En las imágenes se observa cómo un policía agarra de los pelos a un joven, casi un niño, preso maniatado y semidesnudo y comienza a asfixiarlo con una bolsa mientras otros dos agentes torturan en segundo plano a otro joven preso.
Los hechos sucedieron en el patio de una comisaría situada en el municipio de General Güemes, situada a 50 kilómetros de la localidad turística de Salta. Al preso al que asfixian se le oye decir «Te juro que no sé, te juro por Dios, te juro que yo no vi al asesino». El policía, mientras repite sin cesar la misma pregunta, le coloca la bolsa en la cabeza y se la aprieta. El recluso gime y grita basta, ahogándose.
Estos “apremios”, o sea, la tortura y los tormentos, son cotidianos en las comisarías y cárceles de Argentina, según María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). “El riesgo ahora es que esto se quede en una suerte de hecho aislado asociado a la situación de una provincia en particular. Cuando lo único particular de este caso, lo único que lo diferencia de muchos otros, es que trascendió y se hizo público. Pero la tortura es sistemática, las denuncias son cotidianas en la Argentina. Si entrás en nuestra página (http://correpi.lahaine.org ) y ponés tortura o tormento te van a salir cientos de ellas”.
La Coordinadora informa que el año pasado 145 personas fueron asesinadas por policías. A menudo, los agentes federales de las 23 provincias argentinas y de la capital suelen ocupar los titulares de periódicos con una amplia gama de delitos: sobornos a narcotraficantes, protección de prostíbulos, negocios con talleres textiles clandestinos, robo de coches y camiones, obligar a delincuentes comunes a que perpetren delitos, asesinato de otros policías… Y, por supuesto, torturas. El año pasado trascendió otro 
vídeo de torturas a presos grabado en el penal San Felipe de la ciudad de Mendoza.
“Las torturas no son hechos que se puedan atribuir a un loquito suelto o a la poca preparación de la policía en materia de derechos humanos”, señala Verdú. “Y no son producto de la herencia recibida por la dictadura de 1976 – 1983. La picana eléctrica fue inventada en una comisaría argentina en la década de los 30. Pero en el periodo 76 – 83, el Gobierno tuvo que recurrir al terrorismo de Estado. Y entonces, estos delitos se volvieron invisibles. Frente a 30.000 desaparecidos, ¿quién se iba a preocupar porque al preso común lo torturaban? Pero recurrir a la dictadura para buscarle una explicación a la tortura de ahora es una manera de despojar de responsabilidad al Estado y a los sucesivos Gobiernos. Es el Estado el que la ampara”.
