Uno de los mayores peligros que amenaza a las fuerzas revolucionarias, sobre todo a las independentistas, es aceptar el tópico de que la «crisis española» es casi exclusivamente económica, como se ve en esos más de 5 millones de parados que pueden llegar a seis, en el derrumbe financiero-inmobiliario, en la impagable deuda privada y pública, en la economía sumergida que supera el 24% y que se dispara en verano, en el fraude fiscal y la corrupción, en ese dato oficial del 25% de la población ya empobrecida, y en esas 500.000 familias que serán desahuciadas de aquí a 2015, etc. Decimos que reducir la crisis estatal a lo económico es uno de los mayores peligros, porque semejante reduccionismo nos impide ver otras crisis más o menos relacionadas con lo económico pero con una clara autonomía dentro de la totalidad. Al no ver las partes del todo, tampoco vemos éste en sus contradicciones internas y por tanto en sus grandes tendencias evolutivas. Semejante ceguera puede condenarnos a repetir los mismos errores cometidos en la década de 1970, cuyas consecuencias aún sufrimos.
La deuda total del capitalismo español es la mayor de su historia, superando los 800.000 millones de euros, el 70% de su PIB y más del séxtuplo del presupuesto estatal para 2012 que es de 120.000 millones de euros, y su deuda militar oscila entre 27.000 y 31.000 millones de euros, para lo que se necesitarán dos décadas hasta satisfacerla. Sin embargo, debemos profundizar en otros tres problemas sin los cuales no se entiende lo característico del largo período actual. Uno, el primero, es que se trata de una crisis económica estructural, de modelo productivo y no sólo de sus formas financieras e inmobiliarias, e incluso industrial, según se sigue creyendo. Estos componentes son ciertos pero a pesar de su desquiciante magnitud sólo reflejan una falla más profunda, decisiva, la del atraso permanente de la productividad del trabajo del capitalismo español con respecto a la productividad media de las economías de su entorno. Y a la larga, como advertía Trotsky, la ley de la productividad del trabajo rige los destinos de los Estados y de los pueblos.
Hay varias formas de aumentar la productividad del trabajo, pero la decisiva es la revolución tecnocientífica. Pues bien, el capitalismo español hace todo lo contrario. En 2010 el gasto privado en I+D cayó un 0,8% respecto a 2009, reduciéndose en un 16% las empresas en esta decisiva industria, siendo las PYME de entre 11 y 49 empleados las que retroceden un 28%, y las empresas en telecomunicaciones con un 17%. En 2010 sólo se registraron 3.669 patentes frente a las 20.000 italianas, las 30.000 francesas, las 88.000 alemanas, por no citar las japonesas y las yanquis. La «mediocridad universitaria» estatal es conocida internacionalmente ya que no hay ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo, una o dos entre las 150 o 200, estando la mayoría entre las 300 y 500. En la escala de «excelencia científica», el Estado ocupa el lugar 21 de entre 50 y tiende a retroceder, por lo que más de 1.000 científicos muy cualificados han firmado un documento público advirtiendo de «alarma científica».
El segundo problema está relacionado con este y es la debilidad de la clase burguesa y especialmente de la pequeña burguesía. Las grandes empresas españolas pertenecen a 200 familias y cada vez más al capital transnacional, y las industriales van extinguiéndose frente al poder que desde hace casi un siglo tiene el capital financiero, el energético, el comunicacional, el inmobiliario y cementero, el turístico y el de servicios. Es un capitalismo que depende del exterior y que se ha convertido ya en un «protectorado económico». Lo peor es que la pequeña burguesía y la mal llamada «clase media» están reduciéndose: en los nueve primeros meses de 2011 ha habido un descenso de 101.200 autónomos, un 3,4% menos, pero en Europa crecieron en 21.300 en los tres primeros trimestres del pasado año, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2010, especialmente en los Países Bajos con un 1,7%, Estado francés un 1,9%, Gran Bretaña un 2,5% y Alemania con un 3,8%. Desde 2008 han desaparecido 177.336 empresas, la mayoría PYME, que contratan entre el 90 y 95% de la fuerza de trabajo, mientras que las grandes empresas de 5.000 o más trabajadores han pasado de 99 en 2007 a 107 en 2011. De julio a noviembre de 2011 han cerrado 35.000 empresas, la mayoría PYME, y es sabido que son muy pocas las empresas industriales que vuelven a abrirse.
A finales de 2011 las administraciones públicas debían a las PYME nada menos que 45.000 millones de euros, mientras que en el primer trimestre de 2009 117.000 PYME tenían cerrado el acceso a la financiación bancaria, el 10% del total, mientras que las dificultades de financiación afectaban al 87,5% del total. Como se aprecia, nos encontramos ante un ejemplo de libro de la ley de la concentración y centralización de capitales sobre todo durante las crisis. Históricamente, la crisis de la pequeña burguesía tiene dos efectos opuestos en la vida sociopolítica, por un lado, la mayoría tiende a girar a la derecha y extrema derecha, al racismo, al sexismo, y la minoría tiende a girar hacia la democracia progresista y hacia la izquierda, quedando un sector intermedio expectante, pasivo y manipulable. En estos momentos es decisiva la intervención de una izquierda revolucionaria con un programa sociopolítico abierto e integrador pero dirigido por el pueblo trabajador y su contrapoder de masas.
Y el tercero es el retroceso internacional. En enero de 2011 se conoció un informe que advertía que para 2050 se habrá retrocedido al décimo octavo puesto en la jerarquía imperialista. Se está ampliando la «brecha de confianza» que separa el capital transnacional del estatal. La decadencia se acelerará al debilitarse la pequeña burguesía y al retroceder en 0,5% el PIB debido al criminal ajuste que se está implantando, según las estimaciones menos pesimistas. A finales de 2011 se supo que el Estado había retrocedido en lo social a niveles de 2002, y que ya estaba a ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea. De 2007 a 2010 ha perdido 6 puntos en el PIB europeo, por lo que desde mayo de 2010 la política económica ha estado desesperadamente orientada a frenar este retroceso, obedeciendo sumisamente los dictados del capital internacional. Pero el 25 de enero de 2012 un diario económico decía: «Spain bajo sospecha en Davos», donde el PP aseguraba al imperialismo que impondrá el déficit 0 a cualquier precio.
Vemos que no es sólo una simple «crisis económica» sino mucho más. ¿Qué soluciones tiene la burguesía? Una, aplastar a los pueblos trabajadores internos. Dos, aumentar el imperialismo externo; y, tres, potenciar un negocio mixto: en 2003 las empresas BBVA, Iberia, Sol Meliá y Unión Fenosa presentaron el Proyecto Marca España, como reclamo exterior y cohesionador interior. En noviembre de 2010, los diecisiete capitalistas más poderosos presentaron al rey que Franco nombró el informe Transforma España, de la Fundación Everis, insistiendo en la marca-país, en la marca-España. En enero de 2012, se realizó la segunda edición del Spain Investors Day con la presencia de las 34 grandes empresas y el ministro de Industria para convencer al capital internacional que «España tiene mucho que ofrecer a los inversores». Poco antes, en enero de 2011 se supo que la lengua española ayudaba a generar el 16% del PIB mundial con sus 450 millones de consumidores culturales, una transnacional cultural dirigida desde Madrid ya que el «factor Ñ» aporta el 3% del PIB español. Además, el PP quiere comercializar las televisiones autonómicas y probablemente las escuelas para aumentar el beneficio privado y fortalecer el ultracentralismo español.
Las izquierdas revolucionarias e independentistas no debemos basar nuestras estrategias en los tópicos fabricados por la mansa intelectualidad española sino en nuestro propio pensamiento, con el objetivo de no repetir en lo esencial los errores de la década de 1970.
Iñaki Gil de San Vicente
Euskal Herria, 31 de enero de 2012
