El Estado Español debería declararse en quiebra técnica ya y poner en marcha de forma inmediata un plan de reestructuración de la deuda que corresponde al sector público, rompiendo además absolutamente con la política seguida hasta ahora de asumir las deudas del sector privado. Deudas cuya volumen real es desconocido por la propia administración pública, pero en cualquier caso muy superior a las cifras que estos reconocen, tal como ha quedado en evidencia en el caso de Caja Sur, por poner un ejemplo.
La crisis financiera actual tiene su origen fundamental en el sector privado, su endeudamiento fruto de una avaricia sin límites, es en el caso del Estado Español de al menos un 500% mayor a la del sector público.
La mayoría de los problemas sociales y también económicos, derivados de la crisis, están condicionados por la política económica puesta en marcha por el Gobierno del PSOE, con el apoyo de la derecha, al transferir al sector público las salvajes pérdidas del sector privado.
Los recortes de los salarios a los funcionarios, los recortes a las prestaciones a l@s parad@s, la Reforma Laboral, la subida del IVA, las proyectadas reformas en las pensiones, negociación colectiva…son las consecuencias de esa política económica de socializar las pérdidas del sector privado para que este pueda seguir con sus juergas..
Lo peor de todo es que esa política económica, ademas de tener un carácter intrínsecamente injusto y antisocial, no servirá para salir de la crisis, sino para profundizar en ella.
La política económica actual del Gobierno es similar a aquello de cavar hacia abajo para salir del agujero, cada vez te hundirás más en él.
La política económica puesta en marcha en Argentina a finales del pasado siglo y los inicios del presente, ilustran muy claramente el asunto, sólo el giro impuesto por los Kirchner, con una reestructuración radical de la deuda, permitió salir a la Argentina de la situación ruinosa en la que esta estaba instalada.
Más cercanos en el tiempo y en espacio tenemos los casos de Irlanda e Islandia, y su actitud tan diferente a la hora de articular una salida de la crisis, ante situaciones bastante similares de partida, en lo político y en lo económico.
El Pueblo de Islandia fue consultado sobre la cuestión principal en la situación económica actual.
¿Se deben asumir por las finanzas públicas las deudas del sector privado?.
La respuesta mayoritaria fue clara, el Estado sólo debe garantizar los depósitos bancarios de los ciudadanos, es decir el ahorro familiar, el resto deberá ser asumido única y exclusivamente por su causantes.
Al principio fue traumático, pero Islandia está actualmente en fase de recuperación económica y el coste social de la crisis fue el menor de los posibles en la actual coyuntura.
En Irlanda la opción fue la contraria, asumir las quiebras del sector privado, especialmente del financiero, por supuesto a espaldas de la población.
Las consecuencias: intensificación de la escalada de endeudamiento, recortes sociales, pérdida de soberanía…
En el Estado Español, el margen de tiempo se agota día a día, las presiones del capital especulativo son brutales para que se profundice en la línea puesta en marcha de asumir desde el sector público todo el endeudamiento del sector privado: bancario y empresarial, sea este el que sea y llegue hasta donde llegue.
Ello por supuesto lleva aparejado todas las contrarreformas sociales puestas en marcha o anunciadas, pero aún y con todo, ello no será suficiente, porque el tamaño de la deuda privada sumada al de la pública, es simple y llanamente inmanejable.
Es por ello que, antes de que sea demasiado tarde, el Gobierno debe declarar al Estado en quiebra técnica y reestructurar en un plan socialmente admisible la deuda pública, además de negarse a asumir un euro más de la deuda privada. Ello debe ir acompañado de la puesta en marcha de una política de refuerzo del sector público y de los servicios sociales, que es lo que puede permitir caminar a medio plazo hacia una salida de la crisis.
Evidentemente esa política económica, requiere una voluntad política y una capacidad de decisión soberana que el Gobierno español actual no posee en absoluto, entre otras cosas porque una de las consecuencias principales de esta crisis, es que el papel de las instituciones cuyos componentes son elegidos en procesos electorales, ya de por si con gravísimos déficits democráticos en el caso del Estado Español, se ha reducido a la nada. Como ejemplo tenemos el Gobierno de facto que ha montado el señor Zapatero en La Moncloa, con banqueros y grandes empresarios, que según la intención que nos ha expresado, se reunirá regularmente, desplazando incluso en el sentido formal, en el real ya venía ocurriendo, al Gobierno salido del Parlamento.
Esa nueva política económica, insistimos, sería la única salida viable a medio plazo en el marco actual, tal como quedó sobradamente demostrado en Argentina y se está demostrando en estos momentos en Islandia.
Esa nueva política económica permitiría al Gobierno tomar la iniciativa, y poner a la defensiva al capital especulativo internacional.
Esa nueva política económica lograría un amplio apoyo social y quebraría la tendencia actual cada vez más intensa hacia el desánimo y la desesperanza.
Esa política económica, es aquí y ahora, la única con carácter progresista realizable en lo inmediato, con la actual correlación de fuerzas.
Profundizar en lo que esta en marcha nos situará a tod@s, progresivamente en otro nivel, de sufrimiento social desde luego, pero de confrontación también.
De la lucha por un cambio de política económica, pasaremos si esta continúa como hasta ahora, a la lucha por un cambio radical de modelo económico.
El deber y la responsabilidad social de l@s comuner@s y revolucionari@s en general , es estar preparad@s para lo uno y para lo otro.
Luis Ocampo, IzCa.
Castilla a 1 de diciembre de 2010
