Es una cuestión ya tradicional en el Estado Español, la existencia de grupos organizados dentro de los aparatos policiales, a veces bien controlados por los Gobiernos respectivos, otras veces no, que actúan al margen de la legalidad vigente con una clara finalidad política- represiva.
Durante el Franquismo el principal y casi único objetivo de las fuerzas policiales era la represión política, es decir la persecución de la oposición democrática.
La falta de una mínima depuración de fascistas y torturadores de los cuerpos policiales durante la transición, permitió que en estos se instalara la cultura de la total impunidad y el ideario de que la represión política era algo consustancial a su existencia, por supuesto a la que había que dar continuidad.
Esa percepción, ajustada a la realidad, condiciona el uso generalizado de las fuerzas policiales en esa dirección, la represión, pero también la supervivencia de llamémosle “estructuras” con cierto grado de autonomía que son utilizadas más allá de la legalidad, sin que aquellos que tienen la responsabilidad de velar por que ésta se cumpla lo hagan, convirtiéndose en cómplices de esas prácticas, en el mejor de los casos por omisión.
Los episodios más conocidos de esa línea de actuación policial ilegal, consentida y/o amparada por el Estado, fue el llamado GAL, pero hubo a lo largo de la historia de las últimas casi cuatro décadas, otras muchas experiencias.
En estos momentos nos enfrentamos con tres “operaciones policiales” en marcha, con diferentes dimentiones, pero que parecen tener un mismo hilo conductor, y desde luego un objetivo común, la represión política. Nos referimos a la operación mediático-policial contra le movimiento soberanistas en Cataluña, bastante conocida por la derivada que tiene en el mano a mano entre los diarios, El Mundo y El País.
Las otras operaciones, absolutamente brutal la primera a la que nos vamos a referir el secuestro de Alfonso y la campaña mediático-policial contra la militante de Iz.Ca., Elena Martinez, que es a su vez trabajadora en el Congreso de los Diputados como asistente del Grupo Parlamentario Mixto.
En ambos casos hay un claro objetivo, atacar al creciente, cuantitativa y cualitativamente, movimiento popular en Madrid.
Seguramente el Sistema no tenía previsto, al menos con la fuerza con la que esta ocurriendo, el desarrollo de un potentísimo movimiento popular en Madrid, no sólo en lo social, si no también en lo político, además con una clara orientación rupturista.
El Estado sabe perfectamente que el avance de la organización política del movimiento popular en Madrid, es uno de los elementos claves para la configuración de una estrategia rupturista con el Regimen actual. Y pretenden neutralizar ese avance recurriendo a todos los métodos represivos, los legales y particularmente los ilegales.
En el contexto descrito, es en el que se enmarca la operación de secuestro y tortura planificada de Alfonso. Se está llevando adelante una práctica que podríamos denominar de “aducción” del militante, de machacarlo sicológicamente en la búsqueda de su destrucción como persona, combinando como decíamos, un secuestro de hecho con la tortura programada durante éste.
En el caso de Elena Martinez, la maniobra mediático – represiva, desde el punto de vista general tiene el mismo objetivo, atacar al movimiento popular organizado en Madrid. Desde el punto de vista individual, la línea represiva también tiene la pretensión de criminalizar y desestabilizar a la persona.
Se habla bastante de la actual Delegada del Gobierno en Madrid, pero se habla muy poco del actual Jefe Superior de Policía en esa Comunidad.
El actual Jefe Superior de Policía en Madrid era el Jefe Superior de Policía en Castilla y León cuando comenzaron las movilizaciones contra el narcotráfico, la corrupción y la especulación en el Barrio de Pajarrilos de Valladolid en febrero de 2003. Ese señor se posicionó descaradamente desde el principio en contra de ese movimiento social, reprimiéndolo salvajemente y favoreciendo la continuación de la actividad del narcotráfico en el barrio.
Ese señor, impuso sanciones económicas por cerca de 30.000 euros, del año 2003, a l@s vecin@s del barrio, que finalmente fueron anuladas en su mayoría; y presentó una denuncia contra más de veinte miembros de la Coordinadora por asociación ilícita, que también quedó finalmente archivada.
Ese personaje, es el que inspira en la actualidad la política represiva en la Comunidad de Madrid.
El Estado debería de saber ya, a estas alturas, que con todas esas maniobras criminalizadotas y represivas no van a parar al movimiento popular, lo único que conseguirán es deslegitimarse y desacreditarse aún más.
