Tras las elecciones realizadas últimamente en España y con la experiencia viva del movimiento del 15 de mayo podemos decir que el problema de la convivencia democrática actual está en manos de los partidos políticos, aunque éstos crean que pueden seguir escondiendo la cabeza bajo el ala, porque su configuración partitocrática les resuelve los intereses espurios de que gozan los miembros acogidos a los respectivos organigramas.
En nuestro mundo actual, lo mismo que en la historia medieval y renacentista, moderna y contemporánea, hemos podido comprobar la existencia de corrientes de opinión, de escuelas ideológicas, de grupos políticos de presión. Hemos visto que han existido diversas filosofías, multitud de interpretaciones antropológicas, diferentes teologías y, más aún, variadas organizaciones sociales, que más que otras estructuras sociológicas, se parecen a lo que hoy llamamos partidos políticos.
Y además constatamos que en el conjunto de la sociedad lo mismo que de las diferentes instituciones de los reinos o de los estados, tanto en la Edad Media como en la Contemporánea, han existido grupos de presión que pretendieron alcanzar y luego ejercer el poder a toda costa y, por supuesto, excluyendo del control de los focos de decisión a otros grupos de vasallos o ciudadanos que gozaban de opiniones diferentes. Si esto es así, con el nombre que queramos darles a estos grupos de presión, habrá que aplicarles la sociología de los partidos políticos.
Los partidos políticos, como tales, son un fenómeno histórico tardío. Durante el feudalismo europeo no existían partidos políticos, ya que la sociedad estaba articulada en estamentos, clases y corporaciones. Cada una de las clases sociales, de sus estamentos o gremios, tenía sus intereses comunes, más sociales y económicos que ideológicos. Los gremios de oficiales, desgajados de los gremios tradicionales, formarían una organización de intereses comunes más parecida a nuestros actuales sindicatos.
El surgimiento de partidos políticos, nos dice Heleno Saña, va unido, históricamente, a la disolución del orden feudal y gremial. Sin embargo, no se puede afirmar que los partidos políticos sean una creación de la burguesía. La burguesía precapitalista creó las corporaciones, los gremios, las instituciones, las «universitates». Todas estas organizaciones, sí que iban en contra de las antiguas clases feudales.
Los partidos políticos nacen como una desintegración de las instituciones propiamente burguesas y feudales. Sin embargo, los grupos de presión, al igual que las nacionalidades, son organizaciones sociales de corte natural, que se dan en toda desintegración de experiencias históricas de ideología única. Por esto, porque los partidos políticos y las nacionalidades son organismos operativos de la naturaleza humana, se dan en toda época histórica y dentro de todo organigrama de cualquier clase de organización, aun judicial y eclesial.
Las iglesias no han suprimido las nacionalidades, y, como se ve a lo largo de la historia, éstas han sido soportes de actuación de las mismas iglesias (v. gr. en los Concilios medievales y renacentistas se votaba por naciones configuradas por lenguas). Por esto ni la Iglesia en su totalidad, ni en sus células interiores, como pueden ser las diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, suprimirán nunca, ni las nacionalidades ni los partidos políticos. Solamente cuando las iglesias, como instituciones humanas, se han asimilado a regímenes totalitarios, han pretendido suprimir ambos elementos: las nacionalidades y los partidos políticos eclesiales.
Más aún, en los actuales momentos de democracia debemos afirmar que los partidos políticos existen no sólo en la vida ciudadana sino en la estructura de todas las instituciones. Existen partidos políticos judiciales, eclesiales, empresariales y aun globales. Y debemos también afirmar que los partidos políticos son necesarios, pero que se han anquilosado de tal manera constituyéndose en castas cerradas que no sirven ni a la democracia ni a la resolución de los conflictos de la sociedad sino que, por el contrario, acentúan el enconamiento de los mismos conflictos.
La existencia natural de partidos políticos a nivel estatal o de cada una de las instituciones sociales, presupone, previa o consiguientemente, la actividad parlamentaria o de puesta en común. Ésta dará lugar a la sistemática aceptación e intercambio de los diversos grupos de presión o partidos, en una asamblea general, representativa de todos, que podrá ser denominada Congreso, Juntas, Concilio, Parlamento o Asamblea.
Con el movimiento asambleario del 15 de mayo podemos afirmar que los partidos políticos dominantes están desdibujados y crean generalmente desencanto por las listas cerradas, por las normas de funcionamiento opacas e injustas, por el incumplimiento de las promesas electorales, por las corruptelas y por el clientelismo. La democracia actual está descafeinada, ya que nos hace jugar en las votaciones con las cartas marcadas. Los partidos políticos de todos los niveles, tal como están configurados en nuestro mundo, son antidemocráticos y aun, a veces, contrarios a los derechos humanos.
El colmo de la degradación democrática lo encontramos en los grupos de presión o partidos políticos dentro de las estructuras del estado tales como la judicatura y de las iglesias. En primer lugar los mismos jueces y autoridades eclesiásticas no han sido fruto de una elección democrática. Y podrían serlo sin desvirtuar su sentido de servicio a la sociedad. Por otra parte, ni el derecho ni la interpretación teológica de las normas son una ciencia exacta. Ambos campos se deben a una promulgación y luego interpretación de las normas dadas. Los miembros de estos grupos de presión son hombres de carne y hueso, con su propia ideología, con sus emociones y, sobre todo, con sus compromisos con los que les eligieron, que no lo hicieron exclusivamente por su preparación profesional sino por la docilidad manifestada y por esperanza inconsciente o conscientemente ofrecida de ser obedecidos.
Ante una falta de separación de poderes, los jueces y las autoridades eclesiásticas son elegidas y nombradas por la autoridad gubernativa y a propuesta de los grupos de presión o de los partidos políticos, y a esos mismos se deben. Por eso las resoluciones jurídicas y las interpretaciones teológicas se escoran en sentencias contradictorias que por escaso margen se desdicen según las mayorías del partido político dominante. Por lo tanto, es necesario poner en cuestión no sólo su legitimidad sino también la objetividad y la profesionalidad de sus resoluciones.
Sin embargo, tanto los dirigentes de los partidos, como las autoridades nombradas e igualmente los miembros de los tribunales Supremo y Constitucional (v.gr. Pascual Sala presidente del Constitucional) reafirman la independencia, la honradez, la solidez y la no ideologización de las actuaciones tomadas. Pero tales estamentos están formados por hombres que no podrán nunca borrar su dependencia partidista si quieren sobrevivir en sus cargos.
Para una regeneración democrática real habría que tener en cuenta no sólo la legalidad sino también y principalmente los derechos fundamentales de los miembros integrantes de los estados y de las instituciones inferiores. Ante la existencia necesaria de los partidos políticos hay que actuar con energía para reformar la legislación electoral siguiendo las normas del sentido común y del recto sentido democrática.
