SAN JUAN, Puerto Rico, 13 de febrero de 2011 (NCM) – La orgía de violencia desatada por la Policía nacional para tratar de contener el alzamiento estudiantil tuvo el inesperado efecto de abrir una grieta en el muro de apoyo interno al Gobernador Luis Fortuño, tan ancha que por ella salen denuncias e informes comprometedores sobre planes criminales y la dilapidación del tesoro de la Universidad de Puerto Rico.
Mientras tanto, la huelga universitaria sigue imparable y este fin de semana una marejada humana rodeó la UPR, obstruyó el tránsito sentándose en una de las principales avenidas y luego penetró en el campus universitario principal donde los estudiantes volvieron a tomar la Torre –ante los vítores de la multitud- y hasta bailaron desafiantes a menos de un metro de los asediados policías.
Así, sube de tono la crisis en momentos en que van tomando forma diversas protestas sociales y cuando el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, optó por la desobediencia civil contra una orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos y es mantenido en la cárcel federal. La protesta de abogados, por un caso en el que podría arrebatárseles su edificio, abona y recibe la candela de la crisis universitaria.
El sábado pasado 72 entidades sociales, cívicas y políticas –incluidos todos los partidos de oposición- se sumaron a la gigantesca marcha.
“¡Anoche en la Iupi charlatán le diste a mi Lola, anoche en la Iupi charlatán, ven dale ahora!”, le cantaban desde la marcha padres y simpatizantes de los estudiantes a un cordón de policías que observaban a distancia prudente, en referencia a los sucesos violentos del miércoles. Tal fue la conducta escandalosa de las unidades contra disturbios cargando contra los estudiantes, que provocaron una crisis en el propio oficialismo al punto en que fueron retirados varios de los guardias involucrados y el propio presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, tuvo que renunciar tras demandar la salida de la Policía de los once recintos del sistema.
De igual forma, llegó el primer informe de un estudiante despedido de su empleo en una empresa turística como represalia por su participación en la huelga.
De hecho, los profesores, los empleados administrativos y el sindicato de mantenimiento y limpieza mantuvieron cerrado el campus jueves y viernes para prevenir más choques violentos, lo que ha dejado una atmósfera inestable ante el temor de que la nueva semana traiga el temido “baño de sangre”. Esta vez, sin embargo, no se trata sólo de los rumores típicos en estos casos.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios denunció tener información sobre una reunión el lunes en los altos niveles del Estado en la que se evaluó que “todo está saliendo bien” en la crisis en la UPR y que “sólo falta” un muerto para achacárselo a los estudiantes. Luego de que la APPU hiciera la denuncia, NCM Noticias obtuvo información específica sobre los participantes en la presunta reunión y sus vínculos con el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.
El caso es que el martes [pasado] las unidades contra disturbios conocidas como “Fuerza de Choque” comenzaron a propasarse con las estudiantes en las inmediaciones de la facultad de ciencias sociales, ante lo cual una multitud de estudiantes les hizo retirarse y luego recorrió calles y edificios del campus.
Al día siguiente, la policía comenzó a grabar con cámaras de video a estudiantes que pintaban consignas en la tradicional “Calle de la Conciencia” en abierta violación de la ley que tipifica el delito de “carpeteo”, que consiste en levantar expedientes policiales contra ciudadanos que realizan actividades legales.
Un grupo de estudiantes rodeó a los policías y trató de impedir físicamente que continuase con la práctica ilegal y pocos minutos después comenzaron los empujones, macanazos, pedradas y hasta lanzamiento de pintura. Entraron en acción la fuerza de choque, la unidad de arrestos y una escuadra montada para repartir palizas a mansalva a todo el que pasara cerca y arrestar hasta sin saber por qué a los que alcanzaban, lo que resultó en que el tribunal no halló causa contra los detenidos.
La tropa estudiantil se esfumó para reaparecer al otro lado del campus con una marcha que pronto creció hasta pasar de mil manifestantes, que volvió a recorrer el campus. Al llegar al nuevo edificio de Estudios Generales, dos policías intentaron enfrentar la muchedumbre, que les sacó a la fuerza y una de sus gorras voló por el aire.
Llegaron otra vez las escuadras, pero cuando intentaron penetrar con sus motoras los estudiantes les abrieron el paso sólo para encerrarlos y tirarlos de sus vehículos. La unidad montada no tuvo mejor suerte y los estudiantes le lanzaban las pedradas apuntando a los jinetes, que tuvieron que retirarse. Al llegar la fuerza de choque, la tropa estudiantil volvió a esfumarse para reaparecer minutos después rodeando la Torre de la Universidad, donde desde media mañana la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y la APPU mantenían tomada la rectoría demandando el retiro inmediato de la Policía.
El día culminó con la entrada al campus de dos marchas ciudadanas en apoyo a la Universidad y el informe de que los abogados de la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios ya comenzaron a preparar las querellas criminales contra policías por la tortura de estudiantes.
Pero el hecho más sorprendente ocurrió cuando el miembro estudiantil de la Junta de Síndicos, René Vargas, solicitó formalmente que se le entregara copia del inventario de propiedades correspondientes a los caudales sin herederos –que por ley la UPR recibe desde hace 80 años- y se le indicó que esos bienes se venden tan pronto llegan.
La situación levanta el doble problema de dónde están las cuentas para que se garantice que se recibe el beneficio completo, y el más grave sobre cómo pudo el Banco Gubernamental de Fomento aceptar tales bienes que no existirían [si se venden inmediatamente] como parte de las garantías de una línea de crédito de cien millones de dólares.
La rebeldía de los inmigrantes
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