En los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón permanecen tres jóvenes de poco más de 20 años de edad, pertenecientes al PCPE y acusados de «terrorismo», así sin más. La Policía parece que además de tener impunidad con la porra para repartir leña, también tiene impunidad con las valoraciones que realiza por graves que éstas sean.
En cuestión de horas, los detenidos serán trasladados a Madrid para ser interrogados, previsiblemente, a lo largo de la mañana del jueves 16 de junio en el juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
Las detenciones y encarcelamiento. A las 17:00 horas del martes 14, la joven V. G. y el joven J. I. F. eran detenidos en la sede del PCPE de Candás y, hacia las 01:00 horas de la madrugada del miércoles 15, el joven S. N. se presentó voluntariamente en la Comisaría de Gijón, aconsejado por sus abogados y también fue detenido después de prestar declaración.
La acusación que pesa sobre los tres detenidos es la de tirar un cóctel en un cajero de Cajastur de Lada y otro en un cajero de Riaño, también de Cajastur, localidades ambas de Langreo. Los tres encarcelados rechazaron las acusaciones y se declaran inocentes de los cargos.
Paralelamente, a las 10:00 de la mañana del miércoles 15, otros dos militantes del PCPE se presentaron voluntariamente en la Comisaría de Mieres en la que prestaron declaración quedando, posteriormente, en libertad pero con los mismos cargos que los detenidos.
En opinión de los abogados y con un mínimo de sentido común, de ser ciertas las acusaciones, en todo caso se trataría de una falta, que podría llegar a ser delito si los daños alcanzaran determinado importe, pero de esto al terrorismo median años luz.
Lo más grave de todo este proceso no está del lado de los inculpados, sino de la acusación. Resulta que las diligencias abiertas por el citado juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional es la 125⁄2010, cuando los hechos de los que se acusa a los detenidos y a los interrogados se produjeron el 15 de enero de este años 2011, según dicen en la Comisaría, es decir, un año después de abrir las citadas diligencias. Da la impresión de que primero se abren las diligencias y después se van metiendo “cosas” a medida para sacarlas cuando y cómo convenga. No hay más detalles. Estamos ante una causa en la que nada se sabe ni conoce, ni policialmente ni judicialmente. Que se sepa, tampoco hay ningún secreto del sumario.
Seguramente, para entender qué intenciones tienen las autoridades (represivas), conviene añadir que en estos últimos años, concretamente, en Langreo, en la zona de los hechos por los que se les inculpa a estos cinco encausados, se produjeron numerosos manifestaciones debidas a los conflictos laborales de Duro Felguera, de Alas Aluminium y de otras empresas en las que muchos trabajadores perdieron su empleo o vieron cómo se deterioraban sus relaciones laborales, algo que en nada parece preocupar a las autoridades implicadas en esta represión.
También podría considerarse que la persecución va, precisamente, contra unos jóvenes que de un modo o de otro también han participado en el 15M como indignados, aunque ahora, sin duda, razón no les ha de faltar para estar algo más que indignados.
Tampoco está de más recordar que el 26 de diciembre de 2009, en los calabozos de esta misma comisaría en donde ahora se encuentran los detenidos, fallecía inexplicablemente el joven David Blanco sin que hasta ahora se hayan depurado responsabilidad alguna ni tampoco se sepa qué sucedió exactamente.
Qué fácil les está resultando todo, detenciones a domicilio, detenciones sin responsabilidad alguna con fallecido incluido y no pasa nada porque cuelgan el cartel de terrorista o el de delincuente y ya todo se justifica y se vuelve normal. Pero sí, algo hay de normalidad como es la que confiere la impunidad que los ampara. El poder tiene licencia para todo y para más si falta les hiciera o lo consideran conveniente para sus intereses. Ahora, las autoridades han tomado la iniciativa del 15M, pero la suya
