El 30 de junio pasado, en el canal CN23, el periodista Roberto Caballero realizó un reportaje a la candidata del PTS y del FIT, Myriam Bregman1. Caballero se identifica con el kirchnerismo, trabaja en Radio Nacional, y fue fundador, y director hasta agosto de 2012, de Tiempo Argentino.
En el curso de la entrevista, Caballero presentó un argumento contra la caracterización de la izquierda de los gobiernos de los Kirchner. Planteó que, según la izquierda, esos gobiernos son pro-patronales. Pero los voceros de los empresarios, Clarín y La Nación, castigan ferozmente la figura de Cristina Kichner. ¿Cómo se compagina esto con el hecho de que los gobiernos K serían pro-patronales? Dijo que en otro reportaje había planteado la cuestión a Marcelo Ramal –candidato del PO y del FIT- y que este había respondido mal, o él no había entendido su explicación. Como respuesta Bregman explicó que el kirchnerismo impulsó los juicios contra los genocidas para ganar legitimidad y responder a la situación abierta por la crisis de 2001; lo cual le habría enajenado la simpatía de la patronal.
En esta nota solo voy a referirme tangencialmente a la respuesta de Bregman, para centrarme en la curiosa «idea» de que la naturaleza de clase de un gobierno se define por lo que dicen Clarín y La Nación de ese gobierno. La cuestión tiene cierto interés porque el argumento de Caballero también lo han esgrimido otros defensores de los gobiernos K.
El carácter de clase desde el marxismo
Empecemos diciendo que al marxismo nunca se le ocurrió definir el carácter de clase de un gobierno por lo que dicen de él los (o algunos) medios de comunicación. La razón es que el Estado y las clases sociales constituyen estructuras objetivas, y por lo tanto la relación entre el Estado y la clase capitalista también es una relación social objetiva. Esta relación, a su vez, determina la función del Estado e, inevitablemente, la naturaleza de clase de esa función. Y la función primaria y esencial del Estado en la sociedad actual se define en torno al sostenimiento y reproducción de la relación capital /trabajo. Más precisamente, el Estado es el principal factor político-jurídico e ideológico de esa reproducción. De ahí que el Estado no pueda ser neutral, como afirman los ideólogos burgueses.
Pero en este marco, el carácter del gobierno, que es cabeza del Estado, no puede no ser capitalista. En palabras de Rosa Luxemburg: «El carácter de un gobierno burgués no está determinado por el carácter personal de sus miembros, sino por su función orgánica en la sociedad burguesa. El gobierno del Estado moderno es esencialmente una organización de la dominación de clase, cuyo funcionamiento regular es una de las condiciones para la existencia del Estado de clase» («Affaire Dreyfus et cas Millerand», 1899).
Por otra parte, dado que la relación entre el Estado y el modo de producción capitalista es objetiva, su rol en tanto garante jurídico, político e ideológico de la relación de explotación no se altera aunque existan tensiones entre fracciones del capital y el Estado –o algunas de sus instituciones, gobierno, justicia, parlamento-; o incluso entre el capital en general y determinado gobierno en particular.
Esta tesis no es una abstracción
Para la cuestión que nos ocupa, la tesis marxista que sintetizamos en el punto anterior se verifica apenas se examina lo actuado por los gobiernos K entre 2003 y el presente: han cumplido, sin mayores desajustes, con las funciones de control, prevención, intimidación y represión característicos de todo gobierno capitalista, junto a la policía, los servicios de inteligencia, los tribunales y similares, también característicos de todo Estado capitalista. También fueron promotores principales de la ideología de la conciliación de clases, de la resignación del oprimido y de la unidad nacional, junto a otras instituciones también funcionales a la continuación de la explotación capitalista como la Iglesia, el sistema de enseñanza y los partidos del sistema. Asimismo han contribuido al continuado control de las direcciones sindicales colaboracionistas del capital, sobre el trabajo, de la misma manera que lo han hecho y lo siguen haciendo todos los gobiernos consustanciados con el sostenimiento de la explotación. En definitiva, los gobiernos Kirchner no se han salido de lo que es, en relación a la cuestión esencial, el «desempeño promedio» de cualquier otra cabeza de Estado capitalista.
Son datos objetivos y registrables, al margen de lo que opine tal o cual medio de difusión. E infinitamente más decisivos a la hora de definir el carácter de clase del gobierno K que los juicios a los militares genocidas. Para sintetizar: los marxistas definimos el carácter de clase de un Estado, y del gobierno que lo encabeza, por la relación de propiedad que defiende y sostiene. Y un Estado, y el gobierno que lo encabeza, no pueden estar por fuera y al margen de esa relación de propiedad; que en la sociedad actual no es otra que la propiedad del capital. Es el ABC del problema.
Capital «en general» y Estado
El rol del Estado ‑y su cabeza, el gobierno- es esencial en tanto garante de la relación de explotación capitalista, como se vio en el apartado anterior, ya que a partir de la explotación del trabajo, el capital genera plusvalía. Pero la plusvalía, a su vez, debe acumularse como capital para dar lugar a la creación de más plusvalía. Y aquí el Estado ‑y su cabeza, el gobierno- también juega un rol fundamental como garante de las condiciones de la acumulación. Entre otras, ellas comprenden la reproducción de la fuerza de trabajo (salud y educación públicas); la producción y reproducción de infraestructura necesaria para la explotación privada de los capitales (por ejemplo, caminos, aeropuertos, vías de navegación); el sostenimiento de un régimen monetario; el contexto para que la competencia se desarrolle en igualdad de condiciones para todos los capitales; la estabilidad del horizonte temporal en que se toman las decisiones de inversión; y una forma de vinculación al mercado mundial.
Pero entonces se hace evidente que existe una contradicción entre el capital «en general» –que demanda esas condiciones- y el hecho de que el capital solo existe a través de los múltiples capitales particulares. Aclaremos que por «capital en general» comprendemos el capital haciendo abstracción de la competencia y de los fenómenos que la acompañan (según la definición de Rosdolsky, Estructura y génesis de «El Capital», pp. 71 – 73). En otros términos, el «capital en general» comprende lo que es común a todos los capitales, «su propiedad de explotación» (ídem).
Pues bien, el Estado debe responder a esta necesidad del capital, tomado como un universal abstracto. Es lo que sucede cuando las cámaras empresarias, por ejemplo, demandan que el gobierno mantenga reglas de juego iguales para todos los capitales, o que defienda la estabilidad de la moneda, o mejore la capacitación de la fuerza de trabajo en la escuela pública. Por eso, en qué medida determinado Estado o gobierno cumple con estas demandas, es motivo de fricciones y tensiones, sin que por ello se modifique su carácter de clase.
Pero por otra parte, el capital, como realidad concreta, solo existe a través de los muchos capitales individuales, o fracciones particulares, volcadas a diferentes ramas de la actividad económica. De ahí que todo capital exija que el Estado cumpla con las reglas «democráticas» del capital en general, al tiempo que trata de sacar provecho de la influencia que pueda ejercer sobre el Estado para obtener un beneficio particular. Lo cual abre la posibilidad de que existan conflictos cruzados, tanto porque el Estado, o el gobierno, no satisfagan los requisitos exigidos para que haya una reproducción fluida del capital, como por el hecho de que fracciones particulares, o sectores de la alta burocracia estatal –que vive de la apropiación de plusvalía- violen, para su propio beneficio, las reglas de la «competencia democrática» de la apropiación de la plusvalía.
Autonomía relativa
A partir de lo anterior, se comprende que existe una segunda determinación fundamental del Estado, planteada por prácticamente todos los teóricos marxistas: su autonomía relativa. Esto es, el Estado no es un mero instrumento en manos de la clase dominante, ya que a fin de garantizar los intereses del capital en general, debe conservar una autonomía relativa con respecto a las múltiples fracciones particulares de los capitales. De lo contrario le sería imposible cumplir con sus funciones. Por eso, no existe una relación mecánica o lineal entre el Estado y la clase capitalista. Por lo tanto, tampoco puede haber una relación mecánica entre gobierno y clase capitalista.
Observemos que esa autonomía relativa está reconocida por Marx en El Capital, cuando dice que el Estado británico puso límites a la jornada de trabajo, imponiéndose a los capitales particulares en beneficio del capital de conjunto. También es señalada por Marx y por Engels en sus escritos sobre los gobiernos y regímenes de Bismark y Luis Bonaparte. Y la historia del capitalismo está plagada de las más diversas formas de autonomía del Estado, o de los gobiernos que lo encabezan, con respecto a los capitales particulares. Para citar solo algún ejemplo salteado: el gobierno de Roosevelt en los 1930 era resistido por la mayoría de los empresarios; los gobiernos y el Estado de Corea del Sur disciplinaban al gran capital, imponiéndole metas a cambio de ayuda, en beneficio, en última instancia, de la acumulación del gran capital. También existen casos en los que la autonomía se manifiesta en una no correspondencia con las necesidades de reproducción de los capitales. Por ejemplo, el gobierno de Isabel Perón fue cuestionado por prácticamente todas las patronales, sin que ello negara su carácter burgués y ferozmente reaccionario y antiobrero.
Sin embargo, la autonomía nunca puede ser absoluta porque el Estado no puede dejar de generar (o intentar hacerlo) las condiciones que hagan factible la acumulación. Es una «exigencia» que surge de la propia lógica de la acumulación. Su mecanismo es concreto: opera a través de la llamada huelga de inversiones, y se profundiza con la internacionalización del capital. Allí donde los capitales, por las razones que sean, no consideran propicias las condiciones, no invierten. Se trata de una constricción objetiva –responde a la lógica de la valorización- que se impone por encima de voluntades o ideologías particulares de los funcionarios del Estado. Y los Estados –y los gobiernos que los encabezan- no pueden dejar de adecuarse, en el mediano o largo plazo, a esa exigencia. Para dar ejemplos concretos, y vinculados al «argumento Caballero»: cuando el gobierno de Cristina Kirchner quiso atraer inversiones para desarrollar la producción de gas y petróleo, hizo acuerdos con compañías como Chevron y Shell otorgándoles amplias concesiones. Y cuando intentó atraer capitales europeos, arregló –en términos onerosos para el Estado- la deuda con el Club de París. Por otra parte, e inevitablemente, en caso de asumir un nuevo gobierno K a fin de 2015, intentará renegociar con el capital (o fracciones del capital) los términos de nuevas inversiones.
Es necesario comprender, por lo tanto, que la autonomía relativa del Estado no puede transformarse en absoluta, y mucho menos en antagónica con respecto al capital en general. En palabras de D. Gold, C. Lo y E. Olin Wright: «El Estado es siempre relativamente autónomo; ni es completamente autónomo (vale decir, libre de un control activo por parte de la clase capitalista) ni simplemente manejado por miembros de la clase dominante (vale decir, libre de toda restricción estructural)» («Recientes desarrollos en la teoría marxista del Estado capitalista», en H. Sonntag y H. Valecillos, El Estado en el capitalismo contemporáneo, México, Siglo XXI, 1988).
Los gobiernos K en concreto
Todas estas cuestiones se aplican a los gobiernos de los Kirchner. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo un consenso muy amplio del capital en la fase de alto crecimiento, de 2003 a 2008. Luego, a medida que las cosas se empezaron a poner mal –la economía argentina hace cuatro años que está casi estancada- fueron aumentando las críticas de diferentes fracciones del capital, y los roces con el gobierno. La manifestación más fuerte fue el conflicto con los empresarios agrarios, de 2008. Pero la Unión Industrial Argentina todavía a fines de 2012 respaldaba «el modelo industrialista iniciado en 2003»; lo mismo sucedía con muchas organizaciones de la mediana empresa, tanto de la industria como del comercio, o cámaras que agrupan a grandes empresas, como automotrices o mineras. Tampoco tuvieron grandes objeciones, al menos hasta un pasado reciente, los bancos (uno de los sectores con mayores rentabilidad en los 2000), supermercados, empresas de la alimentación, cadenas hoteleras. Y como todo el mundo sabe (¿menos el periodista Roberto Caballero?) empresarios muy poderosos no están en absoluto disgustados con el gobierno de Cristina K. Por ejemplo, los grupos Lázaro Baez, Franco Macri, Barrick Gold, Pan American Energy, Eskenazi, Monsanto, Sygenta, Chevron, Cirigliano, así como muchos sectores de la UIA, y otras cámaras empresarias, tales como CAME, para citar solo algunos casos.
Pero incluso desde el punto de vista de los capitales invertidos en comunicación, el argumento K no tiene consistencia. Es que Clarín y La Nación no son los únicos medios. Hay otros, como el canal 23, que emite el programa de Caballero, y alberga a otros conocidos referentes K. Ese canal pertenece al grupo empresarial Sergio Szpolski – Garfunkel, identificado con el gobierno de Cristina Kirchner. Pero también están los medios controlados por otros grupos económicos como el de Cristóbal López, Vila-Manzano, Telefónica, Moneta, Pierri, Ulloa, Vignatti, Santa María y Electroingeniería, además de la editorial Página 12. Ninguno ataca (ni feroz, ni amablemente) al gobierno de CK. ¿Cómo se puede sostener entonces que la patronal de conjunto ataque al gobierno de CK? Y para peor, ¿cómo se puede criticar a la izquierda por caracterizar al gobierno de CK de gobierno burgués, tomando como argumento lo que dicen Clarín y La Nación del gobierno CK?
Lo que sí hubo, y hay, son quejas de los capitales que no han logrado participar en algunos de los muchos y gigantescos negociados que habilitó la alta renta que dispusieron los gobiernos K durante estos años. Para ilustrarlo con un ejemplo al nivel de comprensión de cualquier intelectual K: un empresario de la construcción que se vio desplazado de los negocios por Lázaro Báez, seguramente protestará, y mucho, contra el gobierno de CK. Pero esto no habilita a sostener que por este motivo hay que abandonar la caracterización de clase del gobierno CK.
La tontería de razonar «por la negativa»
Por último, y vinculado al apartado anterior, digamos que es equivocado sacar caracterizaciones, o líneas políticas (que es lo que, en última instancia se busca) a partir de poner un simple signo negativo donde algún «enemigo elegido» pone un signo positivo, y viceversa. Alguna vez Trotsky explicó a gente de izquierda que era una tontería hacer política aplicando este tipo de razonamientos a los gobiernos capitalistas.
Con las variaciones del caso, su argumento se aplica al razonamiento de Caballero y similares. Decir que la política de un gobierno es progresista porque la critique una determinada cámara empresarial, así sea de la alta burguesía, puede ser funcional a determinada maniobra ideológica y política, pero como razonamiento es un disparate. Es que muchas veces las políticas económicas de un gobierno no se adecuan a las necesidades del capital, sin que ello implique que esas políticas tengan alguna progresividad, o cambien la naturaleza de clase ese gobierno.
Para «bajarlo» a tierra argentina con otro ejemplo: que la Cámpora llene de militantes reparticiones del Estado o empresas estatales y que sus punteros políticos se dediquen a perseguir a militantes o delegados gremiales que no se subordinan «al proyecto nacional», puede ser disfuncional al capital «en general», sin que, por supuesto, ayude a la clase trabajadora. De la misma manera, que el Gobierno haya destrozado la credibilidad en el INDEC es disfuncional a las necesidades del capital, sin que, de nuevo, esto favorezca en lo más mínimo a los trabajadores, ni en general al pensamiento crítico, ni cambie la sustancia de clase del gobierno. Los ejemplos, por supuesto, pueden seguir. Que la estafa intentada por Boudou, el gobierno de Insfrán y asociados, haya sido denunciada por el diario La Nación, no significa que esa estafa tenga un contenido progresista (o colabore en la «liberación nacional»), o que haya que cambiar la caracterización de clase de Boudou o del gobierno de Insfrán.
En resumen, la caracterización de clase que hace el marxismo de un gobierno parte de las relaciones sociales de producción que ampara y promueve, en primer lugar. Y en segundo término, de su función objetiva en tanto garante de condiciones necesarias para la acumulación de capital. La autonomía relativa del Estado, o del gobierno que lo encabeza, con respecto al capital «en general» no altera esta cuestión básica. Es desde esta perspectiva que el marxismo define el carácter de clase de los gobiernos K. En ello se basa también la tesis del carácter irreconciliable entre la naturaleza burguesa de estos gobiernos, y los intereses de la clase obrera.
Rolando Astarita
27 de julio de 2015
1Véase: http://www.izquierdadiario.com.ar/Myriam-Bregman-en-CN23-19435