Presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la Ley Antiterrorista, que los mantiene encarcelados
Resumen Latinoamericano/Adital - Hace casi 20 días, presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre en Angol, Concepción, Temuco y Valdivia, en Chile, para protestar contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, que los mantiene presos, y para pedir la desmilitarización de las zonas donde las comunidades mapuches reivindican derechos territoriales. Todos los indígenas están en prisión preventiva, algunos hace más de un año y medio.
La Ley Antiterrorista permite que los acusados, considerados como grave amenaza a la seguridad de la población, continúen presos preventivamente por hasta dos años; también impide que los abogados de la defensa tengan acceso a la investigación y permite la presentación de testigos «protegidos», cuya identidad y facción se mantienen en secreto.
La aplicación de la Ley permite que la Fiscalía trate a los sospechosos como ‘enemigos peligrosos de la sociedad’ y los mantenga detenidos incluso con pocas pruebas sobre la veracidad de la acusación. La inserción de ‘testigos sin rostro’ y las investigaciones secretas terminan sacándoles a los acusados el derecho y la posibilidad de tener una defensa adecuada. En este caso, la presunción de inocencia (el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario) es invertida y algunas condenas por delitos leves llegan a triplicar sus penas.
Hasta el momento, la información es que 29 mapuches ya adhirieron a la huelga de hambre. Los indígenas informaron que pretenden llevar la protesta ‘hasta las últimas consecuencias’ a fin de conseguir la atención sobre sus demandas. Según informaciones de la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche Santiago, después de 13 días de huelga de hambre líquida los presos ya habían perdido entre 3kg y 7kg.
Los presos políticos exigen fundamentalmente la devolución de sus tierras ancestrales, la desmilitarización de esos territorios, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista, la libertad de todos los presos políticos del pueblo mapuche y el tratamiento igualitario en la justicia. Sin embargo, gran parte de las protestas realizadas hasta el momento plantean exigencias sobre la demanda territorial y fueron respuestas a la falta de voluntad del Estado de Chile para debatir con los mapuches su autonomía territorial y sus derechos políticos.
36 personas ya fueron procesadas en Chile por la Ley Antiterrorista debido a los conflictos por las demandas por tierras. Gran parte está presa por actos de violencia durante las protestas por sus tierras ancestrales. Otra parte de los presos fueron liberados sin explicación alguna, juzgamiento o indemnización.
Las comunidades indígenas también están movilizándose por sus presos políticos. El próximo día 2, familiares de los presos de Concepción realizarán una marcha en el centro de la localidad para solicitar que las autoridades se manifiesten y hagan algo por los presos. En Valdivia, las manifestaciones también comenzarán en agosto y subirán «poco a poco de tono» si el gobierno no los escucha.
Más de 105 indígenas mapuches están presos, condenados o fueron procesados en Chile en virtud de los conflictos por la demanda territorial. Según el informe de la Comisión de Ética contra la Tortura, del 2 de julio, el número se duplicó en casi un año, ya que había anteriormente 59 personas encuadradas en estas situaciones.
