La Oficina de Okupación califica como preocupante el hecho de que ″pese a no disponer de orden judicial″ la Policía haya realizado tres desalojos de centros o locales ocupados por jóvenes en las tres últimas semanas y alertan del riesgo de convertirse en una práctica habitual de ahora en adelante.
Los integrantes de la Oficina de Okupación han denunciado que en un plazo inferior a un mes se han producido tres desalojos policiales ilegales en otros tantos puntos de Euskal Herria. El último de estos casos se produjo el pasado miércoles en el barrio de Errekalde, donde 27 jóvenes de la asamblea de Kukutza fueron desalojados por la Ertzaintza del inmueble que años atrás albergara Kukutza II, situado en la calle Larraskitu.
El desalojo, al igual que en los casos de Erandio y Donostia, registrados los pasados días 24 de octubre y 2 de noviembre respectivamente, fue ejecutado ″pese a no disponer de una orden judicial que lo autorizase″, según explican en una nota enviada a los medios de comunicación.
No obstante, desde la oficina que asesora a miembros del movimiento de okupación destacan que lo ″especialmente preocupante″ es que hasta estos tres casos ″no habíamos conocido otros similares en los últimos años″, y por tanto ″podrían marcar un nuevo giro y una vuelta de tuerca en la creciente represión contra el movimiento pro-okupación y en particular contra los gaztetxes, en la cual ni siquiera se respeten las ya de por sí escasas garantías procesales que ofrecen la legislación vigente″.
No toda okupación es delito
Por ello, quieren recordar que ″en cualquier Estado que se pretenda de Derecho″, la calificación jurídica de los posibles delitos —incluida la okupación de un inmueble abandonado— no corresponde a la Policía ni al consejero de Interior, sino a los jueces, ″quienes deberán decidir si dicha okupación puede calificarse como delictiva y requiere de un inmediato desalojo cautelar, o por el contrario los propietarios deben acudir a la vía civil —la del desahucio— para recuperar su propiedad″. Es más, según la legislación y jurisprudencia actual ″no toda okupación de una vivienda sin permiso de los propietarios es delito″, han recordado. Así, han aludido a casos en los que el juez ″ordena el desalojo cautelar apenas unos días después de interpuesta la denuncia″, hasta otros como el del gaztetxe Lakomi de Santutxu, ″desalojado voluntariamente por sus ocupantes, tras constatar que sus propietarios tenían intención real y efectiva de utilizarlo, y no simplemente de volver a dejarlo vacío durante décadas″.
Asimismo, han mencionado la reciente negativa del juzgado de instrucción nº 6 de Barcelona a ordenar el desalojo del edificio okupado por el movimiento 15‑M en el barrio barcelonés de Nou Barris para realojar a familias víctimas de desahucios.
Conscientes
Por otra parte, la Oficina de Okupación recuerda que ″los diversos cuerpos policiales son plenamente conscientes de lo ilegal de estos desalojos sin orden judicial″, y por ello han tratado de justificarlas ″con las más absurdas y peregrinas de las excusas″.
Así, en el caso de Donostia, la Policía Municipal —que al parecer actuó por iniciativa propia y sin conocimiento de los responsables del consistorio— afirmó que ″fueron los ocupantes quienes abrieron voluntariamente la puerta, pese a que los propios periodistas fueron testigos de cómo los 20 agentes echaron la puerta abajo por la fuerza″.
En el edificio de la calle Larraskitu de Errekalde, la Ertzaintza afirma haber actuado amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana debido a ″la existencia de un delito flagrante y para evitar la posible destrucción o desaparición de las pruebas u objetos del delito″, cosa imposible, según explican, ya que en un caso de usurpación de inmueble el objeto del delito ″no corre riesgo de desaparecer por esperar unas horas o días hasta la decisión judicial″.
Y por último, destacan que en el caso de Erandio ni el Ayuntamiento ni la Policía Municipal han ofrecido ningún tipo de explicación, y tampoco han vuelto a presentarse allí pese a que el gaztetxe fuera ″reokupado por la Gazte Asanblada un día después del ilegal desalojo, y sigue abierto y en trámites de alcanzar un acuerdo con el propietario a pesar de su inicial denuncia″.
