Mal empezamos en la cuestión de las víctimas del conflicto cuando las mismas las reducimos a las ocasionadas por ETA desde 1968. ETA es una expresión del mismo y no su origen, por lo que comprimir la tragedia a las causadas por la organización que nació diez años antes de esa fecha es una manipulación. Memoricidio, según el argot más moderno.
Tampoco es de recibo reducir la responsabilidad del Estado a cuatro excesos de funcionarios a sueldo y tapar, como es tendencia atávica, decenas, cientos de víctimas, a las que se esconde bajo la alfombra para trampear la realidad. En algunos de los casos, además, se convierte una ejecución en un acto difuminado de enfrentamiento o de casualidad. Un ejercicio, por otro lado, dedicado a condimentar con perejil democrático otro memoricidio de signo similar al anterior.
Como no creo que sea de recibo y de la misma manera, el partir del análisis que hace el Estado de tiempos, situaciones, espacios e incluso modos de matar y de morir. Si hasta ahora ese mismo Estado ha negado su evidencia, ¿va a cambiar ahora de la noche a la mañana de perspectiva? La experiencia nos dice que, en la medida que pueda, y para ello no importa quién esté en el poder, seguirá eludiendo responsabilidades. Le ha sucedido al PSOE, víctima en la guerra civil y del franquismo, que ha sustituido precisamente a los victimarios en la ocultación de la verdad de las épocas citadas en cuanto llegó a tener responsabilidad de gestión política.
El camino que debe hacer la sociedad vasca en el tema de las víctimas, según mi opinión, tiene que ser ajeno a los acotamientos que marca el Estado y en el que precisamente ha caído alguna de las asociaciones que ha querido mostrar un perfil más neutral. La sociedad vasca debe tener su propia iniciativa y para ello rodearse de los instrumentos necesarios. ¿Por qué negar evidencias y seguir la línea marcada por alguien tremendamente interesado en no reconocer su papel?
Algunos ejemplos servirán para ilustrar la idea. Quienes comienzan el recuento en 1968 (primera víctima mortal de ETA), lo hacen para evitar la evidencia de ejecuciones extrajudiciales de los años anteriores producidas precisamente por funcionarios españoles. Javier Batarrita fue muerto en marzo de 1961 en Bolueta porque la Policía lo confundió con un miembro de ETA. Batarrita tenía, y el recuento es de la misma prensa franquista, 49 balazos a quemarropa. Un fusilamiento en toda regla. Antes de 1968 continuaron las muertes.
Sobre la niña Begoña Urroz, muerta por una bomba del DRIL en la estación de Amara de Donostia, en junio de 1960, se ha escrito tendenciosamente. Hoy, ministerio español del Interior y homónimo vasco reconocen que fue un hecho ajeno a ETA. Probablemente porque la Policía estaba infiltrada en el comando que colocó la bomba y mejor no menear más el tema, no vaya ser que salpique a funcionarios del Estado. ¿Por qué ahora no se reconoce a Begoña Urroz como víctima en las listas oficiales aunque no fuera originada por ETA?
Porque si de lo que estamos tratando es tanto de un espacio, el vasco, como el de unos sujetos, vascos, las víctimas del conflicto deben ser reconocidas en su totalidad, no exclusivamente por interés político. La relación es por un conflicto (lo han dicho de una u otra manera desde Aznar-Mayor Oreja hasta Rodríguez Zapatero y Pierre Joxe), no por ETA.
Me llama la atención, por ejemplo, que en estas lecturas interesadas se achaquen a ETA muertes ocasionadas por organizaciones liquidadas como la Polimili, que ya hicieron su recorrido incluso el de arrepentimiento público del daño causado, hace 30 años. Bombas en Madrid como las de Atocha y Chamartín (6 muertos) o las de la cafetería Rolando (12 muertos) son nuevamente imputadas ahora a ETA. Si se trata de víctimas del conflicto la referencia es lógica, pero si de lo que se trata es de recabar la lista de las originadas por ETA la duplicidad es notoria. Si valen, y perdónenme la expresión tratándose de victimas, lo son para todo.
Me llama la atención, asimismo, que en la lista de organizaciones que han actuado en tierra vasca desde el nacimiento de ETA no están todas, a pesar de haber causado víctimas mortales. Y no aparecen por motivos estrictamente mediáticos o lo que es lo mismo, intereses políticos. A ETA se le suman los atentados polimilis, de Iraultza, Iparretarrak, DRIL… que si se trata en referencia al conflicto me parece, como decía, lógico. Pero se descartan los del maquis, que ocasionaron bajas a la Guardia Civil en Irati, en 1961, cuando ya la policía había matado en Bilbao a Batarrita o ETA ya había cometido su primer atentado. ¿Por qué? Obviamente por diferenciar a ETA del sentimiento romántico que impregna hoy en día al recuerdo de la guerrilla antifranquista.
Delimitar en el tiempo de ETA a las víctimas mortales (1968−2010) más que un error es una manipulación. ¿Por qué negar a los muertos por torturas en los años 50, entre ellos y por ejemplo al jeltzale Txomin Letamendi o al comunista bilbaino Manuel Fernández? Esa fue, precisamente, una de las razones por las que nació ETA. ¿Por qué ocultar la muerte del obrero donostiarra Antonio Goñi también torturado (1971) y, en cambio, ensalzar la de un torturador como Melitón Manzanas (1968), por el hecho de ser víctima de ETA?
Es sintomático, siguiendo con los ejemplos, que no se recuerde que en ese tiempo posterior a la muerte de Franco (ya en democracia según el estatus político) las fotos de la torturada Amparo Arangoa se convirtieran en la imagen de la Transición. Zeruko Argia fue secuestrada por publicarlas y la salvajemente torturada denunciada por la Guardia Civil por “delito de injurias y calumnias”.
En cuanto a la credibilidad, el punto negro del Estado, la misma parece no importar a los protagonistas que marcan en límite entre víctimas y no tanto. No voy a referirme ni a la AVT ni a Covite porque sus listas están contaminadas por otros intereses bien distintos a los asistenciales o memorialísticos. Mantienen abierta la hipótesis de atentado de ETA en la masacre de Madrid el 11M de 2004, incluyen a los fallecidos en el incendio de un hotel en Zaragoza (1979) e incluso, entre «singularidades», atribuyen un atentado a Jarrai en Itsasondo en diciembre de 1995, con el resultado de dos ertzainas muertos. No es ninguna sorpresa.
Si, en cambio, me produce estupor la renovada lista del ministerio del Interior español (829 víctimas de ETA) en la que se refugian instituciones, medios de comunicación e incluso alguna que otra asociación vasca pro derechos humanos. La lista, confeccionada por la “Subdirección General de Atención al ciudadano y de asistencia a las víctimas del terrorismo”, contiene errores de tal calibre que anulan su imparcialidad. Obviamente no ha ejercido el papel de notario, cuando ha imputado a ETA (y aquí el error supone definitivamente alineamiento con la manipulación), muertes originadas y reivindicadas por grupos parapoliciales.
Me produce también cierto desasosiego el hecho de que se den por buenos datos ofrecidos por el juez Baltasar Garzón en los relativo a muertos, acciones de ETA, de sabotaje, etc., en aquel auto del 26 de agosto de 2002. Desasosiego porque Garzón se atreve, al margen de acusar a ETA, HB, EH y Batasuna de «Crímenes contra la Humanidad», a ofrecer números, efectivamente, para desdecirse en un auto posterior, el del 16 de octubre del mismo año (35÷2002). En esta nueva ocasión los pediría.
En ese mismo auto, lo disponía precisamente. Es de gran recuerdo en el mundo judicial porque Garzón confundió una practica habitual de los hospitales vascos a la hora de la inscripción en el Registro Civil (el derecho a inscribir a los recién nacidos en la localidad de origen y no en la del hospital del nacimiento) con «limpieza étnica de baja intensidad». Disponía la búsqueda de esa información que desconocía y sin embargo había tenido el desparpajo de arrojarla.
Y siento que la cita es un poco larga: «Cursar atento oficio a la Secretaría de Estado para la Seguridad para que dé las órdenes oportunas y realice gestiones que fueran necesarias para que la UCI y la Guardia Civil (Servicio de Información) con el apoyo de otros servicios de la Administración y otros ministerios (Hacienda, Educación, Cultura, Sanidad, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Estadística, Investigaciones Sociológicas) y otros organismos e instituciones como, las Confederaciones de Empresarios, Fiscalía General del Estado, Medios de comunicación, Sindicatos, Asociaciones profesionales, Consejo General del Poder Judicial, Ayuntamientos, Junta Electoral Central, Parlamentos, Gobiernos Autónomos,. Universidades, y, cualesquiera otros que fueran necesarios; para que elabore un exhaustivo informe sobre los siguientes extremos: A) 1.- Relación de atentados con resultado de muerte desde el inicio de actividades de la organización terrorista hasta la actualidad…». Etc. Jamás recibió contestación.
¿Por qué, en consecuencia, validar lo que el propio Garzón invalidó unas semanas después? La respuesta es muy sencilla. Para lograr esa credibilidad que falta al Estado. El juez ejercería en la actualidad de «tonto útil». No pudo juzgar al franquismo como deseaba, fue procesado incluso por ello… Su acercamiento a Izquierda Unida, su denuncia del hambre en el mundo, su defensa por las causas perdidas… darían esa credibilidad que los cavernícolas tiran por la borda un día sí y otro también. Pero no la tiene.
El gran tema que subyace junto a las víctimas tiene que ver con las mismas y su reconocimiento, con quién las causó. Y, por extensión, con la impunidad. El Estado español no ha reconocido jamás su daño, porque todos sus funcionarios implicados, desde torturadores hasta asesinos, han sido respaldados, cuando no felicitados y recompensados por sus violaciones de derechos humanos. Ejemplos para todos los gustos a la vuelta de la esquina.
José Martínez Salas, el guardia civil que mató a la ecologista Gladys del Estal recibió el día de la Fiesta Nacional española de 1992, la medalla al mérito militar. J. Antonio Gil Rubiales, condenado por haber infringido a Joxe Arregi las torturas que le produjeron la muerte, ascendió ininterrumpidamente en la escala policial hasta llegar hace cinco años a ser comisario general de Tenerife. Las muertes en comisaría de Mikel Zabalza, Gurutze Iantzi, Xabier Galparsoro… siguen a la espera de esclarecimiento como las de Josu Zabala, José Luis Geresta… He citado el caso de Amparo Arangoa, la torturada denunciada. Pero es que, en 2003, cuando cerraron Egunkaria y los detenidos denunciaron torturas, el Gobierno español presentó una denuncia contra los imputados por colaboración con ETA. Por realizar denuncias de tortura «por indicación de ETA para socavar las instituciones democráticas».
En cambio, la otra parte del conflicto ha pagado de forma notoria su condición. Por ser victimarios. Cientos de presos condenados según la legislación penal más severa de Europa. Lo han pagado, según una estrategia evidente de exterminio: aislados entre ellos y del resto. ¿No es el suicidio de un preso una consecuencia del conflicto?, ¿la confirmación palmaria de la estrategia represiva del Estado español? Por supuesto.
La cuestión de las víctimas es espinosa. No me cabe la menor duda. Pero es evidente que si abordamos el conflicto en su complejidad, las cifras, espacios temporales, líneas divisorias, etc. no se corresponden con las que nos ofrecen las agrupaciones e instituciones españolas. Tampoco con las ofrecidas por alguna asociación vasca pro derechos humanos. Ni de lejos. Miles de vascos han sido desplazados del lugar que les corresponde, también como víctimas. Han sido nuevamente ninguneados.
La solución, señalaba, es compleja pero el camino está desbrozado en otros lugares: la Comisión de la Verdad. Si hay voluntad, la mitad del camino estará hecho. El resto, con paciencia y esfuerzo compartido, rodará hasta alcanzar sus objetivos.
