El tra­pi­cheo con­tie­ne, de momen­to, un esta­lli­do social en Espa­ña- JM Alva­rez

Recien­te­men­te el por­ta­voz de los Ins­pec­to­res de Hacien­da, Fran­cis­co de la Torre, afir­mó que los datos indi­can el aumen­to de la eco­no­mía sumer­gi­da, quien, según sus pala­bras, es la que está evi­tan­do una «explo­sión social» en el país, que se daría, sin lugar a dudas, si las cifras de des­em­pleo coin­ci­die­ran con la reali­dad.

Según las esti­ma­cio­nes del Minis­te­rio de Eco­no­mía y Hacien­da, la eco­no­mía sumer­gi­da en Espa­ña sigue cre­cien­do y cons­ti­tu­ye apro­xi­ma­da­men­te el 23% del Pro­duc­to Inte­rior Bru­to. En ese sen­ti­do, se esti­ma que uno de cada cua­tro euros esca­pa al con­trol fis­cal de régi­men.
Se cal­cu­la que en Espa­ña entre 12 y 15 millo­nes de tra­ba­ja­do­res están en la eco­no­mía sumer­gi­da. Esa cifra inclu­ye a los que tie­nen un empleo legal pero tam­bién tra­ba­jan “en negro”. Obvia­men­te no todos pue­den tras­la­dar­se a las lis­tas de des­em­plea­dos; sin embar­go y aún tenien­do en cuen­ta ese dato, la cifra de para­dos podría ser, al menos, el doble de la ofi­cial.
La lec­tu­ra es cla­ra: Espa­ña se sal­va de una explo­sión social, gra­cias al tra­pi­cheo, el pro­ble­ma es que la nece­si­dad recau­da­to­ria, for­za­da por un esta­do en quie­bra téc­ni­ca, pro­cu­re la lega­li­za­ción impe­ra­ti­va de la eco­no­mía sumer­gi­da, lo cual pue­de des­en­ca­de­nar un con­flic­to de impre­vi­si­bles con­se­cuen­cias.

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