Hace pocas semanas la prensa internacional informó que la presidenta Dilma Rousseff había finalmente dado vía libre a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en la que, como se recordará, ella misma fue capturada como guerrillera, detenida y torturada. Para sorpresa de muchos la Comisión investigará las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas el período 1946 – 1985 en lugar de concentrarse en los años 1964 – 1979, que fueron aquellos en los que se perpetraron los crímenes más aberrantes. Además, la Comisión ‑y esto es lo decisivo- nació privada de la facultad para juzgar y castigar a los responsables de los crímenes.
Como lo señalara en una entrevista concedida al autor de esta columna por la profesora Anita Prestes, hija del legendario dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, la Comisión tiene como misión esclarecer pero no podrá juzgar a los muchos torturadores que todavía actúan a la luz pública en Brasil, muchos de ellos inclusive en el ámbito de las instituciones estatales. Un dato revelador de los limitados alcances de la Comisión, que algunos pensaron emularía los avances registrados en la Argentina, surge del incidente ocurrido en ocasión de la ceremonia que sancionaría su creación el día 18 de Noviembre en el Palacio del Planalto, en Brasilia. Para esa ocasión la presidenta Rousseff habría querido ‑o al menos consentido- que hablara en representación de las víctimas de la represión la profesora Vera Paiva, hija del ex-diputado Rubens Paiva, uno de los primeros desaparecidos por la dictadura militar instalada luego del golpe de estado de Abril de 1964. Conocida la intención de la presidenta los tres ministros militares del gabinete presidencial manifestaron su más enconada oposición: si Paiva hablaba también debería hacer uso de la palabra un militar. Resultado: Paiva no habló y el
brillante discurso que tenía preparado no pudo ser leído. Conclusión: la fundamental supremacía civil sobre las fuerzas armadas es todavía una peligrosa asignatura pendiente en la «democracia» brasileña.
La derecha y los militares brasileños argumentaron lo de siempre: «no reabrir heridas ya cicatrizadas» y que el proceso ya había sido cerrado con la sanción de la Ley de Amnistía de Agosto de 1979, que posibilitó el regreso de los exiliados al tiempo que arrojaba un espeso manto de olvido sobre las atrocidades cometidas en los años anteriores. Lo grave del caso fue que no sólo la presion militar hizo que Dilma tuviera que ceder ante las demandas castrenses: el Tribunal Supremo de Brasil se apresuró a ratificar la impunidad declarando que los alcances de la Comisión de la Verdad no podían transgredir los límites establecidos por la Ley de Amnistía. De este modo el «esclarecimiento» al que pueda llegar la Comisión se verá dolorosamente frustrado ante la imposibilidad de apelar a la justicia para castigar a los culpables. Se convierte en un ejercicio lindante con lo masoquista: se examina y comprueba el crimen hasta en sus menores detalles pero al precio de reprimir el ansia de justicia que tensa el espíritu de los familiares y amigos de las víctimas. Vera Paiva podrá saber como capturaron, torturaron, mataron y desaparecieron a su padre pero al precio de renunciar a su derecho de enjuiciar y castigar a los culpables de su asesinato. Enésima comprobación de que no bastan las iniciativas «desde arriba», desde las alturas del estado: sin la pujanza de los organismos de derechos humanos la impunidad de los represores está garantizada. Así lo demuestra el caso que estamos analizando y, por la inversa, lo que ha venido ocurriendo en la Argentina.
