Quienes se empeñan en calificar de simples «abusos» lo que sin duda han sido graves crímenes es muy probable que pretendan minimizar y blanquear dichos crímenes. Sobre todo, si tan sólo usan el término «abusos» para calificar ciertos crímenes, por graves que sean, y nunca jamás lo hacen con otros, aun siendo menos graves que los anteriores.
Es lo que sucede cuando califican de «abusos policiales» las torturas y los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ejemplo, el de los cinco trabajadores masacrados por la Policía el 3 de marzo de 1976, o el de los tres jóvenes a los que la Guardia Civil confundió con militantes de ETA y torturó hasta la muerte en mayo de 1981, en Almería.
En efecto, los mismos que califican la quema de un cajero como grave acto terrorista se empeñan en imponer el término de «abusos policiales» para los crímenes antes mencionados y se han opuesto una y otra vez a que todos esos asesinados, y otros torturados hasta la muerte como Joxe Arregi o Mikel Zabalza, sean considerados víctimas del terrorismo.
Ahora bien, no es en absoluto admisible que la violencia empleada contra un Estado sea calificada con tanta facilidad de terrorista, y al mismo tiempo se niegue con rotundidad dicho calificativo cuando es el Estado quien ejerce ese mismo tipo de violencia, e incluso más grave, infringiendo la ley nacional y/o internacional.
Así lo explico en un libro que acaba de publicar la Editorial Hiru, creada por Eva Forest, al que he puesto como título el estribillo de una canción de RIP de los años ochenta, Terrorismo policial contra gritos de libertad. Un estribillo que aún seguimos tarareando quienes vivimos en toda su crudeza el terrorismo de Estado de aquella dura época.
En el libro he recalcado que el terrorismo de Estado es, con diferencia, el peor de los terrorismos. Entre otras razones, porque, como sostiene el catedrático Igor Primoratz, «no puede sino estar agravado por el secreto, el engaño y la hipocresía». Según él, «cuando un Estado está implicado en el terrorismo, ya sea perpetrado por sus propios agentes o por intermediarios, lo hace clandestinamente, negando cualquier implicación, y declarando su adhesión a los valores y principios que lo prohíben».
Otro tanto sostiene Jon Mirena Landa, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco, quien asegura que «se mató, lesionó, secuestró, violó sexualmente, torturó… y luego se borraron los rastros que sólo obraban en poder y a disposición de los victimarios», precisando que ha sido «el Estado que se autoencubre con eficacia» quien ha borrado dichos rastros.
A causa de ello, han sido bien pocos los casos de terrorismo de Estado practicado en el contexto del conflicto político que sufre Euskal Herria en los que ha sido posible clarificar ciertos aspectos, que no desde luego todos, porque no hay un solo caso que haya sido clarificado hasta sus últimas consecuencias.
Además, en la inmensa mayoría de los casos no se ha llegado a clarificar absolutamente nada, lo que no es nada de extrañar, porque las autoridades bien que se han encargado de impedirlo, otorgando una flagrante impunidad a los ejecutores.
Por eso insiste Jon Mirena Landa en que «el Estado que se autoencubre con eficacia, precisa, para compensar su actuación criminal, una inversión efectiva de la carga de la prueba. No hay que esperar a que las víctimas prueben los hechos, sino crear un mecanismo proactivo de verdad». Es decir, crear una Comisión de la Verdad.
Las autoridades españolas y francesas se oponen frontalmente a ello, porque le tienen pánico a la verdad, y les encantaría poder seguir sirviéndose indefinidamente del terrorismo de Estado para ahogar nuestros gritos de libertad. Les encantaría poder seguir anclados en el pasado, enarbolando la mentira y el negacionismo como bandera. Un negacionismo que tiene su máxima expresión en su frontal negativa a reconocer que exista conflicto político alguno en Euskal Herria, mientras se oponen a toda costa a que los vascos podamos decidir libremente nuestro futuro.
En mi libro, he puesto en evidencia ese negacionismo a base de contundentes datos sobre la violencia terrorista que el Estado español, y también el francés, han tratado de ocultar a toda costa (como la tortura), o han intentado camuflar, usando para ello diferentes siglas (ATE, BVE, GAL…), o el anonimato. Además, muestro la estrecha relación entre las diversas manifestaciones de ese terrorismo de Estado: guerra sucia, tortura, narcotráfico… Y también doy datos precisos sobre los protagonistas: políticos, autoridades, policías, militares, guardias civiles, mercenarios…
Ha sido el fruto de un trabajo de años que he llevado a cabo esperando sea de ayuda a las víctimas del terrorismo de Estado, para que puedan decir su verdad, toda su verdad. Y también con el deseo de que allane el camino para que reciban cuanto antes la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan y se merecen.
Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
11 de mayo de 2015
