Domingo 12 de septiembre de 2010. El preso político vasco Jon Bilbao Moro recupera la libertad tras casi 29 años. Pese a que le correspondía por ley haberla recuperado en 2002,la excepción penitenciaria –de la doctrina Parot a una cadena perpetúa nada encubierta– se ensañó contra él, que ha cumplido la condena más larga en un conflicto con demasiado sufrimiento acumulado por todas partes y que todavía hoy acumula 740 presos, 570 en prisiones españolas. Síntoma desnudo de conflicto irresuelto, Bilbao Moro fue detenido en 1982 –como recordaba entonces el editorial de Gara– cuando Rubalcaba era más atleta que político, Zapatero no era más que un estudiante de Derecho leonés y Patxi Lòpez apenas se afiliaba a las Juventudes Socialistas. El 23‑F tan sólo acababa de pasar.
Si la represión siempre dualiza y la inquisición ejemplifica, mal acompañada por el silencio de su impunidad, se podría decir que esa sórdida realidad penitenciaria ha ido siempre acallada, mal acompañada, por el muro estricto de la prensa española durante los últimos 30 años. Más próximo en el tiempo, en el verano de 2010, los barones de la caverna quisieron insistir en que todavía quedaban sin esclarecer 11 de las muertes –de un total de 850– causadas por ETA. Deontología rota y rigor hecho añicos, ninguno de los medios quiso añadir que de los 27 asesinatos por la trama de terrorismo de Estado que fueron los GAL, todavía quedaban –todavía quedan– 22 muertes por esclarecer. 22 muertes que –a diferencia de las 11– ni siquiera se investigan. Puestos a olvidar, olvidaban también matizar que en los pocos casos parcialmente resueltos del GAL –seis sumarios con sólo dos condenas relevantes– el cumplimiento de la condena fue ínfimo o sencillamente ridículo: de una condena de 75 años por el asesinato en cal viva de Lasa y Zabala, el general Galindo sólo cumplió cuatro (un 5% de la pena impuesta), otorgándosele a la salida escolta policial oficial permanente por “su especial implicación en la lucha antiterrorista”. «Razones humanitarias» adujo entonces Mercedes Gallizo, màxima responsable de la política penitenciaria española.
Julen Elorriaga, delegado del gobierno socialista en Guipúzcoa, condenado también a 75 años en la misma causa, cumplió «íntegramente» un 3% de la condena: 19 meses escasos de los 900 a los que fue condenado. Sumar y seguir por el abismo de la deriva de la inmunidad impune, en 2002, los asesinos materiales de Lasa y Zabala, los guardias civiles del grupo especial AT1 de Intxaurrondo Dorado Villalobos y Bayo Leal, ya disfrutaban a todo trapo del tercer grado: sólo 6 años tras haber sido condenados acumplir 71. Después nunca supimos nada más; antes, empero, si: previo a su expulsión de la Guardia Civil en aplicación de sentencia, les fue concedida una pensión vitalicia. Ovación cerrada, técnico-económica, del horror al terror. De Estado. Escasas voces han recordado que, hoy por hoy, de los GAL, sólo queda un juicio pendiente –contra el comisario Miguel Planchuelo, por los atentados contra los bares Batxoki y Consolation – , dónde la fiscalía y el abogado del Estado de Derecha(s) exigieron… la libre absolución. Cómo así fue.
Mientras tanto, por si fuera poco, el estado no cesaba en sus acciones ofensivas: se prohíben manifestaciones en defensa de los derechos políticos –convocadas, voilà, por el exconsejero de justicia del último gobierno Ibarretxe – , aumentan las detenciones políticas y el PSOE anuncia una nueva reforma electoral para extender la sombra de la proscripción y evitar que EA concurra a las elecciones con la izquierda abertzale. Una concurrencia que, claro está, acabaría con el gobierno más anómalo de la UE, sustentado exclusivamente sobre el apartheid, como mínimo, del 15% del electorado y posibilitado únicamente por la aplicación, manu militari y via Audiencia Nacional, de la Ley de Partidos.
Y es que si el general Galindo todavía tiene quien le escriba, la impunidad también tiene quién la mida. Bilbao Moro entraba en prisión tras un 23F del que ninguno de los condenados cumplió jamás íntegramente la condena. Aquellos sublevados cobran hoy –hoy, ahora, aquí– una elevada pensión militar, trienios incluídos, de 1.800 euros mensuales de media. Por haber intentado tumbar “la joven democracia española” no está nada mal, diría Pinochet. Aporía del tiempo y, también y claro está, aporía financiera. De un fraude cotidiano.
Contra el récord de 12.467 días de prisión cumplidos por Jon Bilbao –mayoritariamente en primer grado y en régimen de aislamiento– queda, en la otra cara de la moneda, el doble rasero de la impunidad; el record antológico, histórico y olímpico de la impunidad de los condenados por los GAL. José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Julián Sancristóbal y el socialista Ricardo García Damborenea ingresaron en la prisión el 30 de mayo de 2001 condenados por un secuestro, el de Segundo Marey, que constituyó la primera acción de los GAL.
Todos ellos entraron el 30 de mayo de 2001. Salieron sólo 10 horas después, cuando tendrían que haber salido en 2011, 10 años después. Verbrigracia represiva: alguien confundió 10 años por 10 horas. Entraron un 30 de mayo de 2001 para salir, 600 minutos de calvario penitenciario, por la misma puerta por donde habían entrado el mismo día. Tras diez estrictas horas de paso por prisión. El horror del poder siempre tiende al autoindulto y es inusualmente puntual. Pero sólo dos meses después de aquella excarcelación exprés, en agosto de 2001, su víctima, Segundo Marey, moría en Bayona: afectada por un mal crónico y un desaliento permanente.
Que alguien se lo explique hoy, más de 30 años después, a Rubalcaba. O a Rajoy. O a Zapatero. O a Patxi López. O a Pedro J. O al mundo entero.
