El Tribunal Supremo, al absolver a cuatro ciudadanos vascos acusados de colaborar con ETA, ha vuelto a dejar en evidencia a la Audiencia Nacional, a la que se le acumulan los desplantes del alto tribunal, y que en este caso había dictado condenas de entre cinco y siete años de prisión. El fallo es contundente, al citar la «patente» falta de pruebas para sostener la acusación y denunciar el «déficit de garantías» producido durante la incomunicación.
En este sentido, hay que recordar las denuncias de malos tratos que sucedieron a la operación en la que fueron detenidas estas cuatro personas. El Supremo reprocha al juez instructor Santiago Pedraz que no atendiera la denuncia de Mertxe Alcocer y que no indagara la causa de los traumatismos que presentaba. El ponente Perfecto Andrés Ibáñez, quien llama la atención sobre el hecho de que la declaración policial se produjo en régimen de incomunicación y que hubo una denuncia de malos tratos, no se anda por las ramas y acusa a Pedraz de «degradar» su declaración judicial. Asimismo, critica que no se cumpliera la orden de grabar todo lo que ocurriera durante la incomunicación y concluye que, al no cumplirse esa orden, ese régimen especial de detención sufrió «un déficit de garantías todavía mayor que el que ya inevitablemente incorpora por su propia naturaleza». Esta frase, como el conjunto del fallo, puede tener un gran valor en la lucha contra esa lacra que es la tortura.
Tampoco pasa desapercibido que el tribunal que condenó a los ahora absueltos estuviera encabezado por Angela Murillo, quien ya ha sido desautorizada en anteriores ocasiones, como cuando revocaron una condena suya contra Arnaldo Otegi por mostrar una parcialidad manifiesta en el juicio. Fallos como el de ayer desnudan a esta jueza y a la propia Audiencia Nacional, que se muestra como lo que es: un tribunal especial en el que a los vascos se aplica el derecho penal del enemigo y que debe ser desmantelado cuanto antes.
