En Bogotá, durante los días 4 y 5 de junio del año 2011, nos encontramos 600 delegados provenientes de varias regiones del país, víctimas de las detenciones arbitrarias y los intencionados errores judiciales, de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes vividas de manera sistemática en las cárceles colombianas; así también, familiares de prisioneros políticos, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, políticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, República Bolivariana de Venezuela y las Islas Canarias, los cuales declaramos a la opinión pública nacional e internacional, que:
1. La situación de tortura, tratos crueles e inhumanos que viven los prisioneros y prisioneras políticas tiene una profunda relación con la existencia del conflicto político, social y armado que vive el país, pues dicho fenómeno refleja el carácter excluyente y retardatario del actual régimen político colombiano y su incapacidad para facilitar una solución negociada a la crisis y con ello una salida hacia el Acuerdo Humanitario.
2. La actitud del Presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, debe estar acompañada por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios, así como también la aplicación del principio de distinción entre quienes son combatientes y quienes no lo son y el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y como tal de sus prisioneros de guerra.
3. Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los pueblos del mundo, de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, la miseria y la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del Estado Colombiano que durante muchos años admitió a la rebelión como expresión política de fines altruistas que era benévolamente penada.
4. El Estado Colombiano ha implementado una política de estigmatización, criminalización y judicialización no solo de la protesta social, sino de la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. RECHAZAMOS el actual “Estatuto deSeguridad Ciudadana”, impuesto por la coalición de gobierno en el Congreso, el cual pretende criminalizar la protesta social y las acciones de movilización ante las anunciadas crisis del sector salud y educación, así como la profundización del modelo privatizante avisado por el actual gobierno.
5. La extradición de nacionales colombianos y de presos políticos a cárceles en el exterior y de manera especial a los Estados Unidos, constituye una agresión a la soberanía nacional y en especial al principio de derecho internacional de no extradición por razones políticas. Solicitamos también al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a las normas del derecho de asilo siendo repudiable la decisión de extraditar a Colombia por razones políticas al periodista y director de la agencia de noticias ANNCOL, JOAQUÍN PÉREZ BECERRA.
6. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado su voluntad de contribuir a la solución política negociada del conflicto colombiano y a la formalización de Acuerdos Humanitarios. Rechazamos entonces la captura y la intención de extraditar a Colombia al ex insurgente Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado”, quien se encontraba ya retirado de las filas guerrilleras y dedicado en una pequeña parcela a labores agrícolas. Exigimos su libertad inmediata y las garantías necesarias a fin de garantizar su derecho a la vida, integridad y garantías procesales.
7. La actual política carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario impuesto desde el Buró Federal de los Estados Unidos, tiene como consecuencia la generación de una aguda crisis humanitaria al interior de las cárceles. RECHAZAMOS, el proyecto que cursa en el Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como Eron, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
8. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia –INPEC‑, es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión y la muerte por negligencia médica de los prisioneros, JORDÁN FABIÁN RAMÍREZ y OTONIEL CALDERÓN OVALLE.
9. El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedece al aumento del número de internos como política criminal del Estado de privilegiar la detención preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisional, así como la detención domiciliaria a los prisioneros políticos.
10. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el Estado Colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional Colombiana.
11. Nos parece incoherente la pretensión del gobierno de realizar una Conferencia Nacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo que impuso una Ley de reparación y restitución de tierras inconsulta con las víctimas y que resultará en una nueva burla a los derechos de las mismas, convive con el paramilitarismo, implementa políticas para judicializar la inconformidad social, mantiene a más de 7mil personas inocentes, civiles, en las cárceles, estigmatiza a la oposición y acrecienta la crisis de derechos humanos en el país. El encuentro y las organizaciones convocantes, no haremos el juego a este espectáculo de cinismo que quiere instalar el gobierno nacional y que busca un sentido utilitarista del movimiento de los derechos humanos y las organizaciones sociales, en su afán de que sean aprobados los tratados de libre comercio con EE.UU. y la Unión Europea.
12. Resaltamos y apoyamos la reciente decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que declara la ilegalidad de las presuntas pruebas obtenidas en el marco de la “Operación Fénix”, con las cuales se ha justificado la persecución política y judicialización en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. Valoramos de esta decisión que la Corte haya reivindicado como valor superior, la legalidad y la legitimidad como requisitos consustanciales a cualquier evidencia, que quiera ser tomada como prueba judicial.
INVITAMOS, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS
1. Este Encuentro Nacional decide constituirse en una gran COALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL TRATO DIGNO Y LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS “Larga vida a las mariposas” como referente coordinador y organizativo. Esta funcionará a través de COORDINADORAS REGIONALES, nacidas de las delegaciones regionales y los referentes nacionales aquí presentes, las cuales, a su vez, dinamizarán su trabajo a través de comisiones.
2. Invitamos a fortalecer la más amplia movilización social y política a favor de la paz, la solución política negociada y el acuerdo humanitario que derrote la continuidad de los planes guerreristas plasmados por el Presidente Santos en su «Política Integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad” anunciada por su Ministro de Defensa, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, los cuales profundizan la política de guerra, la pobreza, la impunidad y la aguda crisis humanitaria que vive el país.
3. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos –prisioneros de guerra, de conciencia y víctimas de montajes judiciales– por las autoridades colombianas, que se encuentran hoy en cárceles en el exterior y las cárceles colombianas.
4. Anunciamos nuestra vinculación a las jornadas unitarias de protesta que tienen por objeto la defensa de los derechos de presos políticos, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.
5. Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las cárceles colombianas.
6. Invitamos a participar masivamente el 15 de octubre de 2011, en las diversas actividades del Día Nacional de los y las prisioneros Políticos. Como encuentro proclamamos esta fecha en pro del Acuerdo Humanitario y la Paz.
7. Llamamos a los medios de comunicación en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de los prisioneros políticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso.
8. El día 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Conmemoraremos esta fecha en las calles con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos.
9. Los participantes nos comprometemos en el desarrollo de un plan de acción para arrancar de las cárceles a los miles de prisioneros políticos, que se encuentran injustamente en ellas en razón de su inconformidad con las políticas antipopulares del gobierno.
10. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación la rigurosa investigación y acusación ante los jueces, por crímenes de lesa humanidad como las torturas y mutilaciones al prisionero DIOMEDEZ MENECES CARVAJALINO y en general las torturas practicadas en las prisiones, al igual que los supuestos suicidios como los homicidios al interior de las cárceles y las muertes por inasistencia médica.
11. Proclamamos que este movimiento por la libertad de los prisioneros políticos en Colombia, se basará en los principios de solidaridad, la ternura, lucha por la paz, el acuerdo humanitario y el derecho universal a la vida y la libertad.
Bogotá, 5 de junio de 2011.
DELEGADOS ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS
