En los últimos meses, el Gobierno del PP está demostrando con sus decisiones el desprecio que siente hacia la clase trabajadora, y en especial, hacia las personas desempleadas. Su estrategia al servicio del poder empresarial de rebajar bestialmente los salarios y de debilitamiento del movimiento obrero exige la destrucción masiva de empleo, así como el empeoramiento del sistema de protección ante las situaciones de paro.
En un contexto de precariedad y temporalidad galopante, en Euskal Herria 208.774 personas además de sufrir la negación de su derecho a un empleo, están sufriendo la degradación sistemática de la cobertura del desempleo: el recorte de las garantías del FOGASA, la reducción de la cuantía del desempleo, la limitación del acceso a la renta de inserción, la eliminación del subsidio para mayores de 52 años, la desaparición del subsidio para mayores de 45 años que hubieran agotado su prestación contributiva, el plan PREPARA, las penalizaciones en el acceso y cuantía a la prestación por desempleo en los contratos a tiempo parcial,… En definitiva, acumulación de medidas que no hacen otra cosa que penalizar y castigar a los sectores más débiles.
Por si esto no fuera poco, el último Consejo de Ministros da un nuevo paso. El mismo día en que el Gobierno español aumenta el 28% el presupuesto de Defensa con 1.800 millones de euros, el PP, con la excusa de los incendios, deja caer la obligación de las personas desempleadas a realizar trabajos de “utilidad social”, so pena de ser castigadas económicamente y perder su prestación en caso de negativa. Se trata de una medida que también está contenida en la Renta de Garantía de Ingresos de Lanbide como en la de Inclusión Social del Gobierno de Navarra, que gobiernos del PSE y PSN aprobaron en su momento.
Desde LAB queremos rechazar la campaña de sospecha, acoso y criminalización de las personas paradas, para ocultar políticas que no pretenden la creación de empleo, sino todo lo contrario: su degradación y su abaratamiento para engorde de los bolsillos de unos pocos. El sistema de protección del desempleo español, así como el sistema de garantía de ingresos de Gasteiz e Iruñea, no nos sirve para cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria.
El poder político y económico español está robando con impunidad la riqueza social para salvar a los bancos. Los recortes en servicios públicos, y entre ellos, el de la protección del desempleo no tienen otro destinatario que las entidades financieras. El día 26 de septiembre, el conjunto de la clase trabajadora, y las personas desempleadas en particular, tenemos que salir a la calle: para hacer frente a la miseria a la que nos condenan, a exigir reparto de la riqueza y del empleo, a exigir un marco propio de relaciones laborales y de protección social que responda a los intereses de las trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria.
