A última hora de la tarde de este viernes han sido detenidos tres jóvenes barakaldeses (Unai Frías, Sendoa Jurado y Jon Villanueva). A la detención de hoy habría que sumar la que sufrió Asier Gómez el pasado 20 de septiembre, y que se encuentra actualmente en la cárcel de Basauri. Estos tres jóvenes se han encaramado, y encadenado al balcón del edificio del Ayuntamiento de Barakaldo, como respuesta a la orden de busca y captura que la Audiencia Nacional ha dictado contra ellos para su ingreso en prisión para cumplir lo que les resta de sendas condenas, después de estar casi 2 años en prisión preventiva: Unai Frías y Sendoa Jurado cumplirá una semana; y Jon Villanueva y Asier Gómez ocho semanas. Sendoa Jurado, Frías y Villanueva han empleado una escalera para subirse a la visera que protege la entrada del edificio consistorial y desde ahí han subido al balcón y han desplegado una pancarta con el mensaje “Euskal gazteria aurrera. Jo ta ke”, mientras un centenar de personas expresaba su apoyo desde la Herriko Plaza. Desde Berriotxoak, plataforma a la que pertenecían estos jóvenes en la actualidad, ha recordado que estos cuatro jóvenes fueron detenidos con un gran despliegue policial ‑y mediático- en Barakaldo el pasado 6 de mayo del 2008, junto con otras tres personas que fueron puestas en libertad, sin cargos, días después. Sus domicilios fueron registrados, sus pertenencias requisadas y espacios de uso social, como el Gaztetxe de Makala ‑en el barrio barakaldés de San Vicente‑, fueron puestos patas arriba y precintados en unos registros en los que no se encontró ningún elemento inculpatorio ‑como después quedaría claro en el juicio que sufrieron en la Audiencia Nacional-. Después llegaría el juicio en el tribunal de excepción de la Audiencia Nacional, y la desproporción de las penas solicitadas por la fiscalía. Estos días se ha conocido el resultado del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, cuya resolución ha sido interponer una pena de dos años y un día de prisión para estos cuatro jóvenes: desde la demanda inicial de 33 años de cárcel, a los 7 años de petición en el juicio ante la Audiencia Nacional y, por fin, la resolución del Tribunal Supremo en la que se reduce la pena a 2 años de prisión. Según indican desde el colectivo contra la exclusión social, «estas circunstancias demuestran la desproporción de las penas solicitadas y la voluntad de condenar a unas determinadas personas por su activismo político, y público, en pro de una sociedad más justa y solidaria». |