Cómo los cár­te­les impo­nen su ley- Harald Schumann

Los res­pe­ta­bles hom­bres de nego­cio se reu­nían la mayo­ría de las veces en los con­gre­sos de la fede­ra­ción pro­fe­sio­nal de elec­tró­ni­ca en Fránc­fort. Allí rea­li­za­ban expo­si­cio­nes sobre los nue­vos mer­ca­dos, las nue­vas tec­no­lo­gías y sobre cual­quier otra nove­dad del sec­tor de los trans­for­ma­do­res, esos gran­des apa­ra­tos com­pues­tos de ima­nes y bobi­nas, indis­pen­sa­bles para cual­quier pro­vee­dor de elec­tri­ci­dad. Pero tras el cie­rre del pro­gra­ma ofi­cial del con­gre­so es cuan­do las cosas se ponían real­men­te intere­san­tes, duran­te vela­das o excur­sio­nes en grupo.

Enton­ces, los direc­to­res gene­ra­les y los res­pon­sa­bles de ven­tas se reu­nían en «petit comi­té», según deter­mi­na­ron los inves­ti­ga­do­res, para rea­li­zar «inter­cam­bios sobre pro­yec­tos con­cre­tos», con los que obten­drían jugo­sos bene­fi­cios. Pac­ta­ban acuer­dos que garan­ti­za­ba a pseu­do-com­pe­ti­do­res una serie de bene­fi­cios com­ple­men­ta­rios del orden de dece­nas de millo­nes. Los par­ti­ci­pan­tes pre­sen­tes acor­da­ban en deta­lle la for­ma de com­par­tir los con­tra­tos y, sobre todo, los pre­cios que se iban a aplicar.

Una enten­te en detri­men­to de los consumidores

Los fun­cio­na­rios de la Ofi­ci­na Fede­ral de la Com­pe­ten­cia en Bonn des­cu­brie­ron que, duran­te al menos cin­co años, el gru­po Sie­mens, la empre­sa Starks­trom-Gerä­te­bau de Ratis­bo­na, el fran­cés Als­tom y el gigan­te sui­zo de la elec­tri­ci­dad ABB se divi­die­ron el mer­ca­do ale­mán de los trans­for­ma­do­res, eli­mi­nan­do de este modo cual­quier tipo de com­pe­ten­cia, en detri­men­to de los con­su­mi­do­res, pues éstos paga­ron con­si­de­ra­ble­men­te más que si los pro­vee­do­res hubie­ran ope­ra­do en una situa­ción de com­pe­ten­cia. La inves­ti­ga­ción de la poli­cía sobre los cár­te­les duró cua­tro años y el resul­ta­do fue, el pasa­do mes de sep­tiem­bre, una serie de san­cio­nes finan­cie­ras. En total, las cua­tro empre­sas y los direc­ti­vos impli­ca­dos tuvie­ron que pagar 24,3 millo­nes de euros de mul­ta al Teso­ro público.

Pero nada más. Nadie ha teni­do que res­pon­der de sus actos ante un tri­bu­nal. Ni siquie­ra se ha seña­la­do a nin­gu­na de las par­tes impli­ca­das. Más allá de algu­nas noti­cias bre­ves, los medios de comu­ni­ca­ción no se han hecho mucho eco del asunto.

Casi siem­pre ocu­rre lo mis­mo cuan­do se des­cu­bren cár­te­les en Euro­pa. Cada año, las auto­ri­da­des res­pon­sa­bles de la com­pe­ten­cia inves­ti­gan a cien­tos de empre­sas que bur­lan la prohi­bi­ción de for­mar cár­te­les. Café, pro­duc­tos para lavar vaji­llas, cemen­to y pro­duc­tos quí­mi­cos, pan­ta­llas pla­nas y lec­to­res de DVD, cris­ta­les y haces eléc­tri­cos para auto­mó­vi­les, inclu­so los camio­nes de bom­be­ros y los cama­ro­nes, la lis­ta de los sec­to­res impli­ca­dos es casi infinita.

«Hijos de las tinieblas»

En reali­dad, el cos­te de la pla­ga de los cár­te­les es mucho mayor de lo que se cree en gene­ral. Según han podi­do deter­mi­nar las auto­ri­da­des de la com­pe­ten­cia, los cár­te­les infla­ban los pre­cios de sus pro­duc­tos una media del 25%, con lo que en cues­tión de cua­tro años podían acu­mu­lar una boni­fi­ca­ción equi­va­len­te a su volu­men de nego­cio anual. Como es evi­den­te, es impo­si­ble cono­cer las cifras exac­tas. Des­pués de todo, los cár­te­les son «hijos de las tinie­blas», como dijo Franz Jür­gen Säc­ker, anti­guo juez espe­cia­li­za­do en cár­te­les y hoy uno de los gran­des espe­cia­lis­tas del dere­cho de la com­pe­ten­cia en la Uni­ver­si­dad Libre de Berlín.

No obs­tan­te, des­de 2007, un equi­po com­pues­to por nue­ve eco­no­mis­tas de tres ins­ti­tu­tos de inves­ti­ga­ción euro­peos cuan­ti­fi­ca­ba las pér­di­das impu­tables a los cár­te­les euro­peos en más de 260.000 millo­nes de euros al año, en un estu­dio encar­ga­do por la Comi­sión Euro­pea. Una cifra que equi­va­le al 2,3% del PIB anual de la Unión o al doble del pre­su­pues­to anual de la Comi­sión Europea.

La con­cien­cia­ción sobre las devas­ta­do­ras reper­cu­sio­nes de las accio­nes de estos cár­te­les no es algo nue­vo. Uno de los prin­ci­pa­les pen­sa­do­res de la eco­no­mía ale­ma­na, Wal­ter Euc­ker, con­si­de­ra­ba que la con­cen­tra­ción de los pode­res eco­nó­mi­cos en manos de los sin­di­ca­tos y los cár­te­les era el ori­gen de todos los males de la eco­no­mía antes de la gue­rra. Por lo tan­to, defen­día que el Esta­do fue­ra más estric­to e impu­sie­ra la com­pe­ten­cia para que los pre­cios ten­die­ran a la baja. Unas reco­men­da­cio­nes que no han dado muchos resul­ta­dos en la vida real. Es cier­to que el Bun­des­tag votó en 1957 la pri­me­ra ley sobre las res­tric­cio­nes de la com­pe­ten­cia, antes de intro­du­cir más tar­de una legis­la­ción euro­pea anti-mono­po­lios median­te tra­ta­dos comu­ni­ta­rios. Pero duran­te años, la lucha con­tra los cár­te­les ha sufri­do una fal­ta de pug­na­ci­dad y aún hoy, algu­nos ponen en duda su eficacia.

Una nor­ma­ti­va gene­ro­sa con los testigos

Las cifras de la rein­ci­den­cia no con­tri­bu­yen a disi­par las dudas. Un gru­po de eco­no­mis­tas esta­dou­ni­den­ses han ana­li­za­do los casos de 283 trusts inter­na­cio­na­les. Sus con­clu­sio­nes son asom­bro­sas. Solo el gru­po quí­mi­co ale­mán BASF habría for­ma­do par­te de 26 cár­te­les entre 1990 y 2005. En cuan­to al petro­le­ro fran­cés Total, fue per­se­gui­do por la jus­ti­cia en 18 oca­sio­nes y la [empre­sa quí­mi­ca] ale­ma­na Degus­sa, 13 veces.

No se pue­de acu­sar a los caza­do­res de cár­te­les de fal­ta de celo. Des­de prin­ci­pios de 2010, la Comi­sión Euro­pa inves­ti­gó 15 impor­tan­tes casos en los que 112 empre­sas fue­ron con­de­na­das a pagar mul­tas cuya can­ti­dad total fue de casi cua­tro mil millo­nes de euros. Es decir, en tres años, cua­tro veces más de lo que se pagó duran­te toda la déca­da de los noventa.

Sin embar­go, las cau­sas de esta esca­la­da en las mul­tas no resi­den en la adap­ta­ción de las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes, sino más bien en la intro­duc­ción de unas nor­ma­ti­vas gene­ro­sas con res­pec­to a los tes­ti­gos prin­ci­pa­les. Des­de 2004, las empre­sas y los direc­ti­vos que denun­cien las acti­vi­da­des de los cár­te­les y pre­sen­ten las prue­bas nece­sa­rias ante la Comi­sión Euro­pea no incu­rri­rán en nin­gu­na mul­ta, aun­que hayan sido en el pasa­do los prin­ci­pa­les bene­fi­cia­ros de los cárteles.

A esto se aña­de que las san­cio­nes finan­cie­ras se limi­tan como máxi­mo al 10% de la cifra de nego­cios. Un cho­llo, tal y como lo demues­tra el asun­to del cár­tel de las empre­sas de cemen­to ale­ma­nas, des­cu­bier­to en 2002. Según los cálcu­los de la auto­ri­dad de la com­pe­ten­cia, habría expo­lia­do a sus clien­tes cer­ca de 2.000 millo­nes de euros. En cam­bio, las empre­sas incri­mi­na­das no tuvie­ron que pagar más de 400 millo­nes de euros en sanciones.

Penas de cár­cel en Esta­dos Unidos

Aun­que cau­san gran­des estra­gos, los trusts pagan mul­tas dig­nas de infrac­to­res de nor­mas de trá­fi­co. Sus arti­ma­ñas se con­si­de­ran sim­ples infrac­cio­nes. El resul­ta­do es que a nin­guno de los auto­res se le con­si­de­ra per­so­nal­men­te res­pon­sa­ble ante la jus­ti­cia. La mayo­ría de las veces, la opi­nión públi­ca ni siquie­ra cono­ce sus nombres.

En Esta­dos Uni­dos, la situa­ción es total­men­te dis­tin­ta. Allí, la per­te­nen­cia a un cár­tel des­de hace tiem­po se cas­ti­ga con penas de pri­sión. En 2004, la pena máxi­ma se pro­lon­gó a diez años de pri­sión. Irlan­da y Gran Bre­ta­ña han adop­ta­do el mode­lo esta­dou­ni­den­se. Pero la Repú­bli­ca Fede­ral no quie­re ni oír hablar del asun­to. El secre­ta­rio de Esta­do del minis­tro de Eco­no­mía, Phi­lipp Rös­ler, decla­ró que este últi­mo esti­ma­ba que el régi­men de san­cio­nes en vigor era «apro­pia­do» y «[tenía] reser­vas sobre la cri­mi­na­li­za­ción del dere­cho euro­peo sobre los cárteles».

Si la insis­ten­cia de Ale­ma­nia en san­cio­nar las acti­vi­da­des de los cár­te­les como sim­ples deli­tos meno­res plan­tea un pro­ble­ma, es tam­bién, según muchos juris­tas, por­que esta gene­ro­si­dad no se apli­ca a todos. Los acuer­dos rea­li­za­dos duran­te con­cur­sos públi­cos, deno­mi­na­dos «lici­ta­cio­nes con­cer­ta­das», sí son obje­to de sanciones.

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