La ley prevé que las sanciones sólo aplicarán en aquellas localidades que aseguren alojamiento a las personas afectadas, algo que no cumple ninguna ciudad del país. El rechazo de la legislación, una de las más restrictivas en Europa, ha sido rotundo y organizaciones civiles húngaras como la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) o la internacional Human Rights Watch (HRW) han pedido anular la ley.
Esta legislación significa un «grave problema» desde el punto de vista de los derechos humanos, asegura HRW, mientras que según TASZ, viola la idea del trato igualitario de las personas. Stefánia Kapronczay, directora de programas de la TASZ explica que la legislación es anticonstitucional, la define como «sin lógica ni sentido» y resalta la falta de programas sociales de vivienda y trabajo, recordando que el defensor del pueblo ha llevado el caso al Tribunal Constitucional para su revisión.
Una tendencia normativa en aumento
Esta ley nacional completa un proceso de sanciones que ha ido expandiédose. Primero fue una ley municipal en Budapest que prohibía vivir en los pasajes subterráneos de Budapest y después se les impusieron multas en varios distritos de la cuidad. Un sin techo que se presenta como Maci Laci (una figura de dibujos animados), en un centro de acogida del barrio Óbuda, afirma sobre esta presión creciente: «¿Por qué no tiramos todos los vagabundos al Danubio? ¡Eso sería una solución al problema!».
En los primeros meses de este año, más de 270 personas fueron arrestadas en Budapest por la aplicación de la ley municipal, aunque casi todos los casos han concluido con una «advertencia». «Hasta el momento no tenemos informaciones de que algún sin techo haya sido multado (por la normativa nacional), pero la ley significa una tremenda amenaza», explica Attila Takács, también sin techo y activista de la ONG “A Város Mindenkié” (La ciudad es de todos).
Según Takács, que trabaja y vive en la redacción de una radio alternativa de Budapest, las autoridades realizan «campañas» en determinados periodos, pero su experiencia es que el comportamiento de los policías es ambiguo. «La mayoría de los policías están hartos» de tener que participar en estas acciones y sólo piden a los vagabundos que abandonen la calle, aunque «cuando tienen esa orden» les arrestan, relata.
Muchos vagabundos opinan que la única solución para su situación es encontrar un trabajo, pero pese a que las organizaciones civiles y varios centros de acogida les ayudan en la búsqueda, resulta cada vez más difícil debido a la crisis. «Yo trabajé durante un año, viviendo en una carpa y me bañaba todos los días en el Danubio», explica Zsuzsa, de unos 60 años, que ahora vive en un centro de acogida, pero sin trabajo, aunque su sueño es poder mudarse a un inmueble social, donde no tenga que compartir habitación.
Los centros de acogida del país varían desde salas para más de 100 personas, hasta los albergues con habitaciones con dos camas, baños, conexión a internet y cocina, aunque estos últimos son muy escasos. Un nuevo aspecto de los últimos meses es que «aparecieron en la calle también los gitanos sin techo», agrega Takács sorprendido, ya que según explica «los lazos familiares entre los romanís son muy fuertes, se ayudan» y aunque su número sigue siendo reducido, esto indica que la crisis se está agravando.