Un 18 de julio de 1936, las tropas españolas destinadas en el norte de África, al mando de Francisco Franco, se sublevaron contra las instituciones republicanas, dando origen a un hecho que la historia reconoce como el inicio de la guerra civil española. De este episodio de la historia contemporánea, queda como un triste y lamentable recuerdo, las miles y miles de personas que fueron represaliadas, y que previo a su eliminación, sufrieron humillaciones, torturas, vejaciones, para finalmente ser fusiladas y enterradas en fosas comunes.
Por la gravedad de los hechos antes enunciados, estos crímenes fueron señalados desde finales del siglo XIX como crímenes contra la humanidad, y fueron reconocidos como tales por el Derecho Internacional. En tal sentido, no era desconocido para nadie que una vez establecido el régimen franquista, el terror implantado sobre la población civil fue determinante para eliminar todo intento de estos ciudadanos para de acceder a la justicia.
En tal sentido, las víctimas de los diversos abusos que llevaron adelante los sublevados al orden constitucional vigente y posterior régimen dictatorial, carecieron de los derechos más elementales para proteger sus vidas.
La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en España asume la condena del franquismo, contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975.
Si bien la mayoría de las apreciaciones sobre los beneficios de la norma conducen a calificar la misma como insuficiente, la Ley tiene por objeto reconocer y ampliar los derechos en favor de quienes padecieron persecuciones y violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas durante la guerra civil y la dictadura franquista.
En tal sentido, se establece promover la reparación económica y moral de las víctimas, declarando la ilegitimidad de los juicios, que impidieron a los acusados tener un proceso justo, como los llevados a cabo contra republicanos, nacionalistas vascos y catalanes, miembros del Partido Comunista y de la masonería.
También la Ley prevé llevar adelante medidas para la identificación de las víctimas. En tal sentido, el gobierno, en colaboración con las administraciones públicas, deberá elaborar un protocolo de actuación científica, el cual será multidisciplinar, y debe asegurar la colaboración institucional en las exhumaciones. Mientras, el artículo 15 de la Ley garantiza la retirada de escudos, insignias y placas que hagan referencia a la exaltación del franquismo. Todo indica que hasta la actualidad, poco se ha avanzado, ya que la corporación católica no se siente alcanzada por la misma. Son muy débiles los argumentos ‑de estética cultural- para que de las iglesias católicas no se retiren las sepulturas de los asesinos, las placas y demás ornamentos, cuyo único fin es perpetuar y rendir homenaje a un sistema político que enalteció el culto a la intolerancia, el fanatismo y a la muerte, cómo método para silenciar a la mayoría de la sociedad civil.
Con el fin de garantizar la reconstrucción de la memoria histórica, se debe apoyar la labor de los colectivos que impulsan la reparación de estas causas, las cuales parecen olvidadas, perdidas, o sencillamente no forman parte de las agendas políticas de la actualidad. Cabe destacar a los integrantes de la asociación Lau Haizetara Gogoan, los cuales trabajan con escasos recursos, pero con una fuerte actitud militante, para lograr que sea una realidad la reconstrucción de la memoria histórica, y como consecuencia, la vigencia de principios como la verdad, la justicia, la reparación y la aprobación de leyes que garanticen la no repetición de estos levantamientos contra las instituciones democráticas.
Para llevar adelante este proceso se deberán conformar «Comisiones de la Verdad», cuyo fin será investigar la violación de los derechos humanos. Estas Comisiones podrán ser formadas por los Gobiernos, Acuerdos de Paz, Naciones Unidas y Organizaciones Sociales, como por ejemplo las religiosas, y la tarea de las mismas será reunir la información, investigar las pruebas, y luego con ellas, acudir a autoridades judiciales nacionales e internacionales, con el propósito de que se proceda a impartir justicia.
El Estado español ha privado de los recursos efectivos para alcanzar verdad y justicia, como así también la tan necesaria reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, lo que constituye una segunda vulneración de los derechos internacionalmente reconocidos, situación que se ha prolongado en el tiempo, más allá de la transición y hasta la actualidad.
Resulta necesario levantar nuestras voces, ante esta situación deficitaria en materia de derechos humanos, denunciando ante las instituciones jurídicas y políticas del Estado, de Europa y del mundo, la necesidad de avanzar hacia la verdad histórica, haciendo realidad la reparación moral de miles de represaliados durante la guerra civil y del franquismo, muchos de los cuales fueron acusados con cargos falsos y vejados públicamente.
Humildemente, creo que tanto de Argentina como de Sudáfrica se pueden tomar ejemplos y antecedentes válidos y acciones, con el fin llevar adelante esta noble y justa tarea, que seguramente conducirá a la verdad, la reparación y la reconciliación y sentará las bases de una sociedad democrática, basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
