciones autonómicas.

Por tanto, es en los espacios de movilización popular donde hay que focalizar todos los esfuerzos para mantener abierto el conflicto con el Estado y poder avanzar hacia una nueva etapa del proceso de autodeterminación. Es en estos espacios de construcción de la Unidad Popular, eminentemente centrados en la movilización y en la práctica desobediente -como los CDR o los espacios feministas organizados que hicieron posible la huelga feminista del 8-M-, desde donde hay que hacerlo.

Creemos que las tareas que se deben hacer desde la movilización popular son las siguientes:

  • Denunciar el carácter antidemocrático del Estado español y del nacionalismo español como el cemento que imposibilita cualquier cambio de fondo si previamente no se ha roto con la unidad de este Estado.
  • Desarrollar una estrategia de no-normalización de la ocupación y de la represión que obligue al Estado a continuar mostrando su verdadera cara.
  • Profundizar en la denuncia de aquellos sectores sociales y económicos y de aquellas instituciones que secuestran la capacidad de decidir sobre los aspectos materiales y políticos de nuestra vida.
  • Profundizar en la consigna de república feminista y trabajar por materializarla en el seno del movimiento popular independentista.
  • Proponer y desarrollar una estrategia internacional alternativa. Destacar, difundir y argumentar el carácter internacionalista del proyecto popular republicano. Elaborar un discurso crítico con el Estado español y la Unión Europea y trabajar para tejer vínculos de solidaridad y apoyo mutuo con las clases populares y con los pueblos que también están subyugados por estas dos estructuras.
  • Abrir debates y reflexiones sobre táctica y estrategia en torno a la autodeterminación que estén alejados del ruido mediático y de las redes sociales, así como de la presión política partidista, y sean hechos de manera colectiva y con visión y participación nacionales.

Estrategia de lucha parlamentaria

La aplicación del 155 ha sido bastante favorable para el Estado. Ha demostrado la nula capacidad de resistencia de los cuadros políticos del gobierno autonómico y ha conseguido naturalizar la intervención sistemática sobre cualquier aspecto del autogobierno. Si algo ha demostrado la aplicación del 155, además de la voluntad de escarnio y humillación por parte del gobierno del Estado, es que la autonomía catalana era una carcasa tan vacía de soberanía que la pura gestión político-administrativa del grueso autonómico tanto puede hacerla un gobierno de la Generalitat como un gobierno del Estado o un delegado de este Estado.

A partir de ahora, cualquier gobierno autonómico que se constituya actuará bajo los parámetros de gestionar el estrechísimo margen existente entre el Estatuto de Autonomía y la intervención del Estado. La opción de construir ruptura desde las instituciones se ha terminado, si es que llegó a existir alguna vez. La intervención sistemática del Estado, que ya ha adquirido carta de naturaleza e incluso reporta réditos electorales en el ámbito estatal, impedirá construir espacios o estrategias para hacer República desde la administración autonómica.

Toda actuación normalizada de un gobierno autonómico, a pesar de que agite la bandera del soberanismo y de la confrontación retórica, jugará a favor de un escenario de distensión del conflicto y de posible pacto. Es decir, en contra de la independencia.

Ahora mismo, podemos identificar tres estrategias diferentes entre las fuerzas políticas que se reclaman del independentismo:

  • Una estrategia de regreso a la reivindicación genérica del derecho a decidir y del referéndum pactado, y de intentar ensanchar la base social a partir de la gestión de la autonomía.
  • Una estrategia que combina los posicionamientos de enfrentamiento simbólico con el Estado y la internacionalización del conflicto, como vías para ensanchar la base social, con la gestión autonómica para pactar un referéndum acordado con el Estado a medio plazo.
  • Una estrategia de unilateralidad que plantea construir toda la estrategia de contrapoder, movilización popular y desobediencia que careció octubre de 2017 con el fin de generar una nueva confrontación democrática con el Estado y ejercer la autodeterminación.

A pesar de los enfrentamientos partidistas, las dos primeras estrategias se basan esencialmente en el mismo: negar el carácter de revolución política del ejercicio de autodeterminación, depositar toda la legitimidad y soberanía en unas instituciones autonómicas y pretender buscar la fórmula para pasar de la ley a la ley. Estos tres elementos son precisamente las principales cerraduras que cierran la puerta a la plena autodeterminación.

El nuevo ciclo político

Una vez asumido que el soberanismo mayoritario descartó ir hasta el final con la estrategia de enfrentamiento con el Estado, hay que afrontar la decisión de cuál debe ser el papel de la Izquierda Independentista en el nuevo ciclo político abierto posteriormente a las elecciones del 21 de diciembre y a raíz de los diferentes debates generados en torno a la investidura.

Este posicionamiento debe basarse en pensar cuál de los escenarios posibles, en la actual correlación de fuerzas, nos permite desplegar mejor nuestro proyecto político y valorar si, en estos nuevos escenarios resultantes, las posiciones de la Unidad Popular se encuentran en disposición de avanzar o estancarse.

A partir de constatar que la estrategia rupturista en el seno del independentismo sigue estando en minoría en todos los nuevos escenarios, hay que mostrar claramente, en el ámbito parlamentario, el total desacuerdo con la estrategia de tensión controlada, legalidad, gestión ordinaria y bilateralidad del soberanismo gubernamental. Hay que hacer crecer los planteamientos de la Unidad Popular y de la estrategia rupturista siendo y haciendo oposición.

¿Hay que dar apoyo parlamentario al soberanismo gubernamental?

La Izquierda Independentista siempre ha estado plenamente implicada en todas las iniciativas necesarias para ejercer el derecho de autodeterminación, en el apoyo parlamentario a cualquier acto de confrontación democrática con el Estado y en cerrar el paso a iniciativas políticas que tendían a reforzar el programa de nacionalismo español encarnado por el bloque del 155.

El soberanismo gubernamental, sin embargo, siempre ha estado en minoría parlamentaria para poder aplicar su agenda de continuismo liberal y maquillaje liberal-progresista en materia social. Ha intentado alcanzar la mayoría envolviendo todas sus iniciativas políticas en materia social como «inevitables e imprescindibles» para continuar el camino hacia la autodeterminación y aplicando un chantaje político a la Izquierda Independentista.

Tras la renuncia a defender la proclamación de la república y tras el acatamiento del 155 ya no hay margen para construir desde el Parlamento ningún escenario de ruptura similar al del 1 de octubre. Ahora mismo, la correlación de fuerzas imposibilita a toda costa poder aplicar una política desde un hipotético gobierno que, sin hacernos trampas, no puede ser calificado de «republicano». La idea de un gobierno efectivo es una falacia, ya que las únicas políticas efectivas posibles serán aquellas hechas desde una lectura restrictiva del autonomismo y en el marco de la ortodoxia neoliberal impuesta por el Estado y la UE.

Es por todo ello que creemos que, en esta nueva etapa, el papel de la Izquierda Independentista en el Parlamento autonómico debería basarse en los siguientes principios:

Oposición política al gobierno autonómico. Una oposición destinada a obstaculizar todas aquellas medidas continuistas que tengan un impacto negativo en las condiciones materiales de vida de las clases populares, como los presupuestos o cualquier otra medida enmarcada en la «normalidad parlamentaria». Dar el apoyo parlamentario necesario para que el gobierno autonómico pueda actuar con normalidad significaría subordinarnos y blanquear la estrategia pactista sin que ello supusiera ningún avance para la autodeterminación. Por otra parte, la idea de la oposición constructiva no puede significar un apoyo enmascarado al gobierno autonómico.

Impulso de aquellas medidas urgentes de contenido político, social, económico y de género que permitan articular un programa de unidad popular para garantizar la adhesión y el apoyo de las mayorías trabajadoras y populares con la necesidad de ruptura con el Estado. Impulsar estas medidas desde la participación parlamentaria pero, sobre todo, desde el trabajo fuera de las instituciones, aglutinando los espacios organizados, desde la base. Como ya abordaron los «decretos de la dignidad», hablamos de medidas que garanticen los derechos esenciales de las clases populares. El contenido de este programa no debe ser negociable, sino un programa material de mínimos necesarios sobre los que el proyecto de Unidad Popular tiene que acumular fuerzas.

Apoyo a aquellas iniciativas encaminadas a fomentar el enfrentamiento democrático con el Estado. Este apoyo, sin embargo, debe estar condicionado a que estas iniciativas supongan avances tangibles para nuestra estrategia. No debemos dar ningún aval a iniciativas destinadas a cubrir el expediente en el ámbito simbólico.

Bloqueo a aquellas iniciativas que pretendan hacer avanzar el programa político del nacionalismo español. Hay que rebatir con claridad los discursos interesados que apelan a la «unidad» -es decir, a la subordinación de la CUP hacia el gobierno- para frenar el peligro de que el nacionalismo español gane batallas parlamentarias. La Izquierda Independentista siempre ha actuado nítidamente, evitando que esto ocurriera.

Rechazo a los chantajes políticos con los que, en nombre de la autodeterminación o de la «defensa de las instituciones», el soberanismo gubernamental quiera someter a la CUP y diluir su programa político.

¿Cuál debe ser el sentido político de la acción en el Parlamento en este nuevo período?

Ante nosotros, la Izquierda Independentista tenemos una disyuntiva: aceptar la tendencia de convertirnos en el ala izquierda del soberanismo gubernamental o entender la necesidad de que seamos el motor de la Unidad Popular.

Una de las tareas importantes es la construcción de un programa político de la Unidad Popular. Este programa es la suma de las propuestas de movilizaciones, espacios de lucha, organización popular, etc., capaz de suscitar una adhesión mayoritaria de las clases populares y, por tanto, convertirse en el motor alrededor del cual se articulen las opciones de cambio en los próximos años.

La tarea parlamentaria debe trabajar esencialmente para sumar en este proceso. Los elementos principales de acción parlamentaria serán la denuncia y la constatación de que las autonomías son administraciones vacías de soberanía. Esto no debe ser solo retórica parlamentaria, sino que se debe demostrar por la vía de los hechos, haciendo chocar las reivindicaciones populares con el muro del inmovilismo del Estado, destapando la intervención de facto de la autonomía y los titubeos de los sectores pactistas, tanto del soberanismo como del españolismo. Estas reivindicaciones populares son parte de lo que irá construyendo el programa político de la Unidad Popular; por tanto, no lo entendemos como una enumeración exhaustiva, sino como los mínimos sobre se que se puede articular este programa:

Garantizar, de manera urgente, una asistencia sanitaria universal pública, de calidad y equitativa, desobedeciendo la resolución del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional este derecho. Para poder garantizar una asistencia sanitaria universal es imprescindible un sistema sanitario de titularidad, gestión y provisión 100% públicas, y un único convenio para las trabajadoras sanitarias y para su dignificación laboral.

Garantizar el acceso a la vivienda y los suministros básicos; la expropiación de los pisos vacíos -propiedad de entidades bancarias sin compensación, por razones de interés general, para ampliar el parque público de viviendas, y el acceso universal a los suministros básicos. Todo ello, desobedeciendo la resolución del TC que declaraba inconstitucional medidas que avanzaban en este sentido.

Crear una banca pública para una economía al servicio de las clases populares y para evitar los fraudes bancarios, con el objetivo de recuperar el control sobre el ámbito financiero y de vincularlo con una actividad económica productiva no especulativa.

Tomar medidas urgentes en clave feminista contra el patriarcado y la violencia machista; restituir las medidas previstas por la Ley de igualdad declaradas inconstitucionales por el TC, y aplicar un paquete de medidas urgentes contra el patriarcado y la violencia machista a través del apoyo económico a todas las víctimas de la violencia machista y también de la recuperación de la gestión pública de todos los servicios de la red de atención y recuperación integral de las mujeres que la padecen.

Garantizar la gestión y la titularidad públicas de los centros sociosanitarios para socializar las tareas de cuidado, de envejecimiento y de sociodependència, y para garantizar un acceso universal, equitativo y de calidad, teniendo en cuenta que ahora mismo la red de centros sociosanitarios y servicios de cuidados es de gestión privada.

Integrar centros educativos concertados en la red pública y eliminar los conciertos a colegios que segregan por sexos.

Internalizar / expropiar los servicios estratégicos. Recordemos que Abertis (autopistas), Agbar (agua), Fomento de Construcciones y contratas (agua), Gas Natural Fenosa (gas y electricidad) y Cellnex (comunicaciones) son empresas que aprovecharon el decreto de Rajoy para irse de Catalunya y, por tanto, negaron el derecho a la autodeterminación. El control de las infraestructuras básicas es un factor estratégico para poder ejercer la soberanía popular.

Internalizar todas las infraestructuras de telecomunicaciones que se gestionan de forma privada y hacer efectiva la gestión de aquellas infraestructuras de telecomunicaciones que son titularidad del Estado español.

Aplicar un plan de choque para redistribuir la riqueza y hacer frente a las situaciones de pobreza y pobreza asalariada. Son necesarias políticas que palíen las desigualdades, pero también hay que redistribuir la riqueza para poder impulsar estas políticas. Desde una subida del salario mínimo interprofesional, hacer efectivas las ayudas a la dependencia hasta garantizar una renta vital.

¿Qué tipo de trabajo parlamentario?

La denuncia del vaciado de soberanía del parlamento autonómico no puede ser interpretada de manera simplista. Ni la simple presentación de propuestas que se rechazan ni el hecho de no asistir a determinados plenos o comisiones no transmiten por sí solas esta falta de soberanía y, aún menos, construyen por sí solas el programa político de la Unidad Popular.

Hay que llevar a cabo una tarea parlamentaria rigurosa y anclada en los movimientos y en las luchas fuera de la institución. Ante el camino fácil del eco mediático y el tratamiento superficial de múltiples problemáticas, hay que seguir el camino sólido del trabajo riguroso, evitando la inercia de la política declarativa. Y esta acción debe ser correspondida por el pie y medio que el movimiento debe tener en la calle, intensificando las movilizaciones y el trabajo de organización de las clases populares, rompiendo aquellas dinámicas que tienden al repliegue y trabajando con vocación de ampliar espacios.

De la experiencia de estos últimos cinco años sí señalamos cuatro elementos que creemos que tienen que cambiar:

Hay que romper con la plena participación en todo el entramado parlamentario. Si afirmamos que el Parlamento es una institución vacía de soberanía, debemos aceptar que buena parte de sus mecanismos son simples escenificaciones. La participación no normalizada en las actividades parlamentarias tiene como objetivo, por un lado, denunciar estas escenificaciones, y por otro, poder priorizar el hecho realmente clave que tiene que hacer un grupo parlamentario reducido.

Asimismo, hay que evitar reiterarse en prácticas políticas más propias de un partido bisagra que de un movimiento que plantea una alternativa política al conjunto del sistema. Hay que tener clara la idea de que un pacto en el que consigues que el otro asuma una reivindicación menor que la tuya -y tú avales algo que no forma parte de tu planteamiento, sino del del otro- no solo no sirve para avanzar en la consecución de nuestro programa político, sino que blanquea y refuerza el programa político del adversario. Este esquema lo hemos visto aplicado en muchas de las negociaciones sobre temas sociales en los últimos años.

Es necesario conectar mejor el grupo parlamentario con la dinámica de las luchas. Estas luchas deben pasar a ser el centro de la agenda política del grupo parlamentario, el cual debe realizar su seguimiento y acompañamiento, y no solo apoyo puntual.

Hay que sacar los espacios formales de comunicación y referencialidad política fuera del parlamento. Asimismo, hay que evitar que toda la focalización de la representatividad recaiga exclusivamente en los diputados. Si lo importante pasa en la calle, y si somos un movimiento formado esencialmente por luchas, organizaciones, centros y candidaturas municipalistas, hay que comunicar desde la calle y desde esta pluralidad.

Debates a abordar

En este apartado planteamos varias ideas sobre debates que creemos que es necesario que la izquierda independentista afronte a corto plazo para poder encarar correctamente el nuevo escenario político en el Principat de Catalunya.

Sobre la institucionalidad alternativa, las asambleas de cargos electos y las elecciones municipales de 2019

Entendemos que la nueva etapa del proceso de autodeterminación debe encaminarse a generar dos espacios en tensión dialéctica permanente. Por un lado, un movimiento popular autónomo y no subordinado a ningún agente ni institución. Por otro, una institucionalidad alternativa que, recogiendo la representatividad electoral, sea la depositaria de la soberanía y una herramienta de lucha por la autodeterminación. Creemos que este doble espacio es la única forma de poder superar la telaraña de las instituciones autonómicas en la confrontación con el Estado y en el ejercicio del derecho de autodeterminación.

La institucionalidad alternativa son aquellas instituciones creadas al margen y enfrentadas con el ordenamiento jurídico que reclaman ser depositarias de la soberanía política de un pueblo y que las instituciones del ordenamiento jurídico son ilegítimas o están subordinadas a un Estado opresor. Entendemos que esta institucionalidad alternativa debe ser de alcance nacional.

Hasta ahora, las tentativas que ha habido de constituir organismos de este estilo han topado con planteamientos legalistas que en la práctica han invalidado el carácter alternativo o rupturista de estos organismos, cerrados, además, en el ámbito del Principat de Catalunya . Desde la creación de la AMI -planteada como una simple asociación privada municipalista- hasta la creación de la Asamblea de Cargos Electos -planteada como un complemento al Parlamento que pretendía ser usada para derivar a él de forma simbólica los mandatos rupturistas-, estas experiencias no han querido abordar el principal problema: que la institucionalidad autonómica no es la representación de ninguna soberanía y, por tanto, que las instituciones alternativas no pueden estar subordinadas .

La perspectiva de unas elecciones municipales en la primavera de 2019 ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la institucionalidad alternativa y, como consecuencia, también algunos de los planteamientos electoralistas que han acompañado las estrategias del procesismo.

Las elecciones de la primavera de 2019 no son ningún plebiscito sobre el 1 de octubre o la independencia. Asimismo, es evidente que el surco abierto tras la represión del 1 de octubre condicionará el apoyo a unas u otras candidaturas en función de este tema. Pero los contextos electorales en las grandes ciudades del Principat, desde Barcelona hasta Sabadell, pasando por Badalona, ​​hacen imposible hacer una lectura numérica de los votos en clave de «independencia sí o no». Nuestro planteamiento político en torno a estas elecciones debe tener en cuenta todos estos elementos.

Hay que preservar la idea del municipalismo, es decir, de proyectos sólidos, pensados ​​en clave municipal, con lógica transformadora y arraigados al territorio- ante la voluntad de convertir las elecciones municipales en un sub-escenario del procesismo donde acabe practicandose todo tipo de oportunismo político. Y, de nuevo, estamos encerrados dentro del marco autonómico.

Los discursos de excepción que llaman a proteger las instituciones del acceso al gobierno de las fuerzas del 155 y que presentan como antídoto la conformación de candidaturas «independentistas» o «amplias» -que puedan agrupar desde el PdeCAT hasta la CUP, pasando incluso por los comunes- son discursos interesados ​​para abrir campo de juego al oportunismo. La acción de la CUP en los ayuntamientos, a la hora de la conformación de equipos municipales, siempre ha actuado en favor de las opciones más honestas, transparentes y de recambio.

Los discursos que reclaman candidaturas amplias, que contienen la idea implícita de que las candidaturas de la Izquierda Independentista son candidaturas sectarias, también son discursos interesados. La capacidad de crecimiento de las candidaturas municipalistas ligadas a la CUP no se entendería sin la idea de candidatura amplia. La CUP siempre ha basado la conformación de sus candidaturas en la lógica de sobrepasar los límites orgánicos de la Izquierda Independentista. Asimismo, hay que alertar que, como muy bien ha demostrado la experiencia de los últimos años, las candidaturas basadas en sumar partes que no tienen un proyecto común, sino un interés electoral coyuntural, han acabado obteniendo resultados más malos de los que esperaban.

La Izquierda Independentista ha de plantear las elecciones municipales de 2019 a partir de proyectos municipalistas arraigados al territorio: candidaturas transformadoras, superadoras de la mera gestión, con proyecto propio y con vocación de mayoría. Hay que combatir el oportunismo político y señalarlo como peligro para el crecimiento, no de espacios políticos propios, sino de proyectos emancipadores y del mismo proceso de autodeterminación.

La Izquierda Independentista ha de analizar y debatir de qué manera, a partir de las elecciones municipales, se conforma la institucionalidad alternativa y se pueden superar las concepciones subordinadas u oportunistas alrededor de este tipo de organismos.

Sobre la mayoría social

La cuestión de si hay una mayoría social suficiente para legitimar la independencia del Principat ha sido un debate recurrente, ya que el independentismo no ha podido reunir más del 50% del voto global en las diferentes elecciones o más del 50% del censo en el referéndum de autodeterminación.

No tiene ningún sentido exigir al independentismo que acredite una mayoría de votos favorables a la independencia bajo parámetros propios de un referéndum acordado y, al mismo tiempo, prohibir que se haga este referéndum y reprimirlo.

El proyecto independentista ha acreditado una mayoría política favorable a la independencia en todos los procesos que ha podido habilitar para constatarla. Esta mayoría política se ha demostrado en mayorías parlamentarias y, sobre todo, en la capacidad de poder hacer un referéndum de autodeterminación y reunió a más de dos millones de votos a pesar de la prohibición del Estado y una feroz represión que terminó con un millar de personas heridas.

Por el contrario, el apoyo al statu quo de pertenencia al Reino de España ha sido derrotado en todos estos escenarios pesar de usar a fondo el aparato represivo y el poder económico para imponerse.

En un contexto en el que por parte del Estado se niega y en el que se reprime cualquier mecanismo o proceso para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre la independencia, exigir al independentismo que acredite una mayoría política que solo se puede acreditar a través de estos mecanismos o procesos es recluir al independentismo en el campo de las ideas y no en el campo los proyectos materializables.

Es evidente que, cuanto más amplio sea el apoyo a la independencia, más fuerza y más capacidad de enfrentamiento democrático con el Estado tendremos. Pero condicionar la legitimidad de ejercer el derecho de autodeterminación al hecho de no lograr acreditar unos resultados solo acreditables a través de un mecanismo prohibido y reprimido es negar la legitimidad a cualquier proyecto emancipador y, en consecuencia, plantear la cuestión de la autodeterminación únicamente como un «conflicto democrático» y no como un derecho inalienable de todos los pueblos sin Estado.

Sobre la unilateralidad y la negociación con el Estado

Ante un Estado que niega, prohíbe y reprime el ejercicio del derecho de autodeterminación, la única manera de ejercer este derecho es unilateralmente y desobedeciendo el ordenamiento jurídico de este Estado.

Ni España ni la Unión Europea aceptarán negociar ningún referéndum de autodeterminación si no se encuentran en una posición claramente perdedora. Es decir, no podemos descartar que el Estado español se avenga a acordar un referéndum de autodeterminación, pero sí podemos prever que esto solo tiene opciones de darse en una situación en que el Estado esté en una posición claramente perdedora y el control efectivo del poder ya recaiga en manos del independentismo. Y la única manera de llegar a una situación como esta es, también, optar por la unilateralidad y la desobediencia.

Cualquier planteamiento basado en ejercer el derecho de autodeterminación a través de un proceso pactado entre el Estado y el poder autonómico, que explore los límites constitucionales o que se haga a través de una reforma legal, o bien es un planteamiento ingenuo que desconoce la naturaleza del Estado español, o bien es un planteamiento que, en realidad, busca una negociación política para mejorar el estatus territorial de una parte de los Països Catalans en el seno del Estado.

Sobre un proceso constituyente previo a la ruptura con el Estado

La idea de un proceso constituyente ha sido uno de los motores del proyecto independentista. El proyecto de construir un nuevo Estado, no desde las estructuras políticas actuales, sino a partir de la nueva correlación de fuerzas surgida de la ruptura con España, es uno de los fundamentos del proyecto republicano.

Ante las vicisitudes del procesismo, el ala izquierda del soberanismo ha puesto a menudo sobre la mesa la idea de iniciar ya el proceso constituyente como forma de desbordar el estancamiento del proceso de autodeterminación y poder regatear el bloqueo del Estado. Asimismo, la perspectiva de un proceso constituyente que debería resolver las problemáticas sociales ha servido para sublimar las contradicciones de una izquierda que en la dinámica del proceso ha avalado políticas sociales de continuismo liberal respecto a los gobiernos anteriores.

Esta opción ha puesto a menudo sobre la mesa diversas experiencias de procesos constituyentes vinculados a cambios sociales -desde el Portugal de los claveles hasta las experiencias de Ecuador y Venezuela- para defender la idea de que el proceso constituyente puede iniciarse sin tener el control completo de todos los resortes del poder político, y que es en este proceso que el nuevo poder va ganando todos estos resortes. Esta comparativa parte de un error fundamental: todos estos procesos constituían un nuevo régimen, pero dejaban intactos los fundamentos más esenciales del Estado: las fronteras y la identidad nacional.

Si hacemos esta traslación a la situación del Principat, hay que observar, en primer lugar, que el cambio que se quiere hacer no es solo de régimen, sino que implica, además, la destrucción de los elementos más fundamentales del Estado y del nacionalismo que lo sustenta. En segundo lugar, que la institución desde la que se quiere operar el proceso constituyente no tiene ni siquiera soberanía nominal, sino que está subordinada a un poder jerárquicamente superior.

En algunos de estos planteamientos, además, flota la idea de que, como la sociedad catalana expresa, encuesta tras encuesta, unos valores políticos escorados a la izquierda, el resultado de un proceso constituyente también tendería a la izquierda, automáticamente. Ahora bien, esta izquierda no tiene un programa político claro, definido y socializado entre amplios sectores populares. Iniciar un proceso constituyente sin un programa político de unidad popular es abonar el terreno para el triunfo de los postulados basados ​​en lo conocido y en el «sentido común». Es decir, en la reproducción del modelo autonomista de los últimos 30 años.

Es por eso que creemos que la Izquierda Independentista ha de profundizar en este debate y variar algunos de los planteamientos que se han ido haciendo. En este sentido, creemos que no es posible el inicio de un verdadero proceso constituyente antes de que se haya producido la ruptura con el Estado, y que el camino para ensanchar los apoyos sociales en relación con esta ruptura se debe hacer mediante la construcción de un programa político de unidad popular.

Sobre el acceso al poder

En las concepciones liberal-progresistas, absolutamente hegemónicas en el seno del soberanismo, la cuestión del acceso al poder se basa simplemente en ganar los espacios políticos de representatividad y ejercer las competencias.

Esta concepción parte de dos planteamientos equivocados. En primer lugar, los ordenamientos jurídicos de los Estados liberales parlamentarios restringen el juego democrático a lo que no pone en peligro los fundamentos de este Estado, por lo que hacen imposible que, a través del acceso al gobierno y con el uso de los mecanismos legales, se pueda cambiar ninguno de los fundamentos que sustentan un Estado. En segundo lugar, el poder político es algo que va mucho más allá de un gabinete de gobierno o de una mayoría parlamentaria. Son todos los aparatos del Estado y su capacidad coercitiva, junto con la capacidad de acondicionamiento y coerción del poder económico.

Asimismo, hay un tercer elemento que muy a menudo no se tiene en cuenta: en el caso del poder autonómico catalán, no estamos hablando de una administración soberana, sino de un aparato administrativo totalmente subordinado al del Estado.

El debate sobre el acceso al poder en el seno del proceso soberanista se ha dado de manera sesgada. Se ha basado en la cuestión de las «Estructuras de Estado», es decir, en el intento de habilitar mecanismos administrativos soberanos a partir de un poder no soberano como es la autonomía, y en que esto permitiera una transición «de la ley a la ley». El resultado real de toda esta estrategia configura uno de los episodios más lamentables del proceso. Pero también, en el ámbito teórico, este planteamiento significaba no entender cuál era el alcance real del poder del Estado ni la naturaleza del nacionalismo español.

El nuestro es un proceso de liberación nacional en un Estado occidental insertado perfectamente en el núcleo de todas las organizaciones del capitalismo internacional. Que el pueblo pueda ganar el poder y hacer efectiva la independencia pasa por una acción de masas destinada a neutralizar la capacidad de consenso y coacción de este Estado encima de la población y del territorio.

Endevant (OSAN)

Fuente: Què fer en la nova etapa política al Principat?

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