El juicio del próximo 28 de octubre se refiere a uno de los más espectaculares de los operativos, en los que el mismo día volaron simultáneamente dos delegaciones de Hacienda en pleno centro de Madrid y colocaron otra bomba en un pueblo cercano, Alcobendas, que fue detonada por los artificieros de la policía.
A raíz de las explosiones la policía y Garzón pusieron en marcha durante dos años un dispositivo, tan amplio como inútil, de escucha de unos 200 teléfonos de personas y establecimientos de la capital con la clara intención de organizar uno de aquellos montajes judiciales a los que nos tenía acostumbrados el juez ahora estrellado. Para una organización pequeña como los GRAPO, vigilar 200 teléfonos sólo en una ciudad es bastante indicativo de algo: o los GRAPO no son tan pocos, o la represión es mucha, o ambas cosas a la vez. Las víctimas de aquella conspiración telefónica eran familiares de presos políticos, antiguos presos, amigos de presos, abogados de presos, vecinos de presos, locales, bares, asociaciones, centro de reunión, tiendas y cualquier persona o lugar que tuviera el más mínimo contacto con cualquier integrante de la galaxia antifascista de Madrid.
¿Qué obtuvieron Garzón y la policía de aquel espionaje masivo durante dos años? No lo sabemos porque en el sumario judicial no consta nada, es decir, del resultado de las escuchas a discreción nada se sabe oficialmente. A las personas que fueron vigiladas nadie les informó nunca de aquella invasión ilegal de su intimidad. Cabe suponer que resultaron inútiles por el hecho mismo de que no aparecen, es decir, que a los sumarios sólo se incorporan aquellas pruebas que son desfavorables, nunca las favorables. El grado de neutralidad de la fiscalía y los jueces en las investigaciones es, pues, de nivel cero. Por consiguiente, el sumario es ilegal desde el principio, un verdadero montaje.
Después de perder el tiempo durante dos años, el sumario se paraliza como consecuencia de la puesta en marcha de una nueva estrategia por parte del gobierno del PP, cuyos dos ejes son los siguientes: ley de partidos y cesión de las investigaciones por parte de la policía, que pasan a manos la Guardia Civil. Esos dos ejes se resumen judicialmente en uno: ni las bombas ni los GRAPO interesan nada, lo que interesa es el PCE®, es decir, el verdadero objetivo de la represión es una ideología y una línea política. Pero ¿cómo se juzga una ideología y una línea política?
Desde los tiempos de los romanos los juristas saben ‑o deberían saber- un principio universal: «Cogitationes poenam nemo patitur», es decir, que las ideas no son delito. Pero eso no va con este país, que en el siglo XVI creó la Inquisición y desde entonces es el que tiene más y mejor experiencia en juzgar algo tan volátil como la conciencia, la ideología y el pensamiento de los demás (no el propio). Cuando tras la conquista de Granada, los moros fueron expulsados, quedaron los moriscos que no habían podido huir porque eran la parte más pobre y se tuvieron que convertir a la verdadera religion, que es la cristiana, por las buenas o por las malas. Los moriscos empezaron a ir a misa los domingos por la mañana, pero ¿eran cristianos auténticos o islamistas disfrazados? Eso es lo que trataba de averiguar la Inquisición, convirtiendo desde entonces a los jueces españoles en maestros en el arte de juzgar la conciencia de los demás, por encima de las apariencias.
Uno de los métodos de la Inquisición para discernir a los cristianos auténticos de los islamistas disfrazados eran los registros domiciliarios masivos a los moriscos: si les sorprendían con papeles en árabe, era prueba del delito; si les escuchaban hablar «algaravía», el idioma que hablan los españoles arábigo-parlantes, también. Aún hoy en Levante o en Andalucía aparecen manuscritos en árabe emparedados desde el siglo XVI que reaparecen al derribar viejos edificios. En este país la libertad y la cultura, es decir, la conciencia, está emparedada desde hace siglos y la única manera de rescatarla consiste en derribar los muros que la mantienen oculta.
Hablar y escribir en «algaravía» fue la excusa para perseguir a los moriscos y pocas cosas han cambiado en los tribunales desde entonces, que siguen necesitando excusas para lo que no tiene excusa: para enterrar la conciencia entre los muros. Los GRAPO y sus bombas son la «algaravía», la coartada para juzgar la conciencia, en este caso, la conciencia de clase.
La demostración es evidente: en el juicio del día 28 los GRAPO no aparecen para nada; no aparecen quienes pusieron las bombas pero sí aparecen, por el contrario, quienes ‑supuestamente- les ordenaron ponerlas: Victoria Gómez y Manuel Pérez. Están los inductores pero no están los inducidos. ¿Cómo es eso posible? Porque lo de menos es el hecho en sí, porque la famosa «violencia» no importa nada, porque lo que importa es la conciencia, la ideología y la línea política, que es lo que el Estado pretende erradicar, silenciar y ocultar. Las bombas son la la coartada, la excusa; si no las hubiera, habría que buscar otra distinta. Lo que no cabe duda es que aparecería, es decir, el Estado tiene medios suficientes para encontrar aquellas coartadas que necesita para justificar la represión política. Lo que no puede es prescindir de la represión porque para eso es Estado.
Sin embargo, el discurso oficial es justamente el contrario: como país democrático, España admite todas las ideas políticas pero no los «métodos» violentos puestos en práctica para imponerlas. Es el absurdo discurso jesuítico de los medios y los fines; los fines son todos aceptables siempre, pero los «métodos violentos» en ningún caso. Este juicio pone a prueba la hipocresía del discurso: lo que se juzgan no son los «métodos» de una organización armada sino los objetivos de un partido político. No están los que deberían y están los que no deberían.
Para proceder de esa manera en 2002 el PP y su Tribunal Supremo impusieron el axioma de que ambos, el partido comunista y la organización armada son lo mismo, una única organización dividida en dos «ramas», siendo uno, los GRAPO, el brazo ejecutor del otro, el PCE®. ¿Pruebas? Agárrense fuerte: los tribunales franceses lo consideran probado porque lo han dicho los tribunales españoles y los tribunales españoles lo consideran probado porque lo han dicho los tribunales franceses. Esto se ha convertido ya en un dogma de fe a prueba de incrédulos. No se equivoquen: seguimos bajo el imperio de la Inquisición.
Se habrán dado cuenta de otro detalle: lo que estamos juzgando aquí no son personas sino organizaciones y ¿saben en qué se diferencia un sistema penal democrático de otro nazi? En que un sistema penal democrático juzga hechos (no opiniones ni conciencia) de los que responsabiliza a personas concretas, mientras que los nazis condenaban colectivamente a sociedades enteras por lo que eran, lo mismo que la Inquisición condenó colectivamente a los moriscos no por nada sino por ser eso, por ser moriscos, y ayer como hoy moriscos y terroristas son lo mismo.
Juan Manuel Olarieta es abogado
