La Junta de Personal de la Administración de Justicia, que agrupa a los funcionarios de los juzgados de la provincia de Valencia, aprobó ayer una propuesta que recoge las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Así, los funcionarios demandan la paralización de los desahucios «mientras dure la crisis para las personas sin trabajo» o «el derecho a la dación en pago con cancelación de la deuda para las personas paradas o sin recursos».
También piden una «solución justa para los actualmente condenados hipotecarios por la vigente legislación abusiva» y reclaman «una oferta suficiente de vivienda social de alquiler asequible (no más del 30% de los ingresos)». Ahora esperan que las Juntas de Personal del resto de provincias del país se pronuncien en términos similares.
La propuesta, lanzada por Intersindical Valenciana, fue aprobada gracias a los votos a favor de CCOO y UGT y a la abstención de los representantes del CSIF, sindicato mayoritario en la Administración valenciana de Justicia. Los funcionarios muestran así su «preocupación por el exagerado número de desahucios» que viene multiplicándose en el País Valencià «de una forma extraordinaria e insoportable, mucho más que en otros lugares del Estado».
Haciéndose eco de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial recuerdan que en 2010 se produjeron en el País Valencià 18.102 desahucios frente a los 5.369 ejecutados en 2007. Además, la Junta de Personal también enviará una petición a la dirección general de Justicia «a fin de que se den las instrucciones oportunas para que, en cada uno de los desahu-cios de una familia, comparezca un trabajador social dependiente del Ayuntamiento correspondiente o comunidad autónoma para dar una solución inmediata de alojamiento o vivienda». En la actualidad, según explican fuentes de la administración de Justicia, la comisión de desahucio está formada por un gestor procesal, que acostumbra a sustituir en este tipo de asuntos al secretario judicial, y un agente judicial, además de la Policía Local.
Según Pep Bomboi, responsable del sector de justicia de la Intersindical, la demanda procedía de los propios trabajadores afectados, que mostraron su inquietud y malestar ante un «panorama social muy grave» y que sigue empeorando. Por ello también quisieron lanzar un mensaje conciliador con los futuros desahuciados. «Los funcionarios de Justicia que se ven obligados en razón de su cargo a efectuar materialmente el desahucio son perfectamente conocedores de la situación en que están quedando muchas familias valencianas», señala la Junta de Personal. Y advierte que estos funcionarios «no desean entrar en enfrentamiento con las familias desahu-ciadas y los ciudadanos que los apoyen».
Sin lugar a dudas, este es un paso trascendental para llevar el debate de las conscuencias anti sociales de las políticas de los grupos bancarios sobre la población trabajadora, entre tanto, los bancos se han llevado nuestro dinero en forma de subvenciones, al igual que las Cajas de Ahorros. Es la hora del pueblo y este, es el camino.