James Petras – La Haine 
El terrorismo de estado y el despojo masivo es un peculiar método colombiano de “acumulación de capital” 
Ponencia invitada para ser presentada al “Encuentro Nacional de comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indigenas por la Tierra y la Paz de Colombia: El dialogo es la Ruta”, 12 al 15 de agosto 2011, Barrancabermeja – Colombia
Introducción:
Vivimos un tiempo de gran destrucción y de grandes oportunidades económicas y Latinoamérica no es una excepción. En el contexto global el Imperio estadounidense se halla comprometido en guerras destructivas (Afgnistán, Irak, Pakistán, Libia, Yemen, Somalía y Haití). China, India, Brasil, Argentina y otras “economías mergentes” están, por el contrario, expandiendo su comercio, sus inversiones y reduciendo la pobreza. La Unión europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU) sufren profundas crisis económicas. La periferie de la UE (Grecia, Irlanda, Portugal y España) se hallan en total bancarrota. Los países dependientes de Norte América (México) Centro América y el Caribe son virtuales narco-estados plagados de pobreza masiva, astronómicas tasas criminales y estancamiento económico. Las dependencias estadounidenses están expoliadas por las multinacionales extranjeras, las oligarquías locales y los políticos corruptos.
Colombia se halla en el cruce de caminos: puede seguir los pasos del precedente narco-presidente Alvaro Uribe y continuar siendo una dependencia militar, un solitario puesto de avanzada del Imperio en Suramérica. Colombia puede permanecer al margen de los más dinámicos mercados mundiales y en guerra con su pueblo o de manos de su nuevo líder socio político efectuar una profunda reorientación política y concretar una transición hacia una mayor integración con los dinámicos mercados mundiales.
Colombia tiene objetivamente todos los ingredientes necesarios (recursos materiales y humanos) para formar parte de un dinámico nuevo orden. Pero en primer término debe deshacerse de su papel de vasallo militarizado de EEUU y de seguir siendo objeto de explotación de la oligarquía rentística. Colombia debe dejar de respaldar los golpes de estado de EEUU (Honduras, Venezuela) y de amenazar a sus vecinos (Ecuador).
Colombia no puede desarrollar su capacidad productiva ni financiar la modernización de su educación universitaria, ni mejorar sus niveles técnicos y seguir gastando cientos de miles en militares, paramilitares, policía y operaciones de inteligencia. El aparato militar represivo está dirigido a reprimir a los sectores más creativos y productivos y a los sectores laborales más motivados. La prosperidad depende de la paz civil la que a su vez depende de una profunda desmilitarización del estado colombiano. La conexión entre economía y militarismo es clara. China gasta un décimo del presupuesto militar de los EEUU pero crece cinco veces más rápidamente. Brasil, independientemente de su política exterior y de su realineamiento con el mercado asiático, ha desarrollado un alto crecimiento, mientras que México, como satélite del NAFTA (Tratado de LIbre Comercio Norteamericano), es un estado fallido, estancado.
Desmilitarización: Las especificidades colombianas
Colombia es el país más militarizado de Latinoamérica con la mayor cantidad de víctimas civiles. El “Militarismo” en Colombia incluye la mayor fuerza militar operativa en actividad dentro de sus fronteras y es el mayor receptor de financiamiento militar del mayor poder militar mundial. Como subordinado cliente del Imperio estadounidense, Colombia tiene el peor récord en materia de derechos humanos, de muertes de periodistas, de sindicalistas, de activistas campesinos y de abogados especialistas en derechos humanos.
No es raro entonces que la violencia estatal y para-estatal haya despojado de sus tierras a 4 millones de colombianos, campesinos y medianeros rurales, que han sido forzados a abandonar sus tierras y cuyas posesiones han sido tomadas por grandes terratenientes, narcotraficantes, generales y gente de negocios aliada al gobierno. En otras palabras el terrorismo de estado y el despojo masivo es un peculiar método colombiano de “acumulación de capital”. La violencia estatal es el método con que se asegura el aumento de la producción para incrementar la agroexportación a expensas de las familias de los campesinos.
En Colombia el exterminio estatal y para-estatal reemplaza al mercado y a las “relaciones contractuales” al realizar transacciones comerciales. La desigual relación existente entre un estado militarista y los movimientos populares de la sociedad civil ha sido el principal impedimento para lograr una transición de un régimen político oligárquico hacia un sistema electoral democrático representativo y pluralista.
Colombia es una combinación de las formas elitistas de representación del siglo XIX y los altamente desarrollados medios represivos del siglo XXI: un caso nunca visto de desarrollo combinado y desigual. Como resultado vemos un “crecimiento desequilibrado”; un aparato militar, policial y paramilitar sobredimensionado y unas instituciones políticas y sociales subdesarrolladas, deseosas y capaces de encarar negociaciones recíprocas y de asumir compromisos con el entorno civil.
El estado cultural de “guerra permanente” mina las condiciones de confianza y reciprocidad y genera inaceptables riesgos a todo interlocutor social y político. Dentro del estado militarizado – debido especialmente a sus arraigados vínculos con las instituciones militares de los EEUU – solo son aceptables las “negociaciones” y los arreglos político institucionales que fortalezcan el actual orden socio-económico. Los “mediadores pacíficos” reconocen que enfrentan «negociaciones» en las que se solicitan concesiones por parte de los insurgentes pero que rara vez se solicitan concesiones recíprocas del estado.
Muchos de los países latinoamericanos que han debido transitar de regímenes dictatoriales a regímenes electorales han respetado a sus oponentes. Solo en Colombia se ha matado a todos los líderes políticos y a los activistas – desde la Unión Patriótica – que pasaron de estar armados a la lucha electoral. Ningún otro país latinoamericano (ni europeo ni asiático) ha experimentado una violencia estatal como la que se le infligiera a la Unión Patriótica (UP): la muerte de 5 mil activistas incluidos candidatos presidenciales y parlamentarios.
Los actuales regímenes de centro-izquierda suramericanos, sus prósperas economías y las luchas libres y abiertas de sus movimientos sociales son el fruto de las agitaciones sociales (1999−2005) que terminaron con la militarización política. Las reacciones populares en Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela abrieron paso a la centro-izquierda. En Brasil, Uruguay y Chile los movimientos sociales ayudaron a desplazar a los regímenes de derecha.
Como resultado de las luchas populares y de su creciente popularidad, los regímenes de centro izquierda están desarrollando políticas relativamente independientes y progresistas programas contra la pobreza. Han alcanzado mejores estándares de vida y proporcionan espacios sociales y políticos para la continuidad de la lucha de clases.
Colombia es uno de los pocos países que ha fracasado en la transición desde un régimen militar de derechas hacia un modelo de bienestar y de desarrollo de centro izquierda, porque el resto de Latinoamérica ha experimentado ya el ascenso popular, que ha derivado en una nueva configuración política.
Estableciendo la paz: ¿Centro América o Indochina?
“Establecer la paz” implica que haya ganadores y perdedores y refleja la correlación de fuerzas internas y externas. Los procesos de negociación, incluyendo quienes son consultados al establecer prioridades y hacer concesiones, son centrales en la trayectoria de los “procesos de paz.”
La historia reciente nos ofrece dos “procesos de paz” diametralmente opuestos y con consecuencias dramáticamente diferentes: el establecimiento de la paz en Indochina en 1973⁄75 y el de Centroamérica de 1992⁄93. En el caso de Indochina y más específicamente en el establecimiento de la paz entre los Vietnamitas y EEUU, el Frente Nacional de Liberación (FNL) aseguró la retirada de las fuerzas estadounidenses, el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses y la desmilitarización del estado. El FNL acordó un proceso de integración política fundado en el reconocimiento de cierta base socio-económica y de reformas políticas, incluida la reforma agraria, la recuperación de sus campos por parte de millones de campesinos desplazados y el procesamiento de civiles y de oficiales militares acusados de crímenes contra la humanidad. Los negociadores del FLN hicieron concesiones políticas pero en estrecha consulta con las bases campesinas, los trabajadores y los profesionales. Ellos sostuvieron el principio de que democratizar el estado y desmilitarizar la sociedad eran condiciones esenciales para terminar la guerra
En los últimos 35 años, Vietnam ha evolucionado desde un socialismo independiente hacia una economía capitalista mixta público-privada, transitando hacia un mayor crecimiento y con más elevados estándares de vida pero con un incremento de las desigualdades y una creciente corrupción.
Por el contrario, el establecimiento de la paz en Centroamérica fue firmado por los líderes guerrilleros al final del conflicto armado, cuando fue incorporada la élite insurgente en el sistema electoral. Sin embargo no hubo cambios fundamentales en el sistema militar económico y social. Ninguna organización popular fue consultada.
El grueso de los guerrilleros, tanto insurgentes populares como mercenarios paramilitares, fueron desenganchados y se transformaron en un ejército de desempleados “armados”. En los últimos veinte años grupos criminales han ocupado amplios espacios en Centroamérica mientras que la élite del ex Frente guerrillero Farabundo Martí y sus colegas guatemaltecos y nicaragüenses se han convertido en influyentes hombres de negocios y aliados con los políticos conservadores electos. Se hallan protegidos por guardias privados y ajenos a las condiciones por debajo de la línea de pobreza en que vive el 60% de la población. Los acuerdos de paz en Centroamérica han servido como vehículo de movilidad social para la élite guerrillera. No terminaron con la violencia. Cada año muere más gente de muerte violenta que la que murió durante los años de la guerra civil.
Los acuerdos de paz en Vietnam y en Centroamérica tuvieron lugar durante diferentes momentos internacionales. En 1970 la Unión Soviética y China proporcionaron importante material y apoyo político a los vietnamitas. Durante las negociaciones de paz de Centroamérica la Unión Soviética se estaba desintegrando. China estaba girando hacia el capitalismo y Cuba enfrentaba el “período especial” de crisis al perder la ayuda y el comercio con la Unión Soviética.
Los cambios en la correlación internacional de fuerzas influyeron pero no fueron determinantes de los desfavorables resultados en Centroamérica. En menos de una década luego de los desastrosos acuerdos de paz de Centroamérica, Venezuela bajo la presidencia de Chávez impidió un golpe y avanzó hacia la transformación socialista. Rebeliones populares revirtieron las reglas neoliberales en Argentina, Bolivia, Ecuador y otros. La caída de la URSS no terminó con las exitosas luchas de clase en Latinoamérica.
La correlación de fuerzas políticas reaccionarias de 1990 ha cambiado dramáticamente. En 2011 solo Centroamérica, México y Colombia, permanecen como islas reaccionarias en un mar de insurgente izquierdismo y luchas populares en Suramérica, Noráfrica y Surasia.
El establecimiento de la paz en Centroamérica con la aceptación de estados militarizados, vinculados a las élites exportadoras agro-mineras, a las bandas narco-criminales, se ha convertido un monumento al fracaso de los “procesos de paz”. El establecimiento de la paz en Vietnam, aunque lejos de perfecta, ha provisto por lo menos paz, seguridad, reforma agraria y mayores ingresos para el campesinado y los trabajadores. Sin duda Colombia tiene diferencias históricas y estructurales tanto con Centroamérica como con Indochina.
Los movimientos sociales armados en Colombia tienen una historia específica que precede en varios años a la insurgencia centroamericana y ha desarrollado vínculos políticos con algunas regiones y movimientos sociales que perduran en el tiempo. A diferencia de los insurgentes de Centroamérica y de Vietnam no dependen de apoyos externos. Sobre todo la fallida experiencia de la “reconciliación política” en Centroamérica ha hecho que los insurgentes colombianos aumenten sus condiciones ante un proceso de paz, especialmente sobre la desmilitarización y las reformas socioeconómicas (reforma agraria y recuperación de la tierra por los desposeídos). La “Paz a cualquier precio” llevaría solamente a nuevas y virulentas formas de violencia, como sucede actualmente en México con 10 mil muertes por año, El Salvador 7 mil asesinatos por año y un monto similar de homicidios en Guatemala.
La experiencia de paz de Vietnam por medio de la justicia social y la desmilitarización parece ser que asegura una módica prosperidad. Es cierto que la correlación internacional de fuerzas ha mejorado radicalmente. Latinoamérica ha reemplazado los neoliberales gobiernos títere. Las economías latinoamericanas se han dinamizado, los mercados asiáticos se han independizado de EEUU. Las revoluciones populares de Medio Oriente y Asia – desde Túnez hasta Afganistán – han obligado a las fuerzas militares a retirarse. El contexto regional e internacional del que Colombia podría sacar algunas ventajas es muy favorable. Los métodos y las formas de lucha, los que unen a los movimientos populares sin distinción, deberían ser ampliamente discutidos y resueltos sin exclusiones. La insurgencia es parte de la solución, no del problema. La clave de un diálogo exitoso es la desmilitarización del estado con la terminación de la presencia militar de EEUU. Finalizar con el Plan Colombia y convertir los gastos militares en desarrollo económico y social.
Artículo original: 
http://petras.lahaine.org/?p=1870 – Traducción para Rebelión de Susana Merino – Revisado por La Haine
