Isidro ESNAOLA Economista
La posible convocatoria de un referéndum en Grecia ha eclipsado el resto de noticias de la semana. Finalmente, no se celebrará y todo parece haber sido una maniobra de Papandreu para meter a la oposición en el Gobierno y compartir el coste político de los recortes. Lo más interesante han sido las reacciones de los líderes europeos que con sus amenazas, veladas unas veces y explícitas otras, han mostrado el absoluto desprecio que sienten por la democracia.
De todas formas, a pesar de que siguen saliendo en televisión y haciendo reuniones internacionales, ellos tampoco mandan gran cosa; los que verdaderamente gobiernan Europa son los bancos que mantienen intacto su poder para crear y destruir dinero a conveniencia. Mientras no se limite ese poder, nos seguirán volviendo locos con mucha palabrería y conceptos como swaps, CDS y otros que vayan inventando, que lo único que sirven es para estirar y comprimir la cantidad de dinero en circulación y coartar cualquier discusión sobre economía. La famosa tasa Tobin de la que siguen hablando en las reuniones del G‑20 no es más que un señuelo para guardar las apariencias, dar la impresión de que se está haciendo algo que es muy costoso y complicado, y dejar intacto ese poder que tienen los bancos.
Los islandeses han sido los únicos europeos que han plantado cara a los bancos y a su gobierno y han conseguido recuperar el control sobre sus vidas y sus asuntos. Todo empezó además de una manera poco heroica, hace ahora tres años aproximadamente, cuando Hördur Torfason se plantó delante del Parlamento con un micrófono e invitó a la gente a que hablara. Recuperar la palabra fue el primer paso. Pronto empezaron a reunirse los sábados, a organizar mítines y manifestaciones así como caceroladas ‑de donde cogió su nombre kitchenware revolution- para pedir la dimisión del Gobierno. Finalmente, el Gobierno dimitió. A pesar de ello, los islandeses continuaron organizados y vigilantes velando por sus intereses. Y así, posteriormente han conseguido revocar dos acuerdos que el nuevo Gobierno había negociado con los acreedores y que consideraban lesivos para el pueblo de Islandia.
No se pararon ahí. Después de tumbar al Gobierno, se plantearon un nuevo reto: cambiar la Constitución. Aquellas movilizaciones permitieron que la gente se organizara en redes que culminaron en la constitución de un Foro Nacional, que a su vez, organizó una Asamblea Constitucional con el fin de introducir en la Constitución los cambios necesarios para que lo sucedido no volviera a ocurrir. Los trabajos de esa asamblea fueron aceptados por el Parlamento, que promovió la creación de un Consejo Constitucional formado por 25 ciudadanos y ciudadanas de a pie para redactaran el borrador de una nueva Constitución sobre la base de los trabajos y aportaciones recibidas hasta entonces. Y en esa tarea están.
La clarividencia del pueblo de Islandia resulta llamativa. El problema no era tanto y no era solo el Gobierno, sino el sistema político y económico que había provocado aquella crisis sin precedentes en su historia. Y aprovechando la dinámica generada por las protestas contra el Gobierno, se organizaron para cambiar el sistema en su conjunto impulsando un proceso constituyente participativo y democrático.
La claridad en los objetivos perseguidos que han demostrado los islandeses durante estos tres años contrasta con la dispersión y ambigüedad que ha caracterizado al movimiento de los indignados o del 15‑M que vuelven a moverse coincidiendo con el inicio de una nueva campaña electoral. Ese movimiento ha logrado movilizar a mucha gente, ha lanzado un discurso muy crítico contra el sistema político y económico, ha utilizado lemas atractivos e imaginativos y ha conseguido colocarse en el centro de la vida social y política durante algún tiempo. Sin embargo, continúa sin estar claro, por lo menos para mí, cuáles son los objetivos que pretenden conseguir.
A lo mejor, las y los participantes en ese movimiento tampoco lo tienen claro. Es posible que algunos sí lo tenga claro, pero no lo trasmiten así. En cualquier caso, da la sensación de que esa actitud y esos discursos antisistema resultan atractivos en su inmaculada pureza y no se pueden estropear con propuestas prácticas y objetivos concretos que obligan a relativizar los principios y moldear los discursos, a ensuciarse a fin de cuentas, en la lucha política.
Pero, desde el momento en el que se entra en la arena política, hay que mancharse de una u otra manera, porque al final lo que se haga o deje de hacer sí tiene efectos prácticos. El movimiento no exigió claramente la dimisión del Gobierno como hicieron los habitantes de Islandia, tal vez, por aquello de que entre el Gobierno de Zapatero y un posible Gobierno del PP, el primero era el menor de los males. Si ese movimiento hubiera optado por exigir la dimisión del Gobierno, es posible que el actual Gobierno fuera ya del PP pero, en ese caso, ese nuevo Gobierno estaría condicionado por la presión popular que había obligado a dimitir al anterior y no tendría las manos libres para hacer lo que quisiera.
Eso no se hizo y ahora el PP, que sí tiene muy claro cuáles son los intereses que defiende, no dirá gran cosa durante la campaña electoral y llegará al Gobierno por sus propios medios y posiblemente con una holgada mayoría. A partir de ahí podrá desarrollar su programa sin las ataduras que hubiera supuesto la existencia de un movimiento popular amplio y con alguna victoria a sus espaldas.
Los antisistema puros, los radicales insobornables y los izquierdistas coherentes que han participado en ese movimiento no han querido o no han sabido dotarlo de un programa mínimo que canalizara toda esa energía social hacia la consecución del algún objetivo general. De esa manera, al no dirigir su acción hacia el logro de una meta concreta, no ha fortalecido la posición del Gobierno, sino todo lo contrario, han socavado todavía más su ya escasa autoridad y han hecho el caldo gordo a las huestes del Tea Party, camufladas ahora dentro de las filas del PP. Paradojas de la vida.
