“Mi marido lleva en la cárcel más de 5 meses y aún no sabemos si tendrá que estar uno o dos años más. La última vez que le vi fue de lejos, en el juicio. No me dejan visitarle porque me consideran peligrosa, tan solo puede viajar mi hija pequeña una vez al mes como mucho”. Así relataba a DIAGONAL, Moyasser, el caso de su marido acusado por las fuerzas de ocupación israelíes de organizar manifestaciones ante los asentamientos de colonos de Nablús. Mossayer no sabe por qué la consideran peligrosa.
El 17 de abril se celebró el Día internacional de la solidaridad con los presos y presas políticos de Palestina. Miles de personas se reunieron en las principales ciudades de los territorios ocupados para reivindicar la libertad de los y las encerradas: “Mientras haya ocupación habrá prisioneros políticos” se afirmaba en la concentración de Nablús.
Aunque las cifras oscilan a diario, según la organización
Addammer y
Defence for Children International más de 7.000 presos y presas políticos palestinos están encerrados en prisiones israelíes, entre ellos 63 mujeres, 340 niños y una niña. Se estima que en los últimos 42 años de ocupación unos 700.000 palestinos y palestinas han sido detenidos. Tribunales militares, detenciones administrativas indefinidas (sin cargos, ni juicios), abusos, torturas y coacciones son los métodos habituales que las
fuerzas de ocupación emplean con los y las arrestadas sin distinción de sexo o edad. De hecho, según
la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, más del 85% son torturados.
Las familias también padecen las fuertes restricciones del sistema de visitas. Así lo confirman las declaraciones para DIAGONAL del Comité Internacional de la Cruz Roja de Nablús, que se encarga de gestionar permisos para los familiares. “La autoridad israelí decide si la visita puede ser mensual o trimestral en función del grado de seguridad que impongan”. Las gestiones de estos permisos, sin embargo, pueden ser prolongadas durante meses. A lo que hay que sumar la dificultad de cruzar los controles militares israelíes (check point), que son arbitrarios o pueden estar cerrados, y que los familares de segundo grado, como tíos o tías no tienen derecho a visitas.
En los hogares palestinos miles de mujeres se han quedado solas al frente de la economía familiar. Así lo cuenta Moyasser: “Tengo cuatro hijas y un hijo. Estoy sufriendo mucho. Mi marido está en la cárcel y además tengo que encargarme yo sola de la casa y de la educación de mis hijas. La vida es muy cara, me mantengo con un pequeño trabajo que no me da mucho dinero”.
solidaridad con los presos políticos
El 17 de abril se celebro el Día Internacional de solidaridad con las presas y presos políticos. En Palestina muchas de las exigencias giraron en torno al derecho de visita de los familiares, que son sometidos a continuas humillaciones y controles. En Gaza desde hace cuatro años el acceso a las prisiones israelíes en régimen de visita está prohibido, una restricción que se extiende a muchos ciudadanos y ciudadanas de Jerusalén este y Cisjordania. Según la organización DCI, cada año 9000 palestinos y palestinas son procesados en dos tribunales militares israelíes ubicados en Cisjordania, entre ellos hay 700 menores la mayoría acusados de lanzar piedras. La pena máxima en estos casos, es de 20 años de prisión. La fianza casi siempre es denegada.
Fuente:https://www.diagonalperiodico.net/7 – 000-presos-y-presas-politicos.html
