El relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, pedirá a la Administración estadounidense la próxima semana que ponga fin a los ataques de la CIA con aviones no tripulados en Afganistán y Pakistán.
Según ha adelantado The New York Times, Alston, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, entregará el próximo 3 de junio al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre estos ataques en el que pedirá que ”el poder de vida o muerte” de esos aparatos sea confiado al ejército regular y no a las agencias de inteligencia, ya que estas no facilitan información cuando hay víctimas civiles.
“Si un bombardeo va mal, la investigación que abre el Departamento de Defensa es bastante transparente. En cambio, la CIA no contesta a preguntas, no da información y no realiza un seguimiento, al menos de forma pública”, declaró Alston al diario.
El informe del relator de la ONU refleja “la creciente preocupación internacional” sobre los ataques con aviones teledirigidos, cada vez más frecuentes: desde la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, los bombardeos se han multiplicado por cuatro.
Cambio de estrategia legal
Además, coincide con el esfuerzo del equipo de abogados de la Administración Obama por explicar que tales acciones antiterroristas no incumplen las Convenciones de Ginebra. En un principio, los ataques aéreos se incluyeron en la lucha contra las bases talibanes y de la organización terrorista Al Qaeda. Para negar el estatus de prisioneros de guerra a los reos de Guantánamo, Washington ha argumentado hasta ahora que esos detenidos no cumplen los requisitos de las Convenciones de Ginebra, entre ellos los de pertenecer a un ejército regular o llevar uniforme, por lo que no son soldados sino “combatientes ilegales”. Pero el argumento se volvía en contra de EEUU, porque tampoco los que controlan los aviones teledirigidos de la CIA llevan tal uniforme.
De la contradicción se dieron cuenta los abogados de la Casa Blanca cuando el Pentágono preparaba la reanudación de los juicios militares en la base de Guantánamo y un tribunal militar iba a comenzar las vistas preliminares sobre el caso de Omar Khadr, un preso canadiense acusado de matar a un sargento del ejército durante un combate en Afganistán en 2002.
El Pentágono no entregó la documentación del caso hasta la víspera de las audiencias preliminares porque los abogados del Gobierno estuvieron reescribiendo parte de las acusaciones para evitar poner en peligro el programa de la CIA con los aviones no tripulados.
Efecto boomerang’
En su primera versión, redactada cuando aún estaba en la presidencia George Bush, la acusación contra Khadr era de “asesinato en violación de las leyes de guerra” al haber sido cometido por una persona que no reunía ”los requisitos de un combatiente legal”. Un asesor legal observó que esa definición podía tener un efecto boomerang: quienes dirigen los aviones de la CIA podrían ser acusados del mismo delito.
En la nueva versión, la acusación de asesinato se vincula al espionaje, ya que “un acusado puede ser condenado si está implicado en conductas tradicionalmente bajo competencia de los tribunales militares, tales como el espionaje incluso, si tal conducta no viola las leyes de la guerra”.
Con esa nueva fórmula, los agentes de la CIA pueden ser perseguidos por un tribunal militar en Pakistán o Afganistán, pero EEUU puede alegar que no está violando las Convenciones de Ginebra.
Alston está de acuerdo en que los ataques con aviones no tripulados “no son en sí mismos ilegales”, si bien señala que sus autores no gozan de la inmunidad legal de los soldados en el campo de batalla.
