El 17 de junio se cumplieron 40 años del infructuoso “combate” a las drogas, iniciado por Richard Nixon y por el contrario hoy se ve el gran fracaso,
tanto en costos para su lucha, como en el logro de los objetivos propuestos; encontramos como un hecho funesto para el mundo entero el crecimiento en su negocio y consumo de estos enemigos de la humanidad.
Ante esta deplorable realidad constatamos que la guerra contra el narcotráfico es el argumento que los EE.UU utiliza para hacer presencia militar en cualquier país y ocultar sus verdaderas intenciones de ocupación y de despojo de sus riquezas, con el pretexto de combatir el comercio ilegal de narcóticos.
Le ha servido sobre todo, para asegurar la injerencia norteamericana en los países de América latina y en especial en Colombia, a través de los diferentes planes puestos en marcha como el plan Colombia, La Iniciativa Regional andina la ley de Preferencias Arancelarias Andinas ( ATPDEA), plan Mérida, entre otros. Estos le han permitido justificar la militarización del continente, el saqueo de sus riquezas, la pérdida de soberanía y el impulso y financiación de la estrategia contrainsurgente en Colombia. A la luz de estos planes se incrementó el negocio de la droga.
Para finales de los años 80, antes de tales planes, salía de Colombia al mercado internacional aproximadamente 300 toneladas de cocaína, y para los primeros años del presente siglo la exportación se acerca a las 800 toneladas año.
El negocio de las drogas (la marihuana, la cocaína y la heroína) representan el segundo renglón más dinámico de la economía del mundo capitalista, después del petróleo y seguido de las remesas migratorias; produce ganancias que se ubican entre 300.000 y 600.000 millones de dólares anuales, que indica algo más del 1.5% del intercambio comercial total a nivel mundial, según organismos como la ONU. Según este mismo informe, Los consumidores de sustancias ilícitas ascienden a algo más de 200 millones de personas, lo que representa el 4.8 por ciento de la población mundial.
El narcotráfico además de manejar el negocio de la droga, el lavado de activos y el tráfico ilegal de armas, controla las altas esferas del Estado. Se calcula que el 60% de los ingresos del narcotráfico son destinados a financiar la corrupción, enmaridándose la oligarquía tradicional con la burguesía emergente surgida de la acumulación de la riqueza producida en el negocio de la droga y aliadas de los intereses imperialistas financian guerras contrainsurgentes, intervenciones militares y golpes de Estado.
La política antidroga impuesta por los Estados Unidos a los gobiernos lacayos del Continente, terminó en un doloroso y costoso fracaso al no arrojar resultados ciertos en el combate a este fenómeno y por el contrario se pierde la soberanía en estos países, no obtuvo los logros propuestos porque no eran su verdadero propósito; fue concebida en función de otros intereses que utilizan la lucha contra la droga, como pretexto para justificar la intervención y agresión contra los pueblos y su protesta social, que se resisten a la dominación norteamericana. En esto una vez más se refleja la doble moral e hipocresía gringa.
Pues mientras con base en aquella política se judicializa, encarcela y asesina a algunas personas acusados de narcotráfico, los EE UU son permisivos y tolerantes con las poderosas mafias que compran todo y les permite que ingresen sus dineros a su circuito económico y a nuestros países, en contraprestación a alianza contrainsurgente acordada con los capos de las drogas, como se estableció en Colombia desde la década de los 80 del siglo pasado y que se mantiene hasta nuestros días con más discreción..
La política antidrogas gringa y adoptada por nuestros países del Continente seguirá siendo falsa, mientras: no se combata en serio el negocio del narcotráfico y este sea el verdadero propósito y no el de financiar a la CIA para la injerencia imperialista, no se combatan los aspectos que lo soportan como es en el campo económico, social, la corrupción y las ganancias por lavada de dólares en los prestigiosos bancos de los EEUU y así mismo mientras se mantenga la alianza con el narcoparamilitarismo, gobernantes, políticos y militares corruptos involucrados en este negocio.
El ELN y su posición sobre el el narcotráfico.
En las zonas guerrilleras se introdujo los cultivos de uso ilícito de la mano y financiado con los dineros del narcoparamilitarismo, como parte de la estrategia contrainsurgente dirigida a romper el tejido social y la vida comunitaria y “sustraerle el agua al pez”, vinculando a desempleados mujeres y hombres del campo y la ciudad, a los cultivos y recogida de la hoja, la transformación, el transporte y el consumo de droga.
El narcotráfico igual a como ocurre en las zonas de bonanzas del petróleo o del oro, los grandes beneficiarios son un círculo cerrados del poder, mientras que a las comunidades les queda el recuerdo, la descomposición social, la ruptura de la familia y la pobreza.
El ELN desde que surgió el fenómeno del narcotráfico en Colombia definió como política el deslinde con el negocio de la droga, lo cual significa que para los guerrilleros y unidades de combate del ELN, existe la prohibición de participar en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico; ha expresado reiteradamente y en la práctica el empeño y disposición a contribuir y apoyar aquellas políticas alternativas que rescaten el campo de los cultivos de uso ilícito, y se encamine a la producción de cultivos dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria de la población, como expresión de la soberanía popular y nacional.
Ha planteado también que en la ejecución de una política seria, responsable y de alcance debe diferenciarse el trato a quienes están involucrados en el negocio del narcotráfico; que a los campesinos cultivadores que la necesidad de sobrevivir les obligó a la siembra de este tipo de plantas, deben tener un trato de apoyo con programas alternativos destinados a mejorar la economía y bienestar de las comunidades, distinto al trato judicial que se debe dar a los grandes emporios y mafiosos surgidos a la sombra de este negocio. Esta política debe complementarse con la legalización de la droga acompañada de programas de prevención a la adicción y atención a los drogadictos como casos de salud pública.
