El pasado sábado se celebró en Islandia un referéndum con el que se pretendía cerrar el ciclo iniciado con la crisis financiera de 2008 que llevó a la ruina al país y en cuyo proceso los ciudadanos han demostrado lo que se puede hacer frente a la especulación financiera desregulada. Pero ¿lo han hecho realmente? Y si es así ¿por qué no están inundados los medios de comunicación de noticias relativas al antiguo reino de Thule? ¿Es que acaso no interesa mostrar un camino que se aleja de las autopistas controladas por el FMI y el BM? Todas estas preguntas, y otras muchas, se contestarán de una u otra forma dependiendo de los intereses de la persona que lo haga, pero lo que nadie podrá negar es que los islandeses han sido capaces de mostrarnos una alternativa a las decisiones unánimes que los gobiernos de los principales países del mundo han adoptado para enfrentarse a las consecuencias de la crisis y al papel culpable que se nos asigna a los ciudadanos de a pie en esta trágica pantomima.
Tantas palabras huecas sobre los acontecimientos de los países árabes, tildándolos exageradamente de revolución cuando el poder sigue en manos de los mismos; innumerables artículos dedicados a Grecia, Irlanda y ahora Portugal, y escasísimas referencias a un auténtico proceso revolucionario de consolidación de verdadera democracia sin atisbo alguno de violencia. Sólo los islandeses y su revolución pacífica han sido capaces de derribar un Gobierno en 2009 (el del conservador Geir H. Haarden), redactar una nueva Constitución y encarcelar a muchos de los responsables de la debacle económica del país, consolidando la democracia más antigua del mundo. ¿Cómo lo han conseguido? De una forma muy sencilla, negándose a asumir las deudas contraídas por los bancos privados y aprovechando el caudal que da la democracia para participar en todas las importantes decisiones que se han adoptado en el país desde 2008. De las mismas caben destacar las elecciones anticipadas de abril de 2009 de las que salió el Gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir; el referéndum de 7 de marzo de 2010 rechazando las negociaciones con los gobiernos holandés y británico para devolver los 3.700 millones de euros de la quiebra de Icesave (filial del Landsbanki) y bloqueando el pago de la deuda; el rechazo del acuerdo aprobado en el Parlamento islandés de 17 de febrero de 2011, ante las presiones de los organismos financieros internacionales, que luego vetó Ólafur Ragnar Grímsson y que dio lugar al referéndum; la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión; y, finalmente, una ambiciosa reforma constitucional que, por primera vez en la historia, nacerá de un proceso de democracia directa y en la que trabajan, desde mediados de febrero, 31 ciudadanos sin filiación política (el denominado Parlamento Constituyente Asesor) para elaborar un nuevo texto que sustituirá al de 1944.
El silencioso “proceso revolucionario” islandés se inició, tal y como señalábamos, en 2008, cuando su Gobierno decidió nacionalizar los tres principales bancos que estaban en quiebra técnica, el Glitnir Bank HF, el Kaupthing y el Landsbanki Islands HF, y cuyos clientes eran principalmente holandeses, británicos y estadounidenses. Bancos que, al abrigo del prepotente y ufano neoliberalismo, se lanzaron a comprar activos y productos fuera de sus fronteras que eran sólo basura. A pesar de la resistencia ciudadana a pagar los platos rotos, los islandeses padecen las consecuencias de la avaricia neoliberal en forma de recortes económicos en la sanidad, la educación y otros sectores públicos; del aumento del desempleo; de las reducciones salariales o de la congelación de los sueldos; del incremento de los precios; del pago del préstamo de 2.100 millones de dólares del FMI; etcétera.
Jugaban a favor del sí en el referéndum factores como la reducción de los intereses aplicados por Holanda y Reino Unido (5% al 3%), el aumento del valor de los activos del Landsbanki, la fuerte presión internacional y las acciones legales derivadas del no pago. Claro que también existía la posibilidad de que este segundo referéndum no fuera suficiente y en un futuro el Parlamento aprobara una nueva norma para la devolución de los depósitos, lo que nos llevaría a una nueva consulta popular. Pues bien, el triunfo del no coloca al país en una tesitura en la que cualquier negociación que hagan lo será, ya lo es, en mejores condiciones que las de otros Estados europeos e incluso su proceso de adhesión a la UE, iniciado en junio del año pasado, será, a pesar de las declaraciones de algún líder europeo, favorable a sus intereses.
La trascendencia de lo acaecido en Islandia rebasa el pago o no pago de su deuda. En el país nórdico se han debatido y cuestionado los valores que llevaron al boom especulativo y a la incompetencia y deslealtad de los dirigentes públicos y privados sobre los que debe fundarse una sociedad; se ha recuperado el papel de la ciudadanía en la democracia y en la construcción social; se ha recordado que la política y quienes la ejercen deben estar al servicio de los ciudadanos; se ha demostrado que hay otras formas de enfrentarse a la crisis y, finalmente, se ha caminado de la democracia representativa liberal hacia la democracia participativa directa. Islandia se ha convertido en una luz fulgurante en el erial de las democracias modernas. Islandia sí es una revuelta.
* Historiador.
