Zapatero y Rubalcaba han decidido marcharse llevando hasta sus últimas consecuencias el papel histórico de la socialdemocracia, y del PSOE en particular, servir de mamporreros al capital.
Su propuesta de reforma del artículo 134 de la Constitución podría parecer un esperpento y hasta un harakiri político: pocas semanas antes de las elecciones deciden ejecutar una de las propuestas estrella del PP dejando a su candidato con cara de poker en absoluto fuera de juego. Podría parecerlo, si no fuera porque ya no puede ocultarse una realidad que es cada vez más del dominio público: no hay margen para los matices políticos en un capitalismo que se debate en una crisis general sin salida.
Elevar a rango constitucional la prohibición de superar el techo de déficit es el “pacto de estado” más blindado que existe y es el que mejor cumple el objetivo de esta versión moderna del “consenso”: servir de coartada ideológica para ejecutar disciplinadamente los dictados del capital sin pagar individualmente los costes electorales. El inconveniente es que cada vez está más claro quién escribe el guión, el FMI, la UE y el BCE; quien dirige la trama, la gran banca y las multinacionales europeas y españolas; y quienes son sus ejecutores, el Gobierno PSOE, el PP y las derechas nacionalistas.
Blindar el techo del déficit público es una infamia …
José Montilla, el líder de los socioliberales catalanes ha sido claro como el agua: «esta reforma está hecha porque es una condición del trío Merkel-Sarkozy-Trichet por la compra de deuda española por parte del Banco Central Europeo».
La limitación constitucional de la ampliación del déficit público no es una simple herramienta técnica para garantizar el equilibrio presupuestario. Será una herramienta ideológica con el máximo rango jurídico para poder justificar los recortes en la protección social de las clases populares y profundizar la vulnerabilidad de la clase asalariada frente a sus empresarios. Asimismo, como golpe de estado neoliberal de las fracciones financieras, consagra la “prioridad absoluta” para el pago de los intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias.
El objetivo de las estrategias neoliberales del capital es la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa del sector público, el ensanchamiento de los márgenes de ganancia vía recortes sociales y desregulación laboral creando una fuerza laboral desprotegida ante sus condiciones de explotación. El famoso Consenso de Washington rebautizado ahora como el Consenso de Bruselas marca desde hace años la agenda del programa neoliberal de la Unión Europea: equilibrio presupuestario; reorientación del gasto público; reducción de los gastos sociales; reforma impositiva favorable al capital; liberalización de los tipos de interés; liberalización del comercio exterior; apertura a la inversión extranjera directa; privatizaciones y desregulación del mercado de trabajo.
Aunque en medio de la crisis más profunda del capital produzca sonrojo, el ideario neoliberal sostiene que es la intervención del Estado quien distorsiona el funcionamiento de los mercados generando desequilibrios e ineficiencia. En consecuencia el Estado debe, no solamente retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso. Asimismo, las funciones que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según la lógica de la empresa privada. Se implementan políticas fiscales favorables a las rentas del capital mientras se privatizan aquellos sectores o segmentos rentables reservados al sector público como la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, las pensiones y servicios energéticos. Estas privatizaciones a precios políticos se hacen mediante saneamientos o grandes inversiones públicas, liquidando sus segmentos no rentables, y precarizando el empleo ocupado para incrementar los márgenes de beneficio. El Estado Neoliberal es una herramienta que canaliza la oferta monetaria con el poderoso filtro regresivo de sus sistemas fiscales, con el objeto de participar en el mercado como comprador de mercancías y servicios al sector privado sin competir en las esferas de producción del plusvalor.
Establecer un tope máximo para el déficit, es decir para el diferencial entre los ingresos y los gastos del Estado, extendido a todas las administraciones públicas, equivale a blindar el recorte sistemático del gasto social público si tenemos en cuenta la naturaleza regresiva del sistema tributario estatal y la insumisión fiscal de las rentas del capital. Más grave aún cuando tenemos un verdadero déficit social de más de 66.000 millones de euros en comparación con el promedio de gasto social por habitante de la UE.
Los ingresos en las arcas públicas están cayendo por varias vías, algunas perfectamente planificadas y otras como resultado de la crisis. La política fiscal de todos los gobiernos,
la que define los ingresos del Estado, ha ido dirigida desde la Transición y sin excepción alguna, a reducir los impuestos del capital y a incrementar los de la clase obrera:
A este marco legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB menos).
A ello hay que sumar la cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno a disposición de la gran banca y que equivales a tres veces el gasto sanitario total.
Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a asolar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25 millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno. Y el despilfarro y la corrupción en la construcción de infraestructuras…y el largo etcétera de unas clases dominantes y unos políticos que devoran los recursos públicos mientras se proponen recortar las prestaciones sociales.
En este contexto, definido además por unas necesidades crecientes derivadas del desempleo masivo y de todo su correlato de incremento de la enfermedad, de incapacidad de acceso a la vivienda para millones de personas y de desestructuración social, el recorte brutal del gasto social público que pretende legitimar la constitucionalización del límite del déficit es un crimen. Un crimen que sin embargo tiene una explicación sencilla: el capital no necesita el 30% de la mano de obra y considera un obstáculo para la realización de beneficios la satisfacción de sus necesidades sociales.
…Y es una estafa democrática.
La constitucionalización del techo del déficit público confirma el carácter de papel mojado de una Carta Magna que dice establecer un Estado Democrático, Social y de Derecho y que no es más que el paraguas de una monarquía y de unas clases dominantes herederas de la Dictadura. Configura además un Estado intervenido por los imperialismos europeo y estadounidense sin el menor atisbo de soberanía.
Eleva al mayor rango legislativo el mascarón de proa de las políticas neoliberales imposibilitando cualquier otro tipo de política y supeditando las necesidades y derechos sociales a los objetivos cada vez más depredadores de un capitalismo que pretende hundir a las clases populares en su crisis general y sin salida.
Y lo hace quebrantando su propia Constitución que exige un procedimiento que conlleva una aprobación inicial por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, la convocatoria de elecciones generales, la aprobación por la misma mayoría de la Reforma propuesta y su ratificación mediante Referéndum.
Es inadmisible que tamaño canallada se lleve a cabo sin debate público, de forma atropellada y en vísperas de unas elecciones que van a ser una farsa más grande que nunca.
La monumental estafa democrática da la puntilla a un aparato institucional y a una Constitución que se configuraron, con la complicidad de la izquierda política y sindical, para incrementar a niveles insoportables el grado de explotación de la clase obrera, para negar derechos democráticos fundamentales como el de Autodeterminación y para debilitar hasta la extenuación a la izquierda.
Red Roja plantea que el sistema capitalista no tiene reforma posible y que la aniquilación de derechos sociales y laborales está íntimamente unida a la liquidación de derechos políticos que estamos viviendo y que se agudizará tras las próximas elecciones.
En lo inmediato, Red Roja llama a organizar potentes movilizaciones populares que impidan la infamia que se está perpetrando con medidas como ésta, las que ya se han llevado y las que vendrán. En concreto es preciso exigir que se instrumente el procedimiento establecido para la reforma Constitucional y se convoque un Referéndum.
A las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la izquierda coherente y a las asambleas populares no nos queda otro camino que intensificar la movilización y la organización social, y la articulación de un Frente que sustentado por las propuestas programáticas que ya se están discutiendo, se configure como una alternativa real a la barbarie que avanza cada día.
29 DE AGOSTO DE 2011
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN EN MADRID JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19H, ATOCHA – CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
¡CONTRA ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN!
¡REFERENDUM VINCULANTE!
¡NO A LA CONSTITUCIÓN CAPITALISTA Y MONÁRQUICA!
¡POR LA HUELGA GENERAL!
