En la Mesa de Conversaciones de paz, buen comienzo ha tenido la discusión sobre el primero de los seis puntos de la Agenda convenida dentro del marco del Acuerdo General o Acuerdo Especial de la Habana. Dos comunicados conjuntos han corroborado al país que las partes se encuentran satisfechas con los avances que ha tenido el desarrollo del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Superando los aspectos técnicos de funcionamiento, ya ha sido abordado el tema Política de desarrollo agrario integral, como aspecto determinante que es para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.
Entre los importantes progresos que rodean este momento de los debates, está sin duda el comienzo del trabajo de la página Web, como uno de los tantos mecanismos de recepción de las iniciativas populares. A través de este y otros instrumento deberá multiplicarse la participación real y efectiva de la ciudadanía en campos y ciudades, sin que ello coarte la participación directa de las diferentes formas de organización social en el proceso, cosa que se tendrá que ir abriendo paso con determinación por el protagonista principal de estas conversaciones que sin duda es el pueblo.
Al respecto, el otro gran avance ha sido el Foro que sobre el asunto se convocó para los días 17, 18 y 19 de diciembre en Bogotá, por parte de Naciones Unidas Colombia y la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento, a solicitud de la Mesa de Conversaciones. La participación la auguramos como masiva y fructífera, si tomamos en cuenta el inmenso respaldo y expectativa que tiene el proceso de paz, a pesar de la ofensiva que los grandes medios de comunicación sostienen contra las esperanzas de éxito que el pueblo abriga, y a pesar también de la incontinencia verbal del Ministro de Guerra, quien todos los días dispara contra ella.
Hasta la Habana han llegado ya las conclusiones de las mesas regionales de trabajo que impulsaron las Comisiones de Paz del Parlamento, y se anuncia que en breve tendremos las conclusiones de ese importantísimo certamen realizado en la primera semana de diciembre por iniciativa del movimiento popular colombiano, denominado Encuentro Internacional Pueblos Construyendo Paz. He aquí los primeros aportes, el anuncio digamos, de lo que deberá ser una portentosa presencia del constituyente primario en la construcción de una nueva visión de país, que nos permita alcanzar la justicia social que funde la paz. He aquí los primeros elementos que desde las FARC-EP se tomarán en cuenta para construir una propuesta que responda a las aspiraciones del común.
¿Pero sobre qué insumos discurren hasta ahora los análisis de los delegados de paz de ambas partes? Sin duda está el conjunto de la sobre-diagnosticada realidad de desastre en el escenario rural que padece Colombia, pero que deberán ser iluminados con los razonamientos y consideraciones que han comenzado ha llegar desde el seno del pueblo refiriéndose al acceso y uso de la tierra, entre otros tópicos esenciales de esta problemática cuya característica fundamental conflictiva está en la existencia de una estructura latifundista, de acumulación derivada del despojo sangriento o desposesión, protagonizado por las elites en el poder al amparo del terrorismo de Estado.
El debate ha comenzado y su enriquecimiento deberá ir en creciente, alertando contra las trampas que al lado del Plan Nacional de Desarrollo, entraña esa nueva forma de concentración de la tierra que es la Ley 1448 de 2011 sobre reparación y restitución de víctimas. Un binomio normativo que sin dudas configura una premeditada antinomia jurídica, un conflicto adrede de principios, que lo que busca es tener la escena que permita las amplia interpretación jurídica como el espacio perfecto para acciones ocultas de desposesión “legal”.
Habrá que hablar sobre ese otro adefesio que es el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, sobre el por qué de la tendencia a favorecer la gran empresa, disimulando tal circunstancia con profusas sustentaciones sobre las supuestas ventajas que trae para las gentes del campo el esquema pequeña explotación-mayor productividad, a partir de propuestas de fortalecimiento de la pequeña propiedad, de la “empresarización” y las “alianzas productivas” como camino para lograr viabilidad económica, como si las dinámicas de un mercado incontrolado no nos mostrara el seguro fracaso para los pequeños agricultores, como está visto en casos del Medio Ariari, Urabá y el Magdalena Medio.
¿Encadenamientos productivos? Preguntémonos en qué eslabón de la producción interviene el campesino, cómo es la distribución de los beneficios, etc. Preguntémonos, cuál será el destino de la economía campesina, el destino de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como opción económica y social que no convierta al campesino en sólo aportante de tierra y mano de obra barata que termine siendo el esclavo de los proyectos empresariales de los grandes inversionistas, los del llamado músculo financiero.
Por qué tanta preocupación ahora por las “rigideces de las UAF”, por qué el interés en empresarizar a partir del falaz argumento de que ello posibilitaría una mejor utilización de las tierras en las cuales actualmente se localizan, cuando la subutilización y uso inadecuado de tierras ha derivado de la monopolización de la propiedad rural; es en la gran propiedad donde precisamente ha estado ubicado este gran problema, mientras que en los pequeños fundos de los campesinos y pobladores rurales, históricamente se produce, en medio de lamentables condiciones de existencia, además, la porción más grande e importante de la oferta alimentaria. ¿Qué tal si los subsidios del Estado no fluyeran hacia los latifundistas palmicultores, bananeros, cañeros…, como ocurrió con AGROINGRESO SEGURO, sino hacia los productores del campo empobrecidos por las políticas gubernamentales?
Acceder a la tierra, tener su título de propiedad, un sueño de siempre del campesino, del indígena y de las comunidades rurales afro. El retorno con garantías, otro sueño de los desterrados y desplazados por esta guerra impuesta desde arriba. Formalizar la propiedad, dicen los expertos del gobierno, jugando con ese justo deseo de nuestros soñadores, que comienzan advertir cómo se está fraguando la pesadilla del despojo legal: cumplidas las titulaciones masivas, cumplida la restitución “del derecho”, sin los apoyos prometidos por los culebreros del sistema, la opción no será otra que la de enajenar las tierras, eso sí, “legalmente”, con seguridad jurídica, como parte de la seguridad inversionista, tal como lo exigen las multinacionales. No en vano el Banco Mundial y la USAID, promocionan el proceso, pues está en el trasfondo de todo, crear las condiciones que permitan lo más pronto posible la vinculación plena de Colombia a la relocalización mundial de la agricultura aportando el sudor y la sangre de los pequeños y medianos productores de nuestro país.
Necesario es que la dirigencia política en el poder abandone ya su sometimiento a los centros internacionales de poder, a esas políticas que nos han sumergido en una profunda crisis de producción, en la carrera loca de privilegiar los cultivos permanentes, nocivamente expansivos, de palma africana y caña de azúcar entre otros, en detrimento de los cultivos transitorios y de la pequeña y mediana agricultura; en fin, en detrimento de la soberanía alimentaria, del bienestar del país y en especial en desmedro de la ya lamentable condición de vida de una población rural que en más del 62% está azotada por la pobreza.
Por ahora dejemos hasta ahí nuestras reflexiones recordando una recomendación que, para sorpresa de muchos, la Procuraduría General de la Nación hiciera hacia finales de 2009 en una carta que dirigió a la Corte Constitucional: “Es urgente recabar del Estado colombiano la necesidad de realizar una reforma agraria integral y actualizada, cuya demora ha sido una de las causas del conflicto social y del fenómeno del desplazamiento forzado que se vive en el país”.
DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP
