Los delegados de prevención del Ayuntamiento de Errenteria han presentado una denuncia contra el alcalde en Osalan, por no garantizar la seguridad de la plantilla de personal, o mejor dicho, por no tomar ninguna medida ante un caso de acoso laboral.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que llegó al Ayuntamiento en septiembre de 2009 no ha tenido ninguna consecuencia. El pueblo de Errenteria ha pagado 230.000 euros en concepto de recargo de prestaciones, porque el Ayuntamiento no adoptó medidas preventivas ante el acoso laboral sufrido por una extrabajadora entre los años 1995 y 2004. Esa sentencia no trajo consigo una apertura de expediente informativo alguno. Los concejales no adscritos propusieron una comisión de investigación pero de excusa en excusa la comisión se constituyó un año más tarde, para analizar no sólo ese accidente laboral sino otros tres más.
Entre tanto, delegados de prevención y el Comité de Trabajadores presentaron una denuncia en el Gobierno Vasco porque no se había investigado el accidente laboral. La empresa que lleva el servicio de prevención ajeno realizó la investigación, limitándose a lo que ponía en la sentencia, nada más; no incluyó entre las medidas correctoras que hubiera que abrir un expediente informativo.
Por parte del Ayuntamiento, a los responsables municipales les da igual lo que diga la sentencia. Según ellos, no ha habido acoso laboral. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco están equivocados. Los que llevaron a cabo el acoso laboral tal vez sigan trabajando en la plantilla, pero no hay sanción para ellos, bien les cuida el Ayuntamiento. Y respecto a la comisión de investigación, de los cuatro casos han estudiado dos, el del acoso laboral ni lo han tocado, y en los dos casos analizados no han sido capaces de sacar un informe de conclusiones.
1995 eta 2004 urte bitartean udal langile batek jasandako lan jazarpenari lotuta, 2009ko irailean udaletxera iritsi zen Euskal Autonomi Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren sententziak ez du inolako eraginik izan. 230.000 euro ordaindu ditu Errenteriako herriak prestazioan errekargoaren kontzeptuaz, langile ohi batek lan-jazarpenaren ondorioz izandako lan istripuaren aurrean Udaletxeak ez zituelako prebentzio neurriak ezarri. Sententzia horrek ez zuen espediente informatiboaren irekierarik ekarri. Zinegotzi ez atxikituek ikerketa batzordea proposatu zuten, baina aitzakiaz-aitzakia urtebete beranduago eratu zen, lan istripu horrez gain beste hiru lan istripu aztertzeko.
