El 26 de junio del 2014, Don Mauro Vay Gonón (fundador y coordinador del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA) y Dña. Blanca Julia Ajtún Mejía (vicepresidenta de la misma organización), junto al dirigente comunitario Don Mariano García, fueron detenidos ilegalmente (sin que hubiese orden de captura, ni flagrancia de delito alguno), en el Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, por agentes locales de la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE.
Esta acción delictiva fue una reacción desesperada por parte de ENERGUATE (ahora propiedad de la Corporación Israelí POWER) para intentar frenar la creciente disconformidad social de sus usuarios a nivel nacional por las excesivas facturas de electricidad y malos servicios.
Los usuarios disconformes, organizados en cientos de comunidades en resistencia a nivel nacional, ahora, ya no exigen sólo el «buen servicio» de la energía eléctrica, sino la nacionalización de la distribución de la misma. Entre tanto, se resisten a pagar el consumo mensual de la electricidad a la empresa.
La criminalización y el castigo indebido a defensores fertiliza aún más la conciencia social y la resistencia popular.
A los tres defensores de derechos humanos, detenidos y encarcelados indebidamente, la Empresa y el MP exigió el pago de una fianza económica de un millón de quetzales por la libertad condicional de cada uno de ellos. Ante la imposibilidad de dicho pago, dichos defensores fueron recluidos preventivamente en la cárcel por más de tres meses (93 días).
Concluido el período de la investigación, los tres defensores detenidos fueron liberados el 29 de septiembre del 2014, y ligados a proceso penal por delitos de acciones contra la seguridad del Estado y tentativa de estafa, y el juez de Primer Instancia de la ciudad de Huehuetenango fijó Audiencia Pública para el 16 de febrero del 2016, ordenando hasta entonces la permanencia de los defensores acusados en sus respectivos departamentos de origen.
El movimiento nacional CODECA por la nacionalización de la energía eléctrica, lejos de desarticularse con la criminalización y encarcelamiento de sus defensores mayores, cobró mayor vitalidad y expansión a nivel nacional. Mucho más cuando los principales agentes estatales contra los derechos de las resistencia comunitarias, Otto Pérez Molina (Presidente de la República) y Roxana Baldetti (Vicepresidenta) fueron «destituidos» y encarcelados por actos criminales de corrupción.
Meses después del encarcelamiento del binomio gobernante (aliados de ENERGUATE), la corporación británica ACTIS (propietaria de ENERGUATE) transfirió la totalidad de sus acciones en ENERGUATE (empresa repudiado socialmente y conflictuado económicamente) a la corporación israelí POWER (que actualmente controla parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad en el país).
ACTIS se fue del país, como lo hizo en su momento la corporación española UNIÓN FENOSA, llevándose consigo millonarias ganancias económicas, pero legando al país un conflicto social creciente bien sembrado.
En la actualidad, la desconfianza y el repudio social en el área rural contra ENERGUATE es creciente y más evidente. Sus técnicos circulan en carros con vidrios polarizados y sin logotipos de la empresa. Sus agentes y abogados (incluso la fiscalía especial contra el hurto de electricidad creada para defender los intereses de ENERGUATE) sufren bullying social en los tribunales de justicia y en las calles.
En otras palabras, se está instalando en el imaginario colectivo popular guatemalteco el nominativo ENERGUATE como sinónimo de empresa abusiva y predadora de defensores comunitarios guatemaltecos.
ENERGUATE-MP, no consiguen doblegar a las comunidades en resistencias ni en las calles, ni en los tribunales.
Mientras la empresa judía intenta lidiar con sus usuarios convulsionados y en resistencia (que UNIÓN FENOSA y ACTIS le legaron), las comunidades en resistencia acusadas de «ladrones de electricidad» lograron posicionar el asunto de la energía eléctrica como un derecho fundamental, y en consecuencia, ellos autoafirmarse como defensores comunitarios del derecho a la energía eléctrica.
Estos defensores comunitarios de derechos humanos, organizados en resistencia (y en muchos casos criminalizados), lograron activar la atención y la solidaridad de los medios alternativos a nivel nacional e internacional, obtuvieron cercanía con los cuerpos diplomáticos presentes en Guatemala, y lograron captar la atención y el acompañamiento físico de organismo internacionales de derechos humanos.
Simultanea a esta solidaridad nacional e internacional, las comunidades no escatimaron los esfuerzos necesarios para mostrar «sus rostros» masivos en las multitudinarias protestas sociales exigiendo sus derechos. Situación que convirtió a este movimiento en el único movimiento social en movilización persistente en estas circunstancias de quietud social en Guatemala.
La concurrencia a la Audiencia Judicial del 16 de febrero pasado, que duró 8 horas, evidenció no sólo la solidaridad y la legitimidad nacional e internacional de la lucha de los empobrecidos por su derecho a la energía eléctrica, sino también mostró el repudio social a la empresa proveedora, y sobre todo «el sin sentido» del proceso judicial en contra de los tres defensores.
El MP-ENERGUATE no pudieron argumentar, ni los hechos delictivos, ni su tipificación antijurídica que se imputa a los tres defensores, con mediana coherencia.
Fueron obligados a traer a la Sala de Audiencias a dos de sus cuatro testigos expertos en criminalística (que intentaron justificar su ausencia). Los mismos que, lejos de coadyuvar a los intereses de la parte acusante, abandonaron la sala dejando más dudas que certezas con sus conclusiones investigativas en base a «dicen los informantes», cuyas identidades nadie conoce (disque por seguridad).
El desfile de los testigos «mal ensayados» del MP-ENERGUATE fue otra vergüenza de magnitud. Se trajeron de testigo nada menos que a los captores y secuestradores de los defensores. Éstos, al no soportan sus contradicciones ante el interrogatorio de la defensa técnica, en muchos casos, evidenciaron sus mentiras con respuestas como: «no me acuerdo», «no sé», «escribí el acta de la captura, pero no me acuerdo el contenido del mismo…»
En ese contexto, la Audiencia se convirtió en un podio donde la acusada Blanca Julia Ajtún dio lecciones de dignidad y claridad de ideas en la defensa de los derechos humanos.
Soy defensora de derechos humanos. No una delincuente.
Soy Blanca Julia Ajtún Mejía, soy defensora de derechos humanos y capacito al resto de las mujeres en mi organización para que conozcan y defiendan sus derechos violentados… Me detuvieron y secuestraron los agentes de ENERGUATE sin que existiera orden de captura en mi contra. Sólo por abrirle los ojos al pueblo dormido. Señor Juez, soy defensora de derechos humanos, no una delincuente», sentenció con voz firme la acusada.
Y mirándole a los ojos al abogado de ENERGUATE le dijo: «Ud. fue el que planificó mi secuestro. De su cara no me olvido. Ud. estuvo allí riéndose cuando me maltrataban, pidiendo que nos detuvieran preventivamente en la Policía Nacional».
Así, entre el evidente nerviosismo y tartamudeo del Fiscal y la desesperación del abogado querellante, la Audiencia prosiguió hasta las 16:30 horas. Momento en el que el Juez notificó a las partes para el próximo 22 de febrero, a las 9:00 horas, para proseguir con el debate en curso.
Mientras esto ocurría en la sala de audiencias, en las puertas de la Torre de Tribunales, más de un centenar de indígenas y campesinos organizados en resistencia, provenientes de los municipios aledaños, permanecieron en vigilia silenciosa, bajo el sol ardiente, adornados con sus pancartas, en defensa de sus defensores mayores, ahora, criminalizados.
18 de febrero de 2016
