El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco solicita que se inicie el proceso de extradición del ciudadano venezolano, de origen vasco, Antonio Cubillas, e insta al régimen de Madrid a exigir al Gobierno democrático de Venezuela a que le retire la nacionalidad (sólo le falta pedir que cambien la Constitución). Velasco sabe que la Carta Magna de Venezuela prohíbe la extradición, en la mayoría de los casos, de los nacionales venezolanos, como así lo manifestó la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz.
Quizás nuestro juez tenga prisa. Luisa Ortega Díaz asegura que abrirán las diligencias para investigar el caso haciendo comparecer a “todas las personas necesarias, incluso fuera del territorio nacional”, y añadió que utilizarán los “instrumentos internacionales, de asistencia mutua” para requerir todas las pruebas que necesiten evaluar. ¿Se imaginan la cara que pondrían algunos, si Caracas solicitara la presencia en su territorio de los presuntos miembros de ETA, Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, para interrogarlos sobre las torturas que, según denuncian, motivaron sus declaraciones?
La Judicatura española olvida, consciente o inconscientemente pero con sospechosa frecuencia, que Venezuela es un país democrático y soberano al que nadie puede dar órdenes en ningún sentido. Hace muchos años que los tiempos de la colonia pasaron a mejor vida, Señorías de la Audiencia Nacional.
