Parece que un magistrado demócrata se ha colado de rondón en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, deshaciendo el empate que solía impedir que una cadena de sanciones cayeran sobre el estado español, por vulneración de los derechos humanos.
No puede ser de otra forma, dado que en dos semanas el régimen-que-no-es-sistema ha recibido sendos varapalos, que afectan a la ansiada credibilidad democrática que defienden PP y PSOE, a sabiendas de que tales prerrogativas son conculcadas de manera constante, pertinaz y descarada. Dos puntas de un iceberg humillante para el grupo “Solidarios con el Borbón”, que bien podrían formar, además del Parlamento y el Senado en pleno, todos aquellos intelectuales, artistas y demás signatarios pro-Garzón (de García Montero a Almodóvar), cuyo izquierdismo es tanto como el de Mariano Rajoy o Dolores de Cospedal.
Entre las torturas demostradas y las leves condenas a miembros de la Guardia Civil, a los Mossos catalanes, a Ertzainas vascos, Policías Nacionales, Municipales y otros uniformados, el régimen español no pasa por su mejor momento.
Un personaje como Antonio Camacho, mano derecha de Rubalcaba, que negaba ante una televisión australiana que en España se cometieran todo tipo de malos tratos y vejaciones a cientos de detenidos, también queda una vez más en entredicho, ante las recientes sentencias que el Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado en estas dos primeras semanas del mes de Marzo.
Efectivamente, hace unos días se condenó al estado a indemnizar con 23.000 euros a Aritz Beristain Ukar, por no haber investigado las torturas denunciadas por el demandante, tras su detención el 5 de septiembre de 2002 por actos de kale borroka (violencia callejera). Ya me dirán los expertos, cómo es posible condenar a un ciudadano a 5 años de prisión, por quemar un cajero automático en Vitoria (pongo por caso), mientras que cometer el mismo acto en Cáceres, se sanciona tan sólo con una multa por estragos. Un atropello jurídico-geográfico que debería avergonzar al ministro Caamaño, si este tuviera dos dedos de frente y un gramo de pundonor.
Según la sentencia, el estado español violó el artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por “la ausencia de una investigación profunda y efectiva” de los malos tratos denunciados por Beristain, nacido en 1980 y residente en Hernani (Guipúzcoa).
Y la más reciente condena, llegó hace un par de días. El mismo Tribunal sancionaba al régimen por vulnerar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, condenado en base a leyes ilícitas, que continúa en prisión a pesar de los llamamientos firmados por cientos de personalidades de la política, la cultura y los sindicatos, para que se excarcele al líder abertzale, pieza clave en el proceso de paz del País Vasco.
En el contenido del dictamen, se señala que cuando el parlamentario afirmó en 2003 que el Rey “era el Jefe de los torturadores“, lo expresó en calidad de portavoz de un grupo político y en una cuestión de interés para el País Vasco, como era el recibimiento que el lehendakari había deparado al Rey en una visita oficial a Euskadi, donde el monarca es una de las personas más impopulares y despreciadas por aquella sociedad, en su condición de heredero del régimen de Franco.
El Tribunal europeo admite que las expresiones de Otegi, en sí mismas, pueden ser consideradas como un lenguaje provocador y hostil hacia la institución de la monarquía, pero no exhortan al uso de la violencia; señala también la sentencia que ese lenguaje no es un discurso de odio.
Los medios oficialistas del PPSOE se han rasgado las vestiduras ante el dictamen del alto Tribunal, que desde hace años permanecía en silencio ante las denuncias por torturas y violaciones constantes de los derechos humanos en España. Resulta curioso que en el lapso de quince días, Zapatero haya tenido que arramplar con dos sentencias de este calibre. Para todos esos medios, la mancillada es España, no sus leyes, ni sus gobiernos. En prensa, radio y televisión se azuza de maneras subliminal a la ciudadanía más nacionalista, para convencerla de que el tribunal odia a España. Ya veo a Muñoz Molina, Elvira Lindo, Buenafuente y Pilar Bardem, sacando la bandera monárquica a los balcones, como señal de protesta por esta afrenta a la España, una, grande y libre.
Por mi parte, señalar que esta descarada manipulación periodística, viene dándose en todos los terrenos, desde hace más de setenta años, cuando un gobierno, equipo de fútbol, o cantante de festival, son protagonistas de una noticia.
En el caso de las sentencias reseñadas, la prensa de siempre coloca la palabra España como una nación condenada, cuando lo cierto es que el sancionado es el estado español, como bien indican Kaos o Rebelión; en cuanto al equipo de fútbol nacional, los locutores y gacetilleros, con ocasión de haber obtenido el Mundial de Sudáfrica en 2009, llenaban las ondas y las portadas con idéntico grito, en un patético ejercicio por respirar los aires de grandeza del que fuera imperio colonial. Nacionalismo del más torpe y barato. Ese que tanto defienden Fernando Savater, Rosa Díez, Albert Boadella o José María Fidalgo.
De la misma forma, cuando un cantante acude a un festival como el de Eurovisión, se comete la tropelía de afirmar que “España estará representada por…”, cuando la Unión Europea de Radiotelevisión (UER-EBU) precisa con toda claridad en los estatutos del certamen indicado: “Se trata de un concurso donde los intérpretes representan a las televisiones, privadas o públicas». No se habla ni de gobiernos y menos de estados. Pero hay quienes anhelan lo contrario. Y así les va.
El lenguaje periodístico también se violenta con ese españolismo de tufo sospechoso, síntoma evidente de un antiguo complejo de inferioridad, que arrastran los Solidarios con el Borbón, con el Garzón y con el Torrente, desde que se perdieron Cuba y Filipinas.
Lo triste es que no exista un Tribunal para multar a los que violan, manipulan y alteran la verdad. Los libros de estilo del 99% de los medios de comunicación del primer mundo, son como las Constituciones: hay una gran cantidad de normas sensatas, dictadas precisamente para que se vulneren a todas horas.
