Resumen Latinoamericano/El Desconcierto - El viernes 5 de septiembre del 2014 en Valparaíso un suceso importante para las aspiraciones políticas del pueblo mapuche y otros pueblos indígenas de Chile, tuvo lugar. En su última sección ampliada y al borde de concluir sus funciones, la Comisión Presidencial para Descentralización aprobó “declarar región plurinacional y multicultural” a la región de la Araucanía, medida que se materializaría a través de un “Estatuto”, resultado de un proceso de conversación/negociación (deseablemente constituyente) entre los distintos grupos nacionales que componen dicha sociedad regional. Esto es, entre quienes representan la nación estatal: los chilenos, y quienes representan la nación étnica: los mapuche.
El Estatuto, en el espíritu de la resolución, debería discutir y acordar el nombre de la región y sus autoridades. Hasta ahora conocemos dicha región como Araucanía, pero este es un nombre que deriva de “araucano” y ha sido desde siempre impuesto sin consulta a los mapuche, como un acto más de dominación-colonización. Si el sentido del nombre de la región fue hacer un homenaje al pueblo mapuche, reconocido como una de las raíces de la nación estatal, ya es hora de cambiarlo por la denominación que los propios mapuche le dan a ese territorio: Wallmapu. De esa forma no solo se hace homenaje a dicho pueblo, sino también se corrige una actitud de carácter colonial, de conquista y dominadora de parte de las elites de la nación estatal, que no ayuda a mejorar las relaciones entre comunidades étnicas o nacionales.
También debería quedar consignado en el Estatuto la recuperación de gentilicios propios de la lengua mapuche, que denominaron la zona antes de que el Estado comenzara su colonización con población exógena en el siglo XIX. Y la adopción de símbolos regionales propios y distintivos respecto de otras regiones. La bandera mapuche, adoptada ya por varios municipios de la región vía decretos municipales que obligan a izarla en determinadas fechas o bien calendario corrido, podría ser uno de ellos. A nivel simbólico este proceso podría ayudar a crear un sentido de integración mejor que el que hoy existe, en la medida en que la comunidad étnica que se siente dominada y excluida, desarrolle una percepción de ser tolerada, comprendida y respetada bajo el techo común de una región con más de una nacionalidad: plurinacional.
El reconocimiento de un nuevo estatus para el mapuzugun como lengua oficial de la región Wallmapu (si se adoptara ese nombre), es otro ingrediente que se aconseja aborde un Estatuto. Las lenguas no mueren porque sí, o porque por una inexplicable razón la población deja de hablarla. Las lenguas están sometidas a los mismos procesos que las relaciones entre colectivades étnicas. Si una lengua debe vivir bajo condiciones de dominación (es decir la población que habla esa lengua está dominada), graficada en la exclusión de su uso en la educación, los servicios público, los medios, etc., sus probabilidades de desarrollo serán precarias y podría enfrentar la muerte. Caso contrario, si se abren los espacios para uso en los ámbitos antes mencionados, puede ser reflotada y modernizada. En regiones multiculturales y multilingües es necesario ofrecer garantías a las manifestaciones culturales de los grupos más vulnerables, a través de procesos que garanticen por ley que sus manifestaciones no serán discriminadas sino más bien reconocidas y toleradas como un patrimonio de la región.
Lo anterior conlleva la idea de hacer lo posible para que la población étnicamente dominada y vulnerada pueda participar en la institucionalidad política de la región pluriétnica. De manera que el Estatuto debería consignar, del mismo modo, la participación mapuche no solo bajo las formalidades impuestas a todos bajo un criterio universalista: formar partidos políticos por ejemplo (como si los valores para cada cultura humana, subculturas e incluso grupos, clases, etc. dentro de una sociedad mayor fueran los mismos). Sino también bajo sus formas tradicionales de organización, como lo indica el Derecho Internacional y los tratados firmados por Chile. La región y el país debe irse acostumbrando cada vez más a la trilogía del derecho nos gobierna, que implica que no solo las Leyes Nacionales rigen para todos los ciudadanos, sino también las que ha sido pactadas en acuerdos que el país ha hecho en el ámbito de sus relaciones internacional o lo que llamamos Derecho Internacional (C169, por ejemplo), y las leyes consuetudinarias que dicho Derecho Internacional pide sean respetadas en relación con los pueblos indígenas.
Finalmente, un Estatuto de región pluriétnica debe considerar la denominación de municipios indígenas para aquellos municipios que tengan un alto porcentaje de población mapuche, aymara, kawaskar, etc. (sobre el 50% por decir un número), de manera de concentrar allí esfuerzos por nivelar la calidad de vida de los ciudadanos del lugar con la media regional. Debería considerarse a ese nivel la posibilidad de modificar, cuando sea necesario, las fronteras entre municipios para hacerlas coincidir lo mejor posible con territorios indígenas, para impedir que familias extendidas o grupos de parentesco queden bajo jurisdicciones diferentes. E incorporar a la región municipios colindantes de otras regiones, que experimenten problemas de división de grupos de parentesco o bien deseen integrarse a la región pluriétnica, cuestión que se haría siguiendo los protocolos que la situación amerita de acuerdo al derecho vigente. Y, si quizás lo más importante en términos de institucionalidad, lo sea el hecho de que por un periodo de 20 años a lo menos, y mientras los mapuche y toda la comunidad regional se adaptan al nuevo escenario de relaciones, los mapuche deberían tener una representación proporcional a su peso sociológico en el Parlamento, Asamblea, Core o Trawn regional (nombre que deberán decidir cuándo se constituyan). Y, deseable, en los consejos municipales.
Con todo, la Comisión Descentralización, que como bien sabemos representa a todo el espectro político estatonacional, en una muestra de apertura a la tolerancia étnica, de valoración de la democracia con inclusión étnica, y de voluntad de generar nuevos escenarios para mejorar la vida política, social, económica y cultural del país, ha decidido aconsejar a la Presidenta, a su gobierno y al país, provocar los cambios necesarios en materia relaciones entre grupos étnicos, nacionales o pueblos, para el bien común del país. Una vez que se entregue el documento oficial a la Presidenta las primeras semanas de octubre, dependerá exclusivamente de ella, su gobierno y los políticos en general, recoger este consejo y darle salida. Será la oportunidad de apreciar cuán lejos llega el compromiso de dichos sujetos políticos con los pueblos indígenas, a quienes en su programa ya han prometido considerar sus demandas de autonomía.
Una nota final en la propuesta abre la posibilidad de que otras áreas o regiones del país tengan un estatus similar, en la medida que sus poblaciones indígenas así lo demanden y las elites de la nación estatal de dichos lugares ‑usualmente en el poder- suscriban la idea. Pero como suele ocurrir en los procesos políticos, si los pueblos indígenas no son capaces de articularse con esta resolución de la Comisión, presionar y jugársela por darle salida a esta propuesta de Región y Chile diferente, también podría languidecer bajo una montaña política de buenas intenciones, que nunca verán la luz. Los pueblos indígenas tienen mucho que decir en esto y jugar su carta en la acción política.
