Lineamientos generales
Presentación
El Acuerdo Final para la terminación de la confrontación armada, con el que estamos comprometidos y aspiramos materializar si las clases dominantes lo posibilitan y no persisten en su estrategia guerrerista, lo comprendemos en términos de los mínimos requeridos para abrirle nuevas posibilidades al ejercicio de la política en nuestro país y para avanzar hacia su democratización real política, económica, social y cultural. El Acuerdo Final, de concretarse, lo comprendemos como nuestro aporte al proceso constituyente abierto que se viene desatando con intensidades aún desiguales y dispersas, a lo largo y ancho del territorio nacional, en medio de la movilización y la lucha social y popular.
Tenemos el convencimiento de que lo logrado en la Mesa de diálogos se inscribe dentro de aspiraciones históricas aplazadas de los dominados y excluidos por las clases que han usufructuado el poder a lo largo de nuestra vida republicana. Con ello estamos colocando nuestro grano de arena para las transformaciones estructurales necesarias que permitan superar la no resuelta cuestión rural y agraria que mantiene en la pobreza y la miseria a millones de trabajadores rurales, campesinos, indígenas y afrodescendientes, en función de una nueva organización del poder que dé cuenta de las demandas por la más amplia participación en la vida social de los hasta ahora excluidos, y así avanzar en la superación de la situación socioeconómica de precariedad extrema de decenas de miles de compatriotas empujados al circuito económico de la empresa transnacional criminal del narcotráfico. Aspiramos, igualmente, a aportar en el reconocimiento y la materialización de los derechos de las víctimas de la guerra que nos impusieron las clases dominantes. A nuestro juicio, uno de los mayores aportes de un eventual Acuerdo Final resulta de las nuevas posibilidades que él abre para sentar los cimientos de la construcción de la paz con justicia social. Nuestra generación actual y las generaciones futuras merecen una oportunidad distinta a la prolongación indefinida de la guerra.
No obstante, debemos afirmar una vez más que los objetivos que hemos buscado y por los que nos hemos levantado en armas contra el orden de dominación y explotación existente no se agotan allí. Nuestras aspiraciones históricas son mayores; buscan precisamente la superación del orden capitalista, tal y como lo enseñan las históricas luchas de nuestro pueblo y las que vivimos en el presente de Nuestra América.
Comprendemos a plenitud la potencia transformadora del actual momento histórico. Somos conscientes que se vienen gestando condiciones que nos ponen frente a dos caminos: O se asiste a recomposición del régimen imperante como respuesta a la crisis en maduración en todos los niveles, que consolidaría el actual poder de clase y profundizaría aún más sus políticas neoliberales, o se transita la ruta de un proceso constituyente capaz de producir la fuerza social del cambio realmente transformador. Ese es el reto que hoy enfrentamos.
Hacemos parte del movimiento general por una gran transformación hacia la democracia real en nuestro país. El horizonte de la Asamblea Nacional Constituyente que hemos propuesto es una estación necesaria en nuestro camino. Para nosotros es la posibilidad de refrendar los acuerdos logrados, de encontrarle salida a las salvedades que hemos dejado sentadas, y sobre todo de concertar un nuevo marco jurídico-político para la organización del poder social, del Estado y de la economía, sobre presupuestos que comprometan al conjunto de la sociedad colombiana, en todas sus expresiones políticas, económicas, sociales y culturales; Es decir, un tratado de paz, en el sentido estricto del término.
Nuestra visión de país no está limitada a una nueva Constitución. Ésta, no obstante, es una necesidad histórica. Por ello llamamos a un proceso constituyente abierto, que no culmina en el escenario de la Asamblea, sino que encuentra en ella un lugar para potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un nuevo nivel, en un contexto que estará caracterizado por la continuidad del conflicto y del antagonismo social.
Los Lineamientos generales de un Proceso constituyente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia representan nuestra visión de país; dan cuenta de la manera como queremos asumir, programáticamente, la potencia transformadora del actual momento histórico de la mano de nuestro pueblo. Los Lineamientos generales que aquí presentamos los hemos concebido con fundamento en el análisis y la recepción de múltiples propuestas y plataformas elaboradas desde el campo popular y por la intelectualidad crítica del país y, desde luego, apoyándonos en nuestras propias formulaciones y miradas sobre los cambios que se requieren para la transición hacia una Nueva Colombia. Ellos contienen en lo esencial nuestra aproximación programática para superar las inmensas desigualdades, democratizar en profundidad la vida social, transformar sustancialmente el Estado, restablecer la soberanía, insertarnos en los procesos de cambio en Nuestra América, y garantizar el bienestar y el buen vivir de nuestro pueblo. Si logramos hacerlos realidad, estaremos caminando la senda hacia una sociedad alternativa al capitalismo existente, hacia la Nueva Colombia.
Los Lineamientos generales que proponemos son los siguientes:
1. Democratización real y participación en la vida social.
2. Reestructuración democrática del Estado.
3. Desmilitarización de la vida social.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes.
8. Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración en Nuestra América.
1. Democratización real y participación en la vida social
La transición política hacia la Nueva Colombia exige la superación de las falencias y la ausencia de democracia real en todos los ámbitos de la vida social. Una larga cadena de limitaciones a la democracia hacen parte de nuestra historia republicana: élites incapaces de asumir reformas políticas y sociales necesarias, veto al protagonismo ciudadano en las definiciones económicas estratégicas, un sistema constitucional más afín a las reglas de los monopolios que a la defensa de lo común, generaciones completas bajo estados de excepción, exacerbado centralismo que silencia las voces regionales, genocidio de la oposición política, persecución y estigmatización sistemática del movimiento social y de la protesta popular, entre muchas otras.
El proceso constituyente debe contribuir, más allá de los indiscutibles aportes de un eventual Acuerdo Final, a ampliar y profundizar la democracia, como una condición ineludible para sentar las bases sólidas de la paz con justicia social, a reconocer que los déficit de democracia agravan el conflicto social y que la deliberación democrática constituye el escenario más propicio para abordar los conflictos humanos. El momento histórico demanda afirmar una idea de democracia diferente. El proceso constituyente deberá aportar en la construcción de la democracia real, directa, autogestionaria y popular.
Algunos de los componentes de esa idea de democracia real, desde nuestra perspectiva, remiten a las siguientes transformaciones. En primer lugar, asumir el predominio de procesos de democracia directa e indelegable, apoyada en una formación política para la cualificación de la participación en la toma de decisiones. La democracia directa no puede ser una excepción, sino un modo de vida cotidiano y permanente en los principales ámbitos de la vida social. Una democracia directa a nivel barrial, local, comunal, regional y nacional. En segundo lugar, potenciar los mecanismos directos de participación comunitaria y ciudadana, incluyendo el presupuesto participativo, la revocatoria del mandato y formas de representación o delegación. Una participación real y efectiva en la toma de decisiones y no meramente consultiva, evitando los mecanismos semidirectos de participación, en beneficio de los plenamente directos. En tercer lugar, avanzar en la construcción de una verdadera democracia social, que cimente bases reales de igualdad material, en relación con la riqueza social, la propiedad, la tierra y los ingresos. No es posible consolidar una democracia justa en una sociedad con tantas desigualdades materiales. En cuarto lugar, sustraer los bienes comunes y los derechos (seguridad social, salud, educación, cultura, interculturalidad, seguridad alimentaria, agua, ambiente, ciencia, investigación) de las reglas del mercado y de la ganancia exclusivamente privada, para garantizar el bienestar y el buen vivir de comunidades y poblaciones. Una lucha decidida contra la corrupción, a través de veedurías ciudadanas, control social y asambleas populares, para la vigilancia de los recursos públicos. En quinto lugar, configurar una nueva institucionalidad que logre tramitar democráticamente los conflictos económicos, sociales, culturales y ecológicos, fomentando las autonomías territoriales, regionales, departamentales, municipales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y raizales, propiciando formas democráticas de planeación y gestión de lo público, con participación popular en todas las etapas de los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y los presupuestos municipales, departamentales y nacionales. En sexto lugar, reconocer y estimular formas autónomas de autogobierno y autogestión emanadas de comunidades urbanas y rurales, en especial de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y raizales. No habrá democracia real y participación verdadera en la vida social si no se generan las condiciones para que las mujeres sean parte activa y deliberante de estos procesos, a fin de superar el régimen patriarcal de dominación, subyugación y exclusión. Las tareas de la democratización real deberán incluir los medios de comunicación.
2. Reestructuración democrática del Estado
El Estado, su institucionalidad y sus políticas han sido organizados y diseñados a lo largo de la vida republicana para atender y reproducir los intereses de las clases dominantes y perpetuar el orden capitalista que impera en el país. Como resultado de ello, vivimos en un país caracterizado por la exclusión política y social y la escandalosa concentración de la riqueza que produce la población.
El proceso constituyente para la transición hacia la Nueva Colombia deberá producir la fuerza social capaz de recuperar y reestructurar el Estado para garantizar una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalecer la institucionalidad y posibilitar una efectiva orientación de sus políticas con el fin de propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar el bienestar y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo esto, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. Para ello se hace necesaria una reestructuración democrática del Estado que deberá comprender la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, limitando el excesivo carácter presidencialista; el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización en la forma del Poder Popular de las comunidades urbanas y rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño del orden jurídico-económico y la reapropiación social de la política económica; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. Y de manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado deberá acompañarse de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se deberá reformar el poder electoral y garantizar la participación de las fuerzas políticas y los movimientos políticos y sociales opositores. Se tendrán que reformar los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular de los rectores de los organismos de control; igualmente de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas. Se suprimirá el Ministerio Público.
3. Desmilitarización de la vida social
Tras un Acuerdo Final entre el Estado y la insurgencia, no existe justificación política, ética o económica alguna para persistir en la política de seguridad y control social que ha privilegiado la extensión de la lógica militar a los diversos ámbitos de la vida social. La vida de nuestras comunidades diversas, para que pueda desplegarse autónomamente, bajo pautas de convivencia que es preciso recuperar y actualizar, así como la propia conflictividad y la protesta social, no pueden continuar siendo sometidas a un tratamiento militar. La política de defensa debe desligarse de los dictámenes de los Departamentos de Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de las centrales de inteligencia británica e israelí, y sustraerse de los enfoques geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro completo” sobre Nuestra América.
El proceso constituyente debe fundamentarse, en consecuencia, en la desmilitarización sistemática de la vida social, de la seguridad ciudadana, de la economía y de las finanzas del Estado, de la cultura y de la educación, y de los medios de la educación. Ello conlleva la redefinición de los conceptos de seguridad y defensa, así como de la política estatal en este campo; la superación definitiva de la doctrina militar de la “seguridad nacional” y de “guerra contrainsurgente”; el rediseño estructural de las Fuerzas Militares y de Policía, incluida la eliminación de las funciones militares de la Policía y su sujeción, en la organización institucional del Estado, al poder civil; la transformación de instituciones cívico-militares en instituciones civiles, especialmente en el campo de la educación; y una política de reducción continua del gasto militar que hoy cuantiosamente se destina a la guerra, hasta llevarlo al promedio del gasto a nivel internacional, en beneficio de otros sectores claves ligados con las necesidades esenciales de la población. Por otra parte, la política de defensa nacional debe atender los principios de soberanía y autodeterminación e incluirse decididamente en los intentos de formulación de una política regional que responda a los intereses nacionales y nuestroamericanos.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares
Para consolidar la transición política se hace imperioso emprender acciones decididas orientadas a garantizar el desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares que se han incrustado en el Estado y la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y se han convertido en un factor determinante de la organización capitalista. Dichos poderes representan una amenaza para hacer realidad las aspiraciones de democratización política, económica, social y cultural del país.
El proceso constituyente debe contribuir a la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso en todos los ámbitos y niveles, a denunciarlas y enfrentarlas, y a formular los lineamientos de una política de Estado que permita la superación de esos poderes en sus diversas formas. Se hace necesaria la depuración del Estado en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; en los órganos de control, así como en la organización electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. La depuración de la organización electoral constituye una condición necesaria para avanzar hacia la eliminación del poder político mafioso y narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del sistema político y de representación. El desmonte efectivo de este poder comprende también la depuración del Notariado y Registro, devenido en múltiples casos en instrumento del despojo de tierras y bienes raíces. En atención a las demostradas articulaciones y coordinaciones de la mafia y el narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía, y los servicios de inteligencia del Estado, se deberá proceder a la depuración de estas fuerzas y servicios.
Como resultado de estas acciones, se deberá recuperar el Estado y su institucionalidad para ponerlos al servicio del bienestar y el buen vivir de la población. No habrá posibilidades para la democratización real si no se quiebran las imbricaciones de sectores de las clases dominantes con la mafia y el narcoparamilitarismo. El quiebre aportará a la superación de la corrupción y a la recuperación del gasto público para la atención de los problemas sociales.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto
La actividad y la organización de la justicia, tanto en la que conserva el Estado, como en las formas ya privatizadas en el orden interno o internacional, poseen un lugar especial en la transición que debemos emprender. Es evidente que se asiste a una crisis del sistema de justicia, de su concepción y de su propia administración; que el sistema está concebido para proteger prioritariamente la propiedad de los grandes capitales; para perseguir y castigar a los pobres, al tiempo que es benévolo y complaciente con los poderosos. A ello se agrega la pérdida de independencia, la marcada influencia de otros poderes del Estado, la sujeción en algunos casos a poderes mafiosos, los vicios de corrupción y de clientelismo, junto con problemas de organización y de gestión. Es menester que el proceso constituyente aporte a una conceptualización de la justicia que, sobre presupuestos de democratización, conduzca a una regulación efectiva de la conflictividad social, posibilite restablecer la confianza y la legitimidad en ella, y permita sentar en ese campo las bases para la construcción de la paz. La recuperación de la justicia demanda diseños que restablezcan su independencia, garanticen la no injerencia de los demás poderes del Estado; superen las prácticas clientelares y corruptas. La conformación de la alta magistratura debe atender criterios de mérito, transparencia y compromiso con la comunidad, y garantizar participación y control ciudadano. La recuperación de la justicia no es simplemente una labor de reorganización técnica, que resuelva los problemas de organización y de gestión, sino que la haga funcionar en beneficio de procesos alternativos, a partir de la experiencia y de las prácticas mismas de comunidades y movimientos.
La construcción de una justicia para la paz exige el reconocimiento y la materialización efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto. El proceso constituyente debe contribuir a la construcción de una relación entre las aspiraciones de paz de la sociedad colombiana y la provisión de justicia a las víctimas que permita superar en forma definitiva las causas que han producido y hecho persistente el conflicto armado, así como reparar integralmente a quienes han sido sus víctimas. Se trata de superar las causas que producen la violencia del sistema, de emprender las acciones correspondientes para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin desconocer la importancia de la individualización, se debe reconocer que los hombres y mujeres, asesinados, desaparecidos, torturados, mutilados en esta larga guerra, lo fueron esencialmente en razón de sus convicciones políticas, generalmente comprometidas con proyectos de izquierda y alternativos de sociedad. Otro tanto se puede afirmar de comunidades y organizaciones sociales y populares, cuyos tejidos y estructuras solidarias y de cooperación fueron destruidos. La victimización devino en estrategia de guerra y ha estado orientada a producir cambios del orden económico, político y sociocultural, especialmente a la liquidación y el exterminio de las resistencias, de la oposición política y de las visiones alternativas de sociedad, como en el caso de la Unión Patriótica, de A Luchar y de otras organizaciones políticas de izquierda.
El proceso de victimización masiva hace parte de nuestra historia y memoria colectiva. La transición hacia la democratización real tiene que convertir a las víctimas en sujetos políticos de su propio destino. Colombia estará condenada a otros cien años de soledad si las voces de las víctimas son nuevamente silenciadas por el asesinato, la exclusión, la indiferencia o políticas institucionales inadecuadas. Necesitamos construir colectivamente esas políticas que permitan florecer las memorias de todas las víctimas. Manifestamos nuestra disposición de contribuir de forma decidida en toda acción para posibilitar y recobrar una memoria desde las víctimas. Reconocemos que sin esa memoria colectiva no podrá existir verdad, justicia, reparación y no repetición. Los colombianos y las colombianas aspiramos a enterrar para siempre esa peste del olvido y del miedo que acompaña nuestra historia común. Llamamos a apoyar acciones individuales y colectivas que posibiliten la memoria de todas las víctimas, a cultivar a nivel local, regional y nacional, iniciativas tales como investigaciones, tribunales, comisiones, seminarios, encuentros, expresiones culturales, testimonios, publicaciones, etc., que promuevan la memoria de las víctimas; insistimos en la importancia de establecer desde ya una “Comisión del esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo del conflicto”, que aporte a la construcción de la verdad en el proceso constituyente, y reiteramos nuestro compromiso con la conformación de una “Comisión de la verdad”; exhortamos a la definición colectiva y ampliamente participativa, con acompañamiento internacional, de una política estatal orientada a superar la violencia del sistema y a formular recomendaciones en vía de la no repetición de la victimización masiva o de la re-victimización. La superación de la doctrina de la seguridad nacional y el desmonte real del paramilitarismo en cualquiera de sus expresiones o denominaciones, constituyen condiciones necesarias e ineludibles.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales
A lo largo de las últimas décadas se ha impulsado un proceso de neoliberalización en el país acorde con las transformaciones globales del capitalismo, muy ligadas a la redefinición de la misión del Estado a fin de entronizar bases firmes para el predominio de la llamada economía de mercado y favorecer la transnacionalización de la economía. Este proceso ha propiciado la mercantilización del sistema de seguridad social, la introducción de la misma lógica en el sistema educativo, la privatización de los servicios públicos y de la vivienda social y, en general, una tendencia a la privatización de todos los campos de la vida social y de los bienes comunes naturales, que se ha acompañado del desmantelamiento de la reducida política social del Estado, sustituyéndola por el sistema de subsidios a la población excluida, como mecanismo de integración y cooptación y de manipulación electoral. La mercantilización se ha acentuado debido a la proliferación de tratados de libre comercio. La extensión de las lógicas mercantiles y privatizadoras, además de consolidar el dominio del capital en toda la vida social, especialmente del capital financiero, ha producido una verdadera transformación sociocultural de exaltación de los valores capitalistas: competencia, productivismo, individualismo, deshumanización, en detrimento de la solidaridad, la fraternidad y la cooperación, amenazando además el conjunto de derechos reconocidos formalmente en el ordenamiento vigente.
Para la transformación de las relaciones económico-sociales que se ha de impulsar a través del proceso constituyente es cardinal promover la desprivatización y desmercantilización de numerosas áreas de la vida social que han sido apropiadas por la lógica capitalista, ya sea por agentes privados o por los propios agentes públicos del Estado, y despojarlas del sometimiento al capital financiero, para en lugar de ello, generar un proceso de reapropiación social en áreas esenciales de las condiciones de existencia como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la cultura y la garantía de formas de ingreso que dignifiquen el trabajo en todas sus formas. Al tiempo que se recupere y potencie la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en estos campos, se deben proveer las condiciones para una participación directa, activa y autogestionaria de comunidades organizadas, urbanas y rurales. La transformación de las relaciones económico-sociales se fundamenta en la generación de las condiciones para la materialización efectiva de los derechos de la población, lo cual incluye la conformación de instituciones, así como la destinación de los recursos de presupuesto necesarios para ello. La finalización de la confrontación armada debe permitir un redireccionamiento de los recursos que hoy se destinan a la guerra para atender las necesidades más sentidas de la población.
Aspiramos a reducir drásticamente el patrón de desigualdad económica y social, a eliminar el hambre y la pobreza, a dignificar la vida y el trabajo de los humildes, a garantizar su bienestar y buen vivir. De manera especial se deberá considerar la situación de las mujeres, con el propósito de superar la desigualdad y discriminación en los diferentes ámbitos de la vida social. Frente a la carencia de un horizonte de futuro humanista y humanizado, el proceso de desmercantilización deberá atender de manera especial a las mujeres y a los hombres jóvenes, con trabajo digno, educación en todos los niveles, cultura, deporte y recreación. Las desmercantilización deberá favorecer igualmente a los campesinos, los indígenas, afrodescendientes y raizales, así como a la comunidad LGTBI.
El paso de desmercantilización de la vida social no es una finalidad en sí misma, ni mucho menos alcanzarlo es un punto satisfactorio de llegada, sino que es uno más en la dirección de una sociedad alternativa al capitalismo.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes
El modelo económico imperante ha convertido la explotación de la riqueza natural, de nuestros recursos energéticos y mineros, de nuestra agua, de nuestra biodiversidad, en una de sus principales fuentes de acumulación. Dicha explotación, además de depredadora en términos socioambientales, se ha constituido en un factor fundamental de la generación de violencia estructural, del despojo de tierras y territorios, del desplazamiento forzado, de la muerte y la persecución. La explotación de nuestra riqueza natural está concebida para fortalecer la dependencia, favorecer poderosas corporaciones transnacionales y grupos económicos locales, y estimular la especulación financiera en los mercados mundiales de valores. Todo ello, como resultado de diseños que garantizan la expropiación privada capitalista de las rentas generadas, las cuales además de empobrecernos en términos económicos y socioambientales, han convertido al país en un exportador neto de capitales.
El proceso constituyente debe conducir a una reapropiación social de nuestra riqueza natural, a una redefinición sustancial de las economías de extracción, que contemple la superación de la relación destructiva y depredadora con la naturaleza y garantice que las rentas derivadas de su usufructo se destinen para contribuir al bienestar y al buen vivir de la población, lo cual deberá traducirse en la formulación de nuevas marcos regulatorios, diseñados socialmente con la participación de las comunidades directamente afectadas. La reapropiación social de nuestra riqueza es fundamental para sentar las bases de una paz estable y duradera, con justicia social.
Los cambios del capitalismo en la época actual han provocado la crisis de la distinción entre lo público y lo privado, pues han develado que lo público no ha sido ni puede ser una expresión del interés general, sino que siempre se ha constituido en celada para reproducir el régimen político dominante, edificado sobre esa aparente misión integradora y benefactora de toda la sociedad. La verdadera misión del Estado al servicio del sistema capitalista, desdibuja la separación entre el Estado y el mercado, y permite apreciar que la apropiación particular, la privatización, puede ser agenciada tanto por los agentes particulares, como por las instituciones y aparatos estatales.
Esa crisis nos conduce necesariamente a recuperar lo que nos es común, no sólo en el sentido de los bienes y recursos de la naturaleza, que el cambio científico-técnico ha multiplicado y redimensionado, sino de lo que como colectivo humano, como comunidad, construimos acumulativamente, como la misma ciencia y tecnología, los saberes tradicionales, y las formas de cooperación autónoma en muchos órdenes, sobre todo las soportadas sobre territorios, discutiendo así el monopolio clásico del Estado sobre esas dimensiones entendidas exclusivamente como geográficas.
El proceso constituyente debe conducir, en ese sentido, a que nuestra especie diferenciada se libere realmente de la apropiación particular, privada, así sea la disfrazada de interés general por las prácticas estatales, y construir y potenciar en lugar de ello, la dimensión de lo común, apropiado socialmente.
8. Reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales y urbanos
Durante las últimas décadas se ha asistido a un brutal ordenamiento del territorio. El ejercicio de la violencia sistémica y estructural con base en la acción conjunta de las fuerzas militares y de policía y de los ejércitos del narcoparamilitarismo, acompañada de la orientación del modelo económico a la explotación transnacional de la riqueza natural, a la expropiación de los bienes comunes y la producción de agrocombustibles, ha provocado un proceso de despojo masivo y continuado de territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, obligadas al confinamiento o al desplazamiento forzado, destruyendo sus formas de vida, su cultura y sus economías. La relación entre violencia capitalista, acumulación de riqueza en pocas manos y organización territorial se ha puesto crudamente en evidencia. Tal situación se ha agregado a la histórica concentración de la propiedad latifundista improductiva sobre la tierra. Una de las principales expresiones del conflicto social se encuentra hoy en el antagonismo entre los expropiadores de tierras y territorios, por una parte, y comunidades que se resisten al despojo y reivindican sus derechos sobre la tierra y la producción autónoma del territorio, por la otra.
El proceso constituyente tiene dentro de sus tareas inaplazables la reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales, así como del agua y de los usos de la tierra. Tal tarea representa una condición inobjetable para la construcción de la paz verdadera. La reorganización democrática del territorio deberá propiciar relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute del agua por parte de la población; reconocer y respetar las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimular usos agrícolas de la tierra, en especial para la producción de alimentos; establecer límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción minero-energética y de agrocombustibles; regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y promover planes alternativos frente a la problemática de los cultivos de uso ilícito.
Por otra parte, en la realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa se condensan las aspiraciones de los humildes y explotados del campo. Dicha reforma, deberá contemplar, entre otros, en primer lugar, el acceso a la tierra para los desposeídos, la democratización de la propiedad, la superación definitiva del latifundio, y la restitución de las tierras a los expropiados; deberá contribuir a superar el hambre, la desigualdad y la pobreza, a dignificar el trabajo y el trabajo asalariado del campo, a garantizar la soberanía alimentaria; deberá proveer las condiciones de infraestructura física y social, los recursos de crédito, el apoyo científico y tecnológico para la producción campesina, en especial, para la producción de alimentos. En segundo lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de los territorios campesinos, en especial de las Zonas de Reserva Campesina, lo cual comprende el reconocimiento político del campesinado y de sus derechos, la autonomía de las comunidades campesinas para gobernarse, así como el compromiso del Estado de garantizar las condiciones necesarias para ello. En tercer lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, de los territorios interétnicos e interculturales; así como de los derechos de estas comunidades, incluida su autonomía. En cuarto lugar, deberá contemplar la denuncia de los Tratados de Libre Comercio, la prohibición de la extranjerización de la tierra, regulaciones contra el acaparamiento y la especulación financiera, la protección de la propiedad intelectual de las comunidades rurales y de las semillas nativas, y la prohibición del uso de transgénicos.
Por otra parte, el modelo económico neoliberal ha impuesto un ordenamiento urbano para responder a la inserción de la economía en los circuitos transnacionales del capital y en función de los intereses del capital financiero, en especial de la especulación con los precios de la tierra y del negocio inmobiliario. Como resultado, se ha asistido a una apropiación capitalista de las ciudades, que organiza el conjunto de la vida social y el trabajo acorde con los propósitos de obtención de ganancia y altas rentabilidades, al tiempo que produce segregación y discriminación, acentúa las desigualdades económicas y sociales, y estimula el endeudamiento de los hogares.
El proceso constituyente deberá propiciar un proceso de transformación democrática del espacio urbano, orientada a garantizar el buen vivir de la población y la materialización de la justicia social urbana. Garantizar el buen vivir de la población implica proveer la infraestructura y las dotaciones correspondientes para hacer efectivos, en términos reales y materiales, derechos de la población tales como la participación política y social, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la cultura, la recreación, el deporte, el agua, el medio ambiente sano, el acceso y disfrute de los servicios públicos, las vías, el transporte público, la seguridad ciudadana, entre otros. La justicia social urbana conlleva el reconocimiento de compensaciones especiales para superar las profundas desigualdades dentro de las ciudades, así como el hambre, la pobreza y la miseria, a través de políticas redistributivas del ingreso y del espacio urbano. La apropiación, gestión, simbolización, comunicación, producción y reproducción del espacio urbano se fundamentará en la más amplia participación política y social, y estará orientada a su redistribución equitativa y a la superación de las desigualdades espaciales, en particular a garantizar el pleno derecho a la ciudad, así como a la erradicación de la marginalidad y la segregación urbanas.
Como parte de la reorganización democrática del territorio urbano, se profundizará el proceso de descentralización política y administrativa mediante el estímulo a la mayor autonomía y democracia en las localidades y los barrios. Se deberá promover la autogestión y el control de las comunidades en asuntos que afecten de manera directa el buen vivir y sus condiciones de vida, en especial en lo relacionado con los servicios públicos, la seguridad ciudadana, con dotaciones de infraestructura vial y de transporte público, de educación y salud, de espacios de recreación y cultura. La profundización de la descentralización incluye garantizar procesos verdaderamente democráticos y participativos de ordenamiento urbano, de planeación y de elaboración y ejecución presupuestal en todos los niveles. Asimismo, diseñar procesos de contratación pública que privilegien la realización de programas y proyectos de inversión por las propias comunidades urbanas organizadas, o que contribuyan al fortalecimiento de formas o prácticas sociales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios basadas en el trabajo asociado, la propiedad colectiva y el reparto igualitario de excedentes, y que sean generadoras de empleo e ingresos dignos.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir
El modelo económico neoliberal que se impuso en el país a lo largo de las últimas décadas debe ser superado en forma definitiva. Los diseños de la economía y de la política económica no pueden continuar al servicio de un puñado de grupos económicos y conglomerados financieros y de corporaciones trasnacionales que acrecientan en forma escandalosa su riqueza. El modelo imperante ha generado la desindustrialización y la destrucción de la producción agrícola; ha propiciado la explotación intensiva y depredadora en términos socioambientales de los recursos energéticos y mineros, así como la producción de agrocombustibles en detrimento de la producción de alimentos; ha conducido a una galopante financiarización, al creciente endeudamiento del Estado y de los trabajadores; ha profundizado la inserción empobrecedora y dependiente en la economía mundial; ha desmantelado la capacidad económica del Estado y desfavorecido formas de producción de las comunidades urbanas y rurales, produciendo la precarización generalizada del trabajo y el ingreso, en detrimento de las condiciones de vida de la población.
La transición hacia la Nueva Colombia exige una redefinición sustancial del modelo económico neoliberal. El proceso constituyente debe tener como uno de sus propósitos la definición de los lineamientos de una nueva economía, dentro de los cuales se encuentra el restablecimiento de la capacidad productiva nacional; la recuperación de la capacidad económica del Estado; el reconocimiento del carácter plural de la economía que supone la coexistencia de diversas formas de propiedad y de producción; el apoyo y estímulo especial a formas de producción asociativas y comunitarias, urbanas y rurales; su necesaria desfinanciarización; un nuevo tipo de inserción soberana en la economía mundial que establezca límites a la apropiación del valor generado por nuestra sociedad y reconozca la pertinencia de las formas innovadoras de integración latinoamericana, solidaria y cooperativa, que nos identificarían más allá de las exclusiones y competencias creadas por los artificios nacionales que borran nuestra identidad comunitaria; y una disposición de la infraestructura de transporte y comunicaciones en consonancia con estos propósitos. La nueva economía debe conducir al despliegue y la consolidación de diversas formas de economía popular, que deberán ser encadenadas y articuladas en forma creativa para atender prioritariamente las necesidades del mercado interno. Y todo lo anterior debe redundar en el bienestar y el buen vivir de la población, sobre presupuestos de sostenibilidad socioambiental.
El proceso constituyente incluye reformas normativas, en las que no puede estar ausente la intervención sobre los aparatos estatales para redefinir su actual funcionalidad. Las instituciones económicas de la transición, además de contribuir a garantizar la materialización de los derechos, deberán posibilitar y facilitar las reformas requeridas para la construcción de la paz. El propósito de una macroeconomía sana no debe limitarse a políticas de control inflacionario y de fijación de techos constitucionales al gasto público a través de la llamada sostenibilidad fiscal. El régimen de banca central deberá conjugar el propósito de la preservación del poder adquisitivo de la moneda con el crecimiento económico y el empleo, en condiciones que permitan superar su actual precariedad. La sostenibilidad fiscal no resulta de las restricciones a la financiación de los derechos, o de limitar los impactos fiscales a las acciones constitucionales o de restringir el control de constitucionalidad en materia económica. Ella proviene de la formulación de un nuevo régimen de tributación que opere según el criterio “quienes más rentas y patrimonio tienen, más impuestos deben pagar”; que prohíba las exenciones a los grandes capitales, en especial a las transnacionales; que castigue las rentas y la especulación financiera e inmobiliaria urbana, así como la gran propiedad latifundista sobre la tierra, al tiempo que produzca alivios sobre los impuestos a las rentas del trabajo y los impactos de la tributación indirecta. La deuda pública deberá ser sometida a un proceso de auditoría externa especializada; con miras a minimizar su impacto fiscal; se privilegiarán operaciones de financiamiento del Banco de la República sobre la búsqueda de recursos en el mercado de capitales. Se deberá recuperar la senda de la descentralización, contemplar la profundización del proceso mediante la transferencia creciente de recursos del Gobierno central a los entes territoriales y a los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, estableciendo reglas claras de asignación y privilegiando la destinación para la financiación de la oferta estatal en materia social. El régimen de las regalías establecerá mayores porcentajes a favor de la Nación, en proporción no inferior al 80 por ciento de los recursos naturales extraídos; se rediseñarán su composición y funciones. Sin perjuicio del ahorro para situaciones de crisis, parte significativa del actual Fondo de Ahorro y Estabilización deberá contribuir a financiar el fortalecimiento de la base productiva y técnico-material del país; se fortalecerá la asignación de recursos para las regiones receptoras de regalías y se definirán pautas precisas para superar las desigualdades regionales. Se garantizará la participación social, con carácter vinculante, en los planes de desarrollo y los presupuestos públicos, en el nivel nacional, departamental y municipal. Dichos planes y presupuestos deberán definirse en función de la concreción, a través de medidas de política económica, de las reformas requeridas para la construcción de la paz con justicia social.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración de Nuestra América
La transición política hacia la democratización real exige superar la sujeción impuesta por las clases dominantes a intereses económicos, políticos y culturales foráneos y dejar atrás alianzas con potencias extranjeras, concebidas para sostener y afianzar la dominación. El intervencionismo extranjero ha sido uno de los factores generadores de la violencia, de la imposición de un régimen de democracia restringida, del saqueo de la riqueza nacional, del empobrecimiento de la población colombiana y del sometimiento a los propósitos geopolíticos de los Estados Unidos en la Región. Ello ha conducido a una inserción dependiente, no soberana, en las relaciones internacionales y globales.
El proceso constituyente que llamamos a impulsar debe tener dentro de sus propósitos el restablecimiento de la soberanía y el apoyo a la integración de Nuestra América; el rechazo a cualquier forma de colonialismo, dependencia y explotación imperialista; la continuidad del legado político las guerras independentistas que doblegaron al colonialismo español, francés e inglés.
Concebimos la soberanía como el respeto inalienable de los pueblos a su autodeterminación y la no intervención de ninguna potencia extranjera en las decisiones autónomas de los pueblos y las naciones. Valoramos las luchas de las masas oprimidas por su emancipación, la cooperación internacional frente a la problemática ambiental, la defensa de la paz mundial y las iniciativas planetarias de integración regional. Defendemos un diálogo creativo entre los pueblos del mundo que vaya más allá de los gobiernos, para enfrentar las luchas globales contra el hambre, la desigualdad y la pobreza, la discriminación y la violencia.
Consideramos que el sueño de Bolívar, Miranda, Policarpa, Sucre, Nariño, Martí, todas y todos nuestros próceres, de una América Nuestra unida en su diversidad, no ha sido realizado. Por eso exhortamos a trabajar por nuestra definitiva independencia destacando aspectos centrales de la integración de Nuestra América.
Se debe promover un nuevo orden mundial multipolar, guiado por los principios de la cooperación, la autodeterminación y la fraternidad entre los pueblos, para rechazar todo forma de colonialismo, sujeción y dependencia. Consideramos ineludible, para conquistar este objetivo, una verdadera reforma democrática de toda la estructura de la Organización de Naciones Unidas y del conjunto de las instituciones internacionales y globales. Estimamos necesario el apoyo a espacios de acuerdo, integración y resolución de conflictos entre todos los países y pueblos de Nuestra América, que fomenten la soberanía, la autodeterminación y la paz. Destacamos el papel que tienen en la época actual instituciones como UNASUR, CELAC y ALBA, como expresión de la libertad y unidad de Nuestra América. Convocamos a los pueblos y países de la región para construir estrategias hacia la soberanía financiera y monetaria, la soberanía alimentaria y la soberanía cultural de nuestro continente; trabajando en vía de la cooperación y la complementariedad de nuestros países y no de la destructiva competencia neoliberal. Nos parece imprescindible propiciar la desmilitarización de la Región, acordar el retiro de todas las bases militares extranjeras, declarando Nuestra América un territorio de paz, libre de cualquier amenaza nuclear y faro de la paz planetaria. Consideramos necesario consolidar instituciones entre los gobiernos y los pueblos de Nuestra América, para la defensa de la diversidad ecológica de nuestro hábitat, en especial, los nevados, los páramos, la fauna, los bosques y la Amazonía.
Nos parece inaplazable el estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a los procesos de integración de Nuestra América; el control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano; el reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano; la imposición de medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población, incluida su denuncia o renegociación, en especial de los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones; la solución de controversias en la jurisdicción nacional; la auditoría a la deuda externa y su renegociación.
Delegación de Paz de las FARC-EP
