Según las últimas informaciones, la reforma energética que prepara el Gobierno, más en concreto, el plan de Industria que contempla un impuesto general del 4% para todas las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica y ciclos combinados a gas), un 11% para renovables incluida la energía eólica y un 19% en el caso de la fotovoltaica Además del impuesto general, las nucleares tendrían una tasa adicional, dado que gravaría los residuos, ejemplo de un rascar para obtener financiación de todas las fuentes posibles, especialmente de entre los mirlos blancos de la energía.
Ello no es consciencia de la posición abusiva del lobby de las empresas nucleares, ni de la sensibilidad hacia la seguridad de la población o de la generación de residuos, sino de un filón, el nuclear al que se le ha puesto la alfombra roja, se le ha considerado un bien en si mismo por generar energía, sin valorar la forma ni el residuos que genera, sino tan solo su capacidad de producción.
Pero los residuos nucleares, que permanecen siglos en condiciones inciertas son costeados por la sociedad, con lo que la seguridad, o medidas parciales para paliar la inseguridad nuclear y el almacenamiento y control de los residuos, son un coste social que en este momento se evidencia.tasa o canon para la producción de residuos nucleares y su almacenamiento.
Para funcionar hasta 2019, la central de Garoña tiene tendría que acometer inversiones que el sector cifra en 100 millones por las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consecuencia de un acuerdo europeo tras las muestras de Fukushima, y más si cabe ante la parada de la planta belga de Doel, del mismo fabricante que Garoña
El accidente de Fukushima, cuyo primer reactor es gemelo al de Garoña, no cambió la decisión pro nuclear del PP, mientras Alemania, Suiza, Italia y Bélgica daban marcha atrás en sus planes atómicos, y en consecuencia, Industria publicó el 3 de julio la orden para mantener Garoña hasta 2019, seis años después de la fecha de cierre fijada por el Gobierno anterior, que lo prometió pero no adoptó la medida para que fuese definitivo ni irreversible.
Además, el aislamiento de la sala de control ahora resulta imprescindiblehace cuatro años ya analizó la ingete . La Comisión Europea señaló en mayo que una parte de los 24.000 millones de déficit de tarifa acumulado se debe en parte a la “compensación excesiva de algunas infraestructuras, como nucleares y grandes hidroeléctricas”.
Tras la realización del informe definitivo de las pruebas de estrés y su validación por pares en la Unión Europea, un grupo de expertos tenía que inspeccionar las nucleares del Estado español. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) limitó las inspecciones a la central de Almaraz (Cáceres), dejando Trillo (Guadalajara) y Garoña fuera del circuito de los inspectores.
No pasar controles y no asumir el coste de ninguna carga impositiva es la demostración de que el lobby nuclear se impone a gobiernos y decisiones populares, cargando los costes de su explotación a la población, mediante una exención fiscal que aspiran y airean en los medios como chantaje social a la producción energética, algo totalmente inaceptable.
Esta central insegura, y similar a Doel, parada por fallos este mes, y Fukushima,parada tras su siniestro, coloca a la sociedad ante el riesgo nuclear para más de un millón de personas, por lo que Eguzki debe denunciar esta maniobra fraudulenta a la sociedad para prorrogarla mediante la exención fiscal lo que evidencia más a las claras el negocio de Garoña, una central amortizada totalmente que no asume ni pagar una parte de impuestos ni se asume el coste nuclear de las subvenciones, amortizacioes y el control y almacenamiento de los residios, así como el riesgo de accidente.
La responsablidad de estos efectos que se puedan producir corresponde al gobierno de Rajoy, y sus adláteres De Andres y Maroto,
