Hace tan sólo unos días, François Fillon, primer ministro francés, durante la celebración de un foro un foro internacional, mostró una más que conservadora postura cuando se discutía la legalización de la eutanasia*, que en el país vecino forma parte todavía de un proyecto de ley. Actualmente, el gobierno galo mantiene al respecto lo que en términos legales se conoce como la defensa del desarrollo de la atención con paliativos, eufemismo que rubrica el rechazo de un tratamiento agresivo, como se acostumbra a proporcionar a los enfermos terminales en sus últimas semanas de vida, mantenida a base de potentes drogas que impiden la muerte digna de paciente, o coartan su libertad a la hora de decidir cuándo quiere que llegue su último momento.
El Primer Ministro se opone así a la legalización de la eutanasia, cuyo proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales en el Senado para un futuro examen. Lo presumible es que tal propuesta sea aprobada, dado que en ambas cámaras existe una gran mayoría adversa a tal finalidad. El propio Fillon, expresó su oposición a la eutanasia en un artículo que se publicó en el diario Le Monde.
«La cuestión es si la sociedad es capaz de legislar el derecho de matar. Creo que este límite no deben ser cruzado», aseguró de forma tajante el Premier, quien se apresuró a precisar que en este debate, sin embargo, ninguna convicción es indignante. Más adelante afirmaba que el problema “…debe ser abordado, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2008”, cuando Nicolas Sarkozy hizo de la eutanasia un objetivo a encarar antes de las próximas elecciones. El primer ministro concluía: “Personalmente, estoy en contra de la legalización de la ayuda activa a morir, esa no es mi idea del respeto por la vida humana y los valores que subyacen en nuestra sociedad». Por si fuera poco, el ministro de Salud, Xavier Bertrand, también dijo que no es favorable a la eutanasia. Una buena parte de la sociedad francesa no opina lo mismo.
El caso de la ciudadana Chantal Sébire (enferma terminal de cáncer), a la que se negó el derecho al suicidio asistido (una muerte digna), cuyo cadáver apareció en circunstancias dramáticas (se sospecha que se arrojó a un canal cercano a su domicilio), dispararon las protestas de pacientes y familiares afectados por casos similares, obligados a tener que soportar con impotencia el sufrimiento de sus seres queridos, mientras estos reclaman su final inmediato, sin dolor y con plena conciencia.
La muerte de Chantal ha reavivado el debate sobre tan delicado tema, mientras una asociación de la vecina suiza, el Instituto Dignitas, ofrece una solución sencilla y práctica: el «kit» de la eutanasia.
A pocos kilómetros de París, una persona aquejada de un mal incurable, cuyo tratamiento sería agresivo y tan solo dilataría un final esperado y sin remedio, puede encarar tal momento en plena lucidez y sin dolor alguno.
Cualquier ciudadano (debe aportar documentación médica que constate su incurabilidad) puede adquirir ese paquete o kit, que consta de: una ampolla de helio y una bolsa de plástico, cuyo costo es de 300 francos suizos, algo menos de 190 euros. En la práctica, el enfermo se coloca la bolsa en la cabeza y abre recipiente que libera el gas. La muerte es rápida, indolora, sin dejar rastro, de acuerdo con testimonios de familiares que han optado por esa solución a sus males. En un minuto, la persona pierde la conciencia y su corazón deja de latir.
Un final dulce y voluntario que ha puesto en jaque al mundo civilizado, donde al parecer resulta más gratificante dejar que millones de personas, en estado terminal, sufran por mucho más tiempo la angustia de su próximo final, mientras su cuerpo se llena de drogas potentísimas que anulan incluso su capacidad de raciocinio, sometiendo a las familias a un martirio tan inútil como sádico.
Jamás se ha cerrado esta polémica larga y complicada, en la que la libertad del individuo ante su propia muerte ha de tomar el papel primordial. Un nuevo camino hacia la otra vida es lo que realmente propone la Asociación Dignitas, que desde hace varios años, lucha por legalizar la muerte programada, el suicidio asistido, que hasta el momento han elegido más de 400 personas.
Los aspectos puramente comerciales del asunto no dejan de estremecer incluso a quienes adquieren el kit de la muerte. Sin embargo, decenas de colectivos que luchan a favor de una muerte digna, comprenden y justifican la existencia de Dignitas, considerando que 300 euros es un precio al alcance de millones de personas.
Si me piden mi opinión personal, diré que comprendo y defiendo a quienes, aquejados de enfermedades incurables y dolorosas, optan por esa forma de abandonar el mundo de los vivos. Resulta más cómodo, económico y limpio que una incineración. Lo pensaré, si la Parca me anuncia su llegada en forma de un mal sin remedio.
Nota.- Oficialmente, la eutanasia está prohibida, pero no oficialmente, como los Países Bajos y el Estado de Oregon, en los Estados Unidos. Suiza tolera el suicidio asistido. En ese país, un médico puede administrar a un enfermo terminal que desee morir una dosis letal de un medicamento que ingiere voluntariamente el propio enfermo.
El 1º de abril de 2002, Holanda se convierte en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. La ley exime al médico de procesos legales si respeta ciertos «criterios con minuciosidad». Bélgica hizo lo propio en septiembre de 2002.
En Italia, la eutanasia está prohibida, pero la Constitución reconoce el derecho a rechazar cuidados médicos.
En Francia, la Ley Leonetti de 22 de abril de 2005 instauró el derecho a «dejar morir», pero no permite a los médicos que practiquen la eutanasia.
En Gran Bretaña, la eutanasia está prohibida. Desde 2002, la justicia autoriza la interrupción de tratamientos médicos en determinados casos.
En Alemania y Austria se admite la eutanasia pasiva, como el hecho de desconectar una máquina; lo que no es ilegal si el paciente da su consentimiento.
En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar cuidados médicos. El gobierno de Zapatero anunció en que desestima legislar sobre esta cuestión.
En Portugal, la eutanasia y el suicidio asistido están considerados por el código penal como homicidios.
En Noruega, un médico puede decidir no tratar a un paciente terminal a petición de éste o, si el enfermo no puede hacerlo, a petición de sus familiares.
En Dinamarca, desde finales de 1992, se puede hacer un «testamento vital» que los médicos deben respetar.
En Suecia se autoriza la asistencia médica al suicidio.
En Hungría y en la República Checa, los enfermos terminales pueden rechazar sus tratamientos.
En Grecia y en Rumanía la eutanasia o la asistencia al suicidio pueden penarse con hasta siete años de prisión.
Bosnia, Croacia y Serbia la consideran un homicidio.
En Polonia se castiga con penas de entre tres y cinco años de cárcel, aunque en «casos excepcionales» el tribunal puede aplicar un atenuante a la pena, incluso anular la condena.
En Irlanda, la eutanasia como tal no aparece en la ley, pero toda forma de asistencia a la muerte o al suicidio es ilegal y condenable hasta con 14 años de prisión.
