Entre el entusiasmo de los suyos el presidente de España lee los términos de la declaración de guerra a su propio pueblo. El mapa de los recortes aplicados en los últimos meses constituye un autorretrato ideológico de la derecha española. Según el PP, los problemas del Estado son los siguientes: los nacionalistas han hundido el país obligando a hacer autonomías; los funcionarios son unos vagos, al igual que los estudiantes, los sindicalistas y los disidentes en general; la sanidad está en quiebra por los inmigrantes y los simuladores de bajas y enfermedades; los parados chupan del bote sin buscar empleo; despedir es muy difícil; el Estado está sobredimensionado, lo público está siempre mal gestionado y lo privado es eficiente; existen demasiadas regulaciones que asfixian la economía.…
Sus propuestas de solución no plantean ninguna crítica ni propósito de enmienda sobre el modelo productivo y político que ha generado esta crisis, sino al contrario, una profundización fanática en la ortodoxia neoliberal: privatizar y liberalizar, con el añadido hispano de recentralizar. Sin embargo, los acreedores del Estado exigen dinero y no declaraciones ideológicas, así que Rajoy ha hecho para tapar los desaguisados que sus amigos han creado en la banca española lo que no estaba dispuesto a hacer para pagar las medicinas a ancianos indigentes: subir los impuestos de forma masiva. Pero la cabra tira al monte y de forma delirante y suicida, como el escorpión que pica a la rana en medio del río, «es mi naturaleza», lo ha hecho solo a los pobres y de forma letal para la economía.
El Gobierno ha dado la espalda de forma premeditada a la posibilidad de acometer reformas estructurales para salir de la crisis sin afrontar recortes sociales, lo que es lógico si tenemos en cuenta que la función de un gobierno de derechas es beneficiar a las clases altas. Pero, incluso desde esa óptica, han añadido la miopía a la maldad. La reforma fiscal no contempla una subida/reimplantación/creación de los impuestos de sucesiones, plusvalías, patrimonio, de los tramos más altos del IRPF, del Impuesto de Sociedades, del IVA de lujo, sobre las grandes fortunas…, ni la anulación de las SICAV y otras formas de evasión legal, ni anuncia un plan de choque contra el fraude. De hecho, la principal aproximación de este gobierno al fraude ha sido una amnistía para los defraudadores.
La subida de los impuestos indirectos es la más injusta porque quita a todos lo mismo, independientemente de su renta. Pero además, el resultado inmediato será un descenso del consumo que, aparte de frustrar la previsión recaudatoria, resultará fatal para el comercio tradicional, la industria del ocio, la cultura… afectadas también por otras desregulaciones que solo beneficiarán a las multinacionales. El descenso general del consumo, empujado también por los recortes a los funcionarios y otros colectivos que dedican al gasto básico la totalidad de sus ingresos, va a hacer que después el resto de los sectores se vean afectados en cadena, hasta caer en una recesión de dimensiones inéditas.
Estamos asistiendo al colapso del modelo socioeconómico de las burbujas implantado por el PPSOE en el Estado español en las últimas décadas. Una economía que de forma irresponsable se había basado en los aparentemente espectaculares datos de crecimiento aportados por la «burbuja inmobiliaria» y su hermana del sector público, la «burbuja de las infraestructuras». Descuidando la formación y la investigación; tratando de ganar competitividad únicamente a través de la moderación salarial; transfiriendo renta de los trabajadores a los empresarios; privatizando empresas públicas rentables; generalizando la precariedad laboral; bajando impuestos a los ricos; endeudándose de forma temeraria e innecesaria; fomentando un modelo bancario que se había hecho fuerte a través del ladrillo y del cobro de hipotecas confiscatorias… el Estado español caminaba con paso firme hacia el desastre. El estallido parcial del sistema especulativo de las finanzas globales fue el principio del fin. Las medidas adoptadas por el PP van a profundizar ahora la debacle. Tal y como dijo Rajoy sobre la hoy quebrada Comunidad Valenciana: «Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España».
El modelo autonómico español (paradigma de una inflación institucional que se extiende a otros ámbitos) es absurdo, caro e insostenible. Los diputados de Amaiur lo denominaban esta semana «burbuja institucional». Este modelo surge en la transición, con la intención de disimular el hecho nacional vasco y catalán, principalmente, cuyo reconocimiento era obligado por la demanda real existente. Pensaron que la mejor forma de esconder un árbol era plantar un bosque y ahora el café para todos demuestra su coste. Parece absurdo crear toda una autonomía para representar a ciertas provincias cuyos legítimos intereses podrían ser administrados por una diputación provincial que se encargara de la gestión cultural y la promoción socioeconómica del territorio, pero prefirieron esa vía que adoptar una estructura que destacara la singularidad de vascos y catalanes.
Una vez puesto en marcha el sistema, el PPSOE cayó sobre el poder autonómico como una plaga de langostas. Sin lugar a dudas, los más ineficientes y despilfarradores han sido los gobernantes del PP, empeñados en actuar como reyezuelos en unas comunidades que acababan sobredimensionadas por sus ansias de poder y las necesidades de alimentar una red clientelar de carácter neocaciquil, con las cajas de ahorros prostituidas para el sostenimiento de la política del ladrillo y la infraestructura absurda. Sobran los ejemplos de su mala gestión: las autonomías y ayuntamientos más endeudados, el mayor número de procesados por corrupción, las infraestructuras más inútiles, las televisiones públicas más sectarias y deficitarias, las cajas más arruinadas… El PP ha situado a una caterva de corruptos a saquear y arruinar el Estado, y cuando lo ha conseguido denuncia la ineficiencia de lo público y pide su privatización. Así se ahorraran tener que pasar por el molesto trance de unas elecciones para acceder a la gestión de aquellas parcelas de poder que la elite económica a la que sirven no tiene aún en propiedad.
La independencia es una necesidad vital para nuestra economía. Que nadie venga con la memez de que en el mundo actual no existe la independencia. Hay estados con el máximo nivel de soberanía y hay pueblos sujetos a dominaciones añadidas a la lógica interdependencia de un mundo global. ¿Por qué los vascos no disponemos de los recursos legislativos, económicos y políticos con los que sí cuenta el Gobierno español, para poder usarlos en sentido distinto, en consonancia con nuestra realidad socioeconómica y nuestra voluntad política? ¿Por qué no tenemos voz ni voto en los foros internacionales donde se decide nuestro futuro? Porque no somos un estado independiente.
Es cierto que hay medidas que hay que tomar ya, y que pueden ponerse en práctica incluso desde el menguado marco competencial actual, pero si no libramos a nuestro país del ancla hispana nos terminaremos por hundir. Pongamos un ejemplo: Patxi López dice que no acepta las medidas de Rajoy pero ¿qué pasará si, como es previsible, el Tribunal Constitucional obliga a aplicar los recortes? Que gracias a la falta de competencias nuestros pensionistas tendrán que pagar sus medicinas, los funcionarios reducir sus sueldos y los pequeños comerciantes echar la persiana. ¿Seguirá diciendo entonces López que el debate sobre el nivel de autogobierno, y en su caso la independencia, es una preocupación identitaria ajena a las necesidades e inquietudes cotidianas de la ciudadanía?
En el Estado español han estallado las burbujas inmobiliaria, de infraestructuras e institucional. Ha estallado la burbuja España. Queda un estado arruinado económica y moralmente, próximo a la intervención. España cumple de forma creciente los requisitos para ser calificado como un estado fallido: las instituciones políticas, judiciales y económicas se perciben como un problema en sí mismas y es el propio Estado, por su política y estructura, la causa directa del descenso de la calidad de vida de su población. Además no ha podido, ni podrá ya nunca, superar las tensiones derivadas de la negligente gestión de su plurinacionalidad. Las fuerzas centrífugas ya están desatadas y a medio plazo se cumplirá el adagio de Cánovas de que «son españoles los que no pueden ser otra cosa». Nosotras sí podemos, queremos y vamos a ser otra cosa: ciudadanas de Euskal Herria, un estado independiente, pequeño y bien gestionado, con una economía popular basada en el respeto a la naturaleza y destinada a garantizar el bienestar material y cultural de sus gentes.
