Representantes de las organizaciones sociales y sindicales (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,CGT-LKN, EHNE e HIRU) que han convocado la huelga general del próximo 29 de marzo en Hego Euskal Herria han comparecido esta mañana para llamar a la ciudadanía a dar una amplia respuesta de movilización.
Durante la rueda de prensa, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, se ha mostrado convencido de que «cada vez hay más gente consciente de que es muchísimo lo que está en juego» y, por tanto, ha augurado que la huelga general «va a salir muy bien».
El dirigente sindical, que ha advertido de que no hay «otra alternativa» que la movilización para cambiar las políticas que se están aplicando en la actualidad, ha defendido la necesidad de «decir radicalmente no a la agenda de recortes» y, en concreto, a la reforma laboral «brutal» que es «una auténtica salvajada» porque supone decirle a la patronal «ahí tiene usted mercancía humana para que haga lo que quiera con ella».
«El movimiento obrero no se puede quedar mirando para otro lado, tiene que dar respuestas», ha demandado Muñoz, que ha augurado que «la agenda de recortes no ha terminado», ya que «pasar del 8,5% de déficit público al 3% el año que viene, más allá de que en 2012 minoren algo lo que querían hacer, es una brutalidad en recorte social, porque ellos han decidido que no van tocar la fiscalidad, saben que se está controlando la deuda pública y el déficit para condicionar las agendas que interesa el capital».
En esta línea, ha denunciado que «se está instrumentalizando artificialmente el déficit y la deuda pública para llevar adelante la agenda de recortes y reformas que interesan al capital».
«Las consecuencias son más paro, más pobreza, menos protección social, menor recaudación, y vuelta a empezar», ha lamentado.
El dirigente de ELA ha asegurado que se podría reducir el déficit «un montón» con otro tipo de medidas y ha censurado que «a la Banca privada se le ha dado entre diciembre y febrero un billón de euros, entre otras cosas, para que especulen con la deuda pública de los estados necesitados».
En su opinión, «es una auténtica sangría que la banca privada en esta coyuntura esté haciendo el negocio del siglo solo porque el Banco Central no presta directamente a ese 1% a los estados».
También ha criticado la postura del PNV en relación a la reforma laboral porque, según ha recordado, cuando sus votos en Madrid eran «necesarios» dio «cobertura» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, ha señalado que «la alternativa no pasa por el diálogo social» porque es «un teatro vacío» en el que los que participan «son usados y se dejan usar».
Muñoz, que ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que CC.OO. y UGT puedan convocar también huelga general el día 29 de marzo hasta que adopten una decisión al respecto, ha defendido que «la única forma de contener es la movilización social» y ha asegurado «no le vamos a poner la alfombra roja» para que continúen las actuales políticas.
Reforma contra los parados
Del mismo modo, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen porque «nadie nos ha regalado los derechos, fruto de mucha pelea».
«Ahí está la eficacia de la lucha y la única posibilidad de defensa de los derechos, porque lo contrario es dejar en manos de los gobiernos nuestros derechos cuando la única función que tienen los gobiernos en estos momentos es deshacer un modelo social que garantice derechos», ha afirmado.
En este sentido, ha señalado que, tras la huelga general, «el día 30 estaremos hablando sobre cuál será el siguiente paso con mucha más capacidad» que en este momento.
Etxaide ha criticado que la reforma laboral «va a penalizar a los parados» y que «no va a generar empleo», sino que por el contrario va a seguir «destruyendo empleo».
Ha denunciado que el Gobierno español se ha «desentendido de este problema» y ha decidido actuar «contra los parados, en vez de contra el paro, abriendo la puerta a quitar las prestaciones por desempleo» al generar «obligaciones» para los desempleados que «no están dispuestos a aceptar como «sustituir empleo público o aceptar cualquier tipo de trabajo aunque no garantice, en ningún caso, que sea en condiciones dignas».
Además, ha advertido de que se va a «perpetuar la situación del que hoy está en precariedad y riesgo de exclusión social» porque «se impone un mercado laboral que va a precarizar nuestras condiciones de vida».
La reforma, según ha lamentado, «da a los empresarios todo lo que han demandado históricamente», de manera que tendrán la posibilidad de volver a «un mercado laboral que es del siglo pasado», y es «ilegítima» porque supone plantear que «hay que empobrecer a la sociedad para que una élite económica pueda seguir generando beneficios» y «privatizándolos».
La dirigente de LAB ha insistido en que «el problema» no es económico, sino político porque «existen suficientes recursos».
Según ha indicado, «antes se especulaba con el derecho a la vivienda y ahora se va a especular con el derecho a la salud, a una educación digna, a unas prestaciones sociales totalmente necesarias».
Tras proponer «otro tipo de políticas», ha reclamado que «sea la propia sociedad vasca, con participación real, la que decida qué hay que hacer ante esta crisis», porque los gobierno no la están «solucionando».
«Giro radical» de las políticas
En el comunidado al que han dado lectura en la rueda de prensa, han destacado que «estamos en una situación muy grave» y han reivindicado la necesidad de «decir no» a la reforma laboral y reclamar «el avance en los derechos laborales y sociales y unos servicios públicos de calidad».
Han explicado que la huelga general es una respuesta a los «ataques» que han sufrido los derechos laborales y sociales y que plantea un «giro radical» para cambiar las políticas que se están llevando a cabo en distintas partes de Europa.
En este sentido, han señalado que además de retirar la reforma laboral, el Gobierno español debe apostar por un «reparto más justo de la riqueza mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores», impulsar «políticas de creación de empleo reduciendo la jornada», conseguir un «marco vasco» de relaciones laborales y aplicar una política fiscal «justa y progresiva».
También han reclamado que se deroguen los recortes aplicados a prestaciones sociales, establecer una red de servicios sociales públicos, garantizar el derecho de «participación real» de los agentes sociales y sindicales en las políticas públicas y diseñar políticas de «igualdad de oportunidades».