Parece que esta élite política le haya cogido el gusto a esto de elaborar pactos que recortan el ámbito social y en ello siguen. Tras el pacto de estado adoptado entre PP-PSOE para reformar la constitución ‑posibilitando así controlar el gasto público desde Madrid, dejando vacías de contenido a las CCAA y las Diputaciones, y priorizar los intereses bancarios ante todo- ahora les toca a las ayudas sociales de la CAPV.
Ni corta ni perezosa, la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco nos anunciaba que sí, que efectivamente, que se ha llegado a un pacto de progreso con el PP para endurecer los requisitos de acceso a las ayudas sociales más importantes de la CAPV, como son la renta de garantía de ingresos, y uno de los motivos fundamentales para ello es acabar con el fraude existente en este tipo de ayudas. Además, se alegaba en la misma rueda de prensa que esto hará que el sistema sea más solidario.
Tanta cara no se puede tener. Si de verdad están preocupados con la situación, que empiecen a elaborar políticas en el sentido contrario, y sí efectivamente, que impulsen la solidaridad, mediante un reparto justo de la riqueza generada, de la mano de unos presupuestos cuya prioridad sea el gasto social y no los intereses bancarios. Y efectivamente, estamos de acuerdo también, que se acabe con el fraude, pero el fraude fiscal que supone miles y miles de millones de euros, y no cuantías irrisorias, como en el caso de las ayudas sociales que son bastante insuficientes.
Una vez más, lamentamos las políticas elaboradas por la consejera Gemma Zabaleta. En una situación como la actual, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales es clave para elaborar políticas reales y eficaces que atajen la situación de la población. En vez de ello, se han empeñado en realizar políticas de recortes, que limitan y excluyen a un sector de la población cada vez más amplio. Las duras medidas adoptadas no buscan resolver el posible fraude, y es absurdo creer que haya gente que prefiera vivir con estas ayudas insuficientes. Porque el problema, por si todavía no les ha quedado claro, es que no hay empleo de calidad; y no lo hay, porque no han puesto ni una sola medida encima de la mesa con este objetivo.
No podemos sino tachar de miserable la medida anunciaba. Justificar este recorte, que empeorará la ya difícil situación de miles de personas, para atajar el fraude y que el sistema sea más solidario, es reírse de la población en general. Ante una situación de emergencia social como la actual, donde más de 50.000 familias perciben este tipo de ayudas, reforzar la protección social debiera ser un objetivo prioritario de la consejera. Seguimos sin entender, por qué no se alcanzan pactos, ni se toman medidas relativas a acabar con el fraude fiscal, o por qué no se elaboran presupuestos más sociales. Aunque claro, tras conocer estos días, los bienes de sus colegas de partido en el Congreso y Senado, cambiar el sistema actual parece ser que no les conviene. ¿Por qué siempre pagamos las y los mismos?
Desde el sindicato LAB seguimos demandando una alternativa a lo actual. Una alternativa política y social, cuyo eje sea defender los intereses de la clase trabajadora y de la población en general y no de una élite político-económica. El momento actual que vive Euskal Herria posibilita que este cambio pueda darse; fase que requiere de apuestas de calado y de una correlación de fuerzas suficiente para poder llevarla adelante.
Euskal Herria, 13 de septiembre de 2011
