En los últimos días se han desarrollado, en ámbitos parlamentarios, varios episodios que requieren la atención de quienes defendemos los derechos de las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado:
El primero sucede el 13 julio en el Congreso de los diputados. La ley «integral» sobre víctimas del terrorismo excluye a las causadas por el terrorismo de Estado, la violencia policial y las organizaciones de extrema derecha. Y esto, pocas semanas después de que Antonio Hernando, portavoz de Interior del PSOE, manifestase que las víctimas de la violencia policial iban a ser contempladas en esta ley. Una nueva palabra incumplida, un engaño histórico más. El PSOE sigue dando la espalda al sacrificio de los miles de militantes que, en su día, le dieron aliento y forma. La ley sigue la estela de otras que discriminan a las víctimas según el origen de la violencia que han sufrido, lo que, en la práctica, supone legitimar el terrorismo de Estado y la violencia policial.
Mientras esto pasa en el Parlamento español, comienza el segundo episodio. Entra en escena la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, que publica, el 16 julio, un artículo de titulado «Memoria compartida», en el que pone al mismo nivel a los responsables del golpe militar de 1936 y a los defensores de las libertades.
El tercer episodio se produce en una fecha tan significativa como el 18 de julio. El Sr. Bono, presidente del Congreso, se niega a condenar el alzamiento del 36, a sus responsables y las consecuencias genocidas del mismo, en una línea muy similar a la del artículo de la Sra. Mendia. En ambos casos quienes hacen distinciones cuando se trata de la violencia política de los últimos 40 años (cientos de muertos) para «no equiparar a víctimas y verdugos», no tienen ningún problema al equiparar a víctimas y verdugos de la rebelión militar de 1936 (cientos de miles de muertos).
Episodio cuarto: una nueva esperanza defraudada. Solo un día después, en el mismo escenario, la clase política vuelve a dar la espalda a las cientos de miles de víctimas al no aprobar una propuesta del BNG que pretendía modificar la Ley de Amnistía de 1977 (en la práctica, una ley de punto final). Esta vez la culpa es compartida por PSOE, PP, CIU y PNV. Cabe destacar el papel de este último, que no rectifica su error de hace 35 años, ni salda la deuda de justicia que tiene con las víctimas. Justifica su negativa aduciendo que los responsables de los crímenes han muerto. Esto solo es cierto si nos referimos a los dirigentes de la rebelión militar de 1936, pero no si hablamos de muchos de los responsables de la dictadura y el terrorismo de Estado que siguieron a la victoria de los sublevados. Algunos partidos utilizan su pasado antifascista como parapeto en el que cobijarse para negar su responsabilidad por no establecer, en su momento, las vías de superación de las vulneraciones de los derechos humanos. Una vez más esto significa dejar a las víctimas en la cuneta del olvido.
Hasta aquí los hechos consumados, la fotografía que muestra la falta de dignidad de la mayor parte de la clase política. El 26 de julio volverá a hablarse, en el Parlamento Vasco, sobre las víctimas del terrorismo de Estado (aunque no se les llamará por este nombre, sino «victimas de violencia de motivación política»). En un Parlamento (que, dicho sea de paso, tampoco ha llevado a cabo ningún tipo de mención ni condena en este 75 aniversario del 18 de julio) llegamos a este debate en una situación en la que los partidos políticos que negaron a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, siguen instalados en un discurso y unas prácticas que no buscan superar la dualidad entre vencedores y vencidos que se inició aquel 18 de julio de 1936, sino que, por la vía de los hechos, la consolidan.
Es hora ya de que los partidos que han contado en sus filas con militantes antifascistas represaliados rompan con sus dependencias e hipotecas adquiridas durante la «Transición» y reconstruyan un discurso y una práctica política coherente con sus orígenes. Porque los únicos coherentes, en el discurso y los hechos, son los representantes de la derecha heredera del franquismo, quienes ejercieron el control efectivo sobre todo el proceso, amparados por el ruido de sables, que tantas veces ha sido utilizado como excusa por los partidos de origen antifranquista para justificar su actuación durante aquel periodo.
En tanto no se supere la situación de discriminación jurídica, en tanto solo se reconozcan las consecuencias de la violencia sobre una parte de la sociedad, mientras se niega la existencia de las mismas consecuencias para otros sectores sociopolíticos, se estará dando continuidad a la misma dualidad establecida por el franquismo: privilegios para unos, represión y marginación para otros.
