Es más que obvio que en el Estado español existe un espeso muro de silencio para ocultar la cruda realidad de la tortura. Un muro por desgracia muy eficaz y bien difícil de resquebrajar debido a que las autoridades cuentan con la absoluta complicidad de los grandes medios de comunicación.
La gran mayoría de las denuncias de torturas son así completamente silenciadas, y cuando los casos son de verdadero escándalo, como el de Portu y Sarasola, sale a relucir el negacionismo que tan acertadamente denunció el Relator Especial de la ONU para la Tortura, Theo van Boven, quien comparó la actitud de las autoridades españolas con la del dictador argentino Videla, poniéndolos al mismo nivel en lo que se refiere a su obstinada negativa a admitir la existencia del tormento.
Amnistía Internacional también denunció muy adecuadamente en un informe hecho público hace un año, “España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación”, lo que esconde dicho estricto régimen aplicado en el Estado español. Así, recalcó que la actuación de las autoridades españolas al respecto incumple hasta un total de siete pactos, convenios y reglas internacionales que tratan de garantizar los derechos de las personas detenidas. Y puso al descubierto toda la compleja arquitectura desarrollada a lo largo de los años por el Estado español para otorgar total libertad e impunidad a las fuerzas policiales, desarrollando un régimen de incomunicación a manera de «agujero negro» que se traga sin dejar rastro todos y cada uno de los derechos de los detenidos. Por ello, Amnistía Internacional pidió la inmediata derogación de dicha medida.
Otro tanto han venido demandando insistentemente importantes organismos de la ONU y del Consejo de Europa quienes subrayan que la incomunicación crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura: crea un espacio opaco que imposibilita que los torturados puedan aportar pruebas de lo que realmente sucede en las dependencias policiales.
En dichas circunstancias, por lo tanto, en ningún caso cabe pedir a las víctimas del tormento que aporten pruebas de lo que les han hecho. Es a las autoridades a las que sin duda corresponde probar que no ha habido torturas, tal y como subraya la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Mikel San Argimiro: «en el caso de personas incomunicadas (…) en verdad conviene considerar que la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben dar una explicación satisfactoria y convincente».
A ellas corresponde explicar porqué, mientras los militantes vascos arrestados en el Estado francés se niegan a declarar en dependencias policiales, los detenidos en el español cantan hasta la traviata y se autoinculpan e inculpan a terceros en hechos que no se sustentan en ninguna prueba y que acarrean innumerables años de condena.
Por ejemplo , en el reciente caso de Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, que expliquen, de modo satisfactorio y convincente, el motivo por el que «Atristain realizó, a petición de la Guardia Civil, croquis de los zulos en los que escondían o habían ocultado armas y explosivos». Zulos que en ningún caso hubiesen encontrado de no ser por esa “colaboración espontánea” tan inexplicable. Tanto más, si se tiene en cuenta que cinco meses antes Atistrain fue entregado directamente al juez por las autoridades francesas, lo negó todo en la Audiencia Nacional, y ante la falta de pruebas lo tuvieron que poner en libertad.
Los media españoles también tienen muchas cosas que explicar respecto a ese caso. Entre ellas, porqué mintieron tan descaradamente afirmando que los detenidos ratificaron sus declaraciones autoinculpatorias ante el juez. O porqué no se extrañaron en absoluto de que Besance se autoinculpara «espontáneamente» de haber participado en atentados ocurridos una década antes sin que mediara prueba alguna de dicha participación.
Esos grandes medios de comunicación que tanto empeño ponen en ocultar las denuncias de torturas han remarcado en numerosas ocasiones que los militantes de ETA detenidos en Francia guardan silencio. También cuentan alborozados cómo en España confiesan y lo cuentan todo «con pelos y señales», pero por si acaso nunca remarcan la enorme diferencia que se da al respecto entre ambos Estados. Porque la conclusión que se saca de dicha diferencia es indiscutible: en el Estado español se arrancan las confesiones, en muchos casos falsas, a base de torturas. En lugar de ello, se abstienen de pedir la más mínima explicación a las autoridades y avalan todas las versiones oficiales, con lo que muestran una absoluta complicidad con los torturadores.
Complicidad que también suele quedar en evidencia cuando silencian el gravísimo hecho de que los torturadores condenados sean una y otra vez posteriormente indultados, condecorados, ascendidos, y promocionados a puestos de innegable importancia. Lo cual está, además, en abierta contradicción con la sempiterna versión oficial, ésta también negacionista, de que las autoridades no estaban en absoluto implicadas en lo que dichos torturadores hicieran o dejasen de hacer. Exactamente la misma versión que suelen dar respecto a la guerra sucia de los GAL.
Por eso es tan importante de nunciar ese negacionismo tan flagrante ante los organismos internacionales, demandando que se constituya una Comisión de la Verdad que esclarezca todo lo sucedido durante estas décadas de conflicto. Y lo es porque mientras una de las partes ha reconocido siempre sus responsabilidades, la otra basa toda su estrategia de Estado en la mentira y la negación, sobre todo en lo que concierne a la tortura, y seguirá actuando del mismo modo si no se articulan medios eficaces para impedirlo.
Por eso es tan importante acudir masivamente el sábado a la manifestación de Donostia contra la tortura. Para ayudar tanto a desenmascarar a todos los cómplices de los torturadores como a derribar ese muro de silencio cómplice e hipócrita levantado a fin de ocultar la cruda realidad del tormento en Euskal Herria, y al mismo tiempo seguir construyendo un muro de solidaridad y compromiso que nos proteja de esos torturadores.
¡El sábado tod@s a Donostia!
Xabier Makazaga autor de Manual del torturador español
